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Las FAES: el “escuadrón de la muerte” de Maduro

19 mayo, 2025

Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) fueron un cuerpo élite de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) creado en 2016 durante el gobierno de Nicolás Maduro, oficialmente para combatir el crimen y el terrorismo (Venezuela: Ejecuciones extrajudiciales en zonas de bajos recursos | Human Rights Watch). Con el tiempo, las FAES fueron señaladas por múltiples organismos y ONG por graves violaciones de derechos humanos, al punto de ser descritas como un “escuadrón de la muerte” o una “maquinaria de muerte” contra la población civil (¿Disueltas las FAES? – PROVEA). Entre las acusaciones documentadas se incluyen ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas, principalmente contra jóvenes de sectores populares. Estos abusos habrían ocurrido con impunidad sistemática y como parte de políticas de control social del régimen de Maduro (Venezuela: Investigación de la ONU concluye que se cometieron crímenes de lesa humanidad | Human Rights Watch) (Policía siembra terror en barrios, ayuda a Maduro al control del país.). A continuación se presenta un informe estructurado sobre estos abusos, los períodos y regiones afectados, el perfil de las víctimas, los organismos que han documentado las violaciones, los presuntos responsables identificados públicamente y la reacción del Estado venezolano, incluyendo reformas policiales recientes.

Abusos denunciados y patrón de violaciones

Ejecuciones extrajudiciales: el abuso más atribuido a las FAES son las ejecuciones extrajudiciales. Numerosas fuentes independientes han documentado un patrón de operativos letales en zonas pobres. Agentes de FAES (vestidos de negro, a menudo con pasamontañas) irrumpían en viviendas sin orden judicial, sacaban a familiares y luego ejecutaban a hombres jóvenes desarmados que acusaban de delincuentes (¿Disueltas las FAES? – PROVEA) (Venezuela: Ejecuciones extrajudiciales en zonas de bajos recursos | Human Rights Watch). Tras las muertes, era común la alteración de la escena: se colocaban armas o drogas junto a los cadáveres y se realizaban disparos al aire o paredes para simular un “enfrentamiento” y alegar que las víctimas “se habían resistido a la autoridad” (Venezuela: Ejecuciones extrajudiciales en zonas de bajos recursos | Human Rights Watch). En muchos casos los familiares reportaron dificultades para recuperar los cuerpos, obtener autopsias o certificados de defunción (Venezuela: Ejecuciones extrajudiciales en zonas de bajos recursos | Human Rights Watch), lo que sugiere intentos de encubrimiento.

Diversas investigaciones han revelado que estas muertes habrían sido ejecuciones sumarias y no enfrentamientos reales. Por ejemplo, una investigación de Reuters sobre 20 asesinatos atribuidos a FAES encontró que testigos y videos contradijeron las versiones oficiales que los presentaban como bajas en tiroteos (Policía siembra terror en barrios, ayuda a Maduro al control del país.). Human Rights Watch (HRW) documentó casos donde los fallecidos fueron vistos con vida por última vez bajo custodia de las FAES y luego aparecieron muertos (Venezuela: Ejecuciones extrajudiciales en zonas de bajos recursos | Human Rights Watch), encajando en la definición de desaparición forzada seguida de ejecución. Organizaciones como la Oficina del Alto Comisionado de la ONU (ACNUDH) han concluido que muchas de estas muertes “constituyen ejecuciones extrajudiciales” (Venezuela: Ejecuciones extrajudiciales en zonas de bajos recursos | Human Rights Watch).

Torturas y tratos crueles: además de matar, las FAES han sido acusadas de torturar y maltratar. En los operativos, se registraron golpizas y otros abusos a detenidos. HRW reportó el caso de un hombre detenido por las FAES que fue torturado con choques eléctricos, asfixia con bolsa plástica impregnada de químicos, golpes y patadas, supuestamente porque un comandante de FAES lo acusaba de robar la moto de su esposa (Venezuela: Ejecuciones extrajudiciales en zonas de bajos recursos | Human Rights Watch). Este trato constituye tortura y no es un hecho aislado. La ACNUDH señaló patrones de tortura y tratos crueles en las detenciones efectuadas por fuerzas de seguridad venezolanas, incluyendo posiciones de estrés, asfixia, descargas eléctricas, mutilaciones y violencia sexual, para obtener confesiones o castigar opositores (Venezuela: Investigación de la ONU concluye que se cometieron crímenes de lesa humanidad | Human Rights Watch). Si bien muchos casos de tortura en Venezuela se atribuyen a organismos de inteligencia (SEBIN, DGCIM), algunas denuncias involucran a efectivos de la PNB/FAES en actos similares durante redadas o interrogatorios en comunidades.

Detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales: las FAES operaban con escasa o nula supervisión judicial. Sus agentes realizaban allanamientos sin orden, deteniendo personas sin el debido proceso (¿Disueltas las FAES? – PROVEA). Con frecuencia, las víctimas eran sacadas de sus hogares bajo acusaciones no comprobadas de delincuencia u oposición política, y muchas terminaban muertas poco después. Durante la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) –un plan de seguridad anterior (2015-2017) al cual las FAES dieron continuidad– ya se habían denunciado detenciones masivas arbitrarias, desalojos forzosos y destrucción de viviendas en comunidades humildes (Venezuela: Ejecuciones extrajudiciales en zonas de bajos recursos | Human Rights Watch). Las FAES, creadas tras la OLP, replicaron o profundizaron estas prácticas; de hecho, fueron concebidas para mantener la “dinámica” represiva de la OLP bajo otro nombre (Fuerzas de Acciones Especiales – Wikipedia, la enciclopedia libre). Amnistía Internacional y otras ONG señalan que estas acciones buscaban infundir temor y castigar a sectores pobres que habían dejado de apoyar al gobierno (Venezuela: Ejecuciones extrajudiciales en zonas de bajos recursos | Human Rights Watch).

Posibles motivos políticos: aunque las FAES se presentaban como un comando antidelincuencia, varias evidencias indican un uso político. La ACNUDH investigó 20 ejecuciones entre junio de 2018 y abril de 2019 y observó que, dados “el perfil de las víctimas, el modus operandi y la presencia continuada de las FAES en las comunidades tras los operativos”, es preocupante que se estuviese usando a las FAES para infundir miedo y control social (Venezuela: Ejecuciones extrajudiciales en zonas de bajos recursos | Human Rights Watch). En al menos 6 casos de asesinatos documentados por la ONU, las víctimas eran opositores o percibidas como tales, ejecutadas durante redadas posteriores a protestas antigubernamentales (notablemente en el contexto del apoyo popular a Juan Guaidó en 2019) (Venezuela: Ejecuciones extrajudiciales en zonas de bajos recursos | Human Rights Watch). Esto sugiere que las FAES no solo actuaron contra el hampa común, sino también contra disidentes políticos y manifestantes, integrándose a la estrategia de represión del gobierno. Incluso el líder opositor Juan Guaidó denunció en 2019 que agentes FAES hostigaron a su familia como forma de intimidación política (Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela – Wikipedia, la enciclopedia libre).

Períodos y regiones más afectadas

Las denuncias contra las FAES se concentran principalmente desde 2017 hasta 2020, periodo en el cual se les atribuye la mayor cantidad de operativos letales. Algunos hitos y cifras clave:

En resumen, los años 2018 y 2019 representan el punto álgido de las violencias atribuidas a las FAES, en medio de la emergencia humanitaria y la inestabilidad política. Caracas y las ciudades densamente pobladas concentraron muchos casos (barrios humildes considerados opositores), pero estados del interior como Lara, Zulia, Anzoátegui, Aragua y Miranda también figuran entre las regiones más golpeadas. Las víctimas cayeron tanto en operativos cotidianos contra el crimen como en contextos de represión de protestas (tras manifestaciones o levantamientos locales). La extensión geográfica de los abusos sugiere una práctica sistémica a nivel nacional, más que hechos aislados.

Perfil de las víctimas

Jóvenes varones de sectores populares: la gran mayoría de víctimas de las FAES han sido hombres jóvenes, en su mayoría pobres. Según documentó la ONU, el perfil típico eran varones entre 18 y 30 años de edad de barrios marginalizados (Venezuela: Ejecuciones extrajudiciales en zonas de bajos recursos | Human Rights Watch). Muchos estaban desempleados o subsistían con trabajos informales. Las autoridades suelen tildarlos de “delincuentes” o miembros de pandillas, aunque familiares y ONG frecuentemente desmienten esas acusaciones indicando que varios no tenían antecedentes o ya habían cumplido pequeñas condenas. Por ejemplo, Reuters expuso el caso de José Arévalo, de 29 años, trabajador de una tienda y padre de familia, con un antiguo antecedente por robo menor, quien suplicó por su vida ante agentes FAES que lo interrogaron y posteriormente lo ejecutaron en 2019 (Policía siembra terror en barrios, ayuda a Maduro al control del país.). Este patrón –jóvenes humildes catalogados sumariamente como criminales y ejecutados sin juicio– ha llevado a organizaciones a afirmar que las FAES actuaron como un grupo de exterminio de jóvenes pobres (Fuerzas de Acciones Especiales – Wikipedia, la enciclopedia libre).

Familiares y entornos intimidados: si bien las muertes se concentran en jóvenes varones, sus familias y comunidades también son víctimas indirectas. En muchos operativos, las FAES sometieron a tratos degradantes a los familiares (apuntándoles con armas, obligándolos a tirarse al piso o salir de sus casas) y generaron terror en comunidades enteras. Algunas familias fueron víctimas repetidas: HRW relata el caso de primos en Lara que suplicaron por sus vidas y fueron asesinados, no siendo la primera pérdida para esa familia a manos de fuerzas de seguridad (Lara: 135 presuntas ejecuciones extrajudiciales de enero a junio 2020 – PROVEA). El miedo colectivo ha sido un resultado deliberado: se reporta que tras ciertas redadas, las FAES permanecían un tiempo patrullando el vecindario para reforzar el mensaje de intimidación (Venezuela: Ejecuciones extrajudiciales en zonas de bajos recursos | Human Rights Watch).

Presuntos delincuentes vs. opositores: oficialmente, casi todas las víctimas fueron presentadas por el gobierno como delincuentes comunes abatidos en enfrentamientos. Sin embargo, múltiples fuentes indican que muchos eran inocentes o no representaban amenaza letal en ese momento. Además, una porción de las víctimas tenía un perfil distinto: militantes sociales, manifestantes u opositores. La ACNUDH confirmó casos de opositores políticos ejecutados en redadas post-protesta (Venezuela: Ejecuciones extrajudiciales en zonas de bajos recursos | Human Rights Watch). Un ejemplo es Fernando Albán, concejal opositor que murió bajo custodia del SEBIN en 2018 (caso emblemático de posible ejecución encubierta como “suicidio”) –aunque este caso no involucra a FAES, ilustra el clima para disidentes. En el contexto FAES, se ha señalado la muerte de al menos un líder comunitario de oposición en 2019 y las ya mencionadas muertes tras las manifestaciones pro-Guaidó. Así, si bien el blanco principal de las FAES fueron jóvenes pobres (bajo la excusa de combatir delincuencia), en ocasiones el motivo real pudo ser político, castigando protestas o lealtades opositoras en esas comunidades (Venezuela: Ejecuciones extrajudiciales en zonas de bajos recursos | Human Rights Watch). Esto refuerza la tesis de un patrón de limpieza social y control político mezclados.

Menores de edad: ha habido víctimas menores de 18 años. En la masacre de La Vega (2021) dos adolescentes de 17 años figuran entre los fallecidos por las FAES (AI pide que la Corte Internacional investigue 14 ‘ejecuciones’ en Caracas – El Comercio). También se denunció el caso de un niño de 16 años muerto en un operativo en Petare (Caracas) en 2019. Estos incidentes muestran que ni siquiera los menores estuvieron a salvo, pese a la especial protección que debieran tener según la ley.

En síntesis, las víctimas directas de las FAES han sido en su mayoría jóvenes varones empobrecidos, a quienes el Estado debió proteger pero que terminaron siendo tratados como enemigos internos. Sus muertes no solo significan la pérdida de vidas generalmente sin juicio previo, sino también dejan secuelas profundas en sus familias (madres, viudas, hijos huérfanos) y en la sociedad venezolana, particularmente en las comunidades populares que viven en un estado de terror y vulnerabilidad frente a quienes deberían brindar seguridad.

Documentación por organismos nacionales e internacionales

Las violaciones de derechos humanos atribuidas a las FAES han sido extensamente documentadas por organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales y algunas instancias nacionales. A continuación se resumen las principales investigaciones y pronunciamientos:

En suma, existe un amplio consenso entre organismos internacionales, ONGs y activistas de que las FAES cometieron violaciones graves y sistemáticas. Los informes de Naciones Unidas –tanto de Bachelet como de la Misión Independiente– han aportado legitimidad y visibilidad global a estas denuncias, incluso hablando en términos de crímenes de lesa humanidad. Las ONGs nacionales han complementado con datos locales, nombres de víctimas y presión sostenida. Toda esta documentación ha sido clave para procesos como el examen preliminar de la Corte Penal Internacional, que en efecto en noviembre de 2021 evolucionó a una investigación formal sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, abarcando las ejecuciones extrajudiciales. La recopilación rigurosa de casos, cifras y patrones por estas entidades busca asegurar que los responsables no queden en la impunidad.

Responsables presuntamente implicados

Cadenas de mando y altos funcionarios: las investigaciones señalan que la responsabilidad por los abusos de las FAES no recae solo en los autores materiales, sino que alcanza los niveles más altos del gobierno venezolano. La Misión de la ONU determinó que “autoridades de alto nivel” estaban al tanto de los crímenes y, en algunos casos, dieron órdenes o aval tácito (Venezuela: Investigación de la ONU concluye que se cometieron crímenes de lesa humanidad | Human Rights Watch). Entre los señalados explícitamente están:

En conclusión, las denuncias públicas han apuntado tanto a los ejecutores directos (miembros de FAES) como a la cadena de mando política y policial que permitió la campaña de terror. Nombres como Maduro, Reverol y Bastardo surgen recurrentemente en informes y sanciones internacionales (Venezuela: Investigación de la ONU concluye que se cometieron crímenes de lesa humanidad | Human Rights Watch). Hasta la fecha, ninguno ha enfrentado procesos penales imparciales en Venezuela, pero están bajo el escrutinio de instancias internacionales (sanciones personales, investigaciones de la CPI, etc.). Identificar a estos responsables es crucial para eventuales mecanismos de justicia transicional y rendición de cuentas en el futuro.

Respuesta del Estado venezolano

La reacción del gobierno de Nicolás Maduro ante las acusaciones contra las FAES ha oscilado entre la negación, la justificación y algunas medidas cosméticas. A grandes rasgos, la respuesta del Estado ha sido:

  • Negación y defensa de las FAES: lejos de reconocer las violaciones, las autoridades inicialmente defendieron la actuación de las FAES. Maduro desestimó lo que llamó una “campaña mundial” para eliminar a este cuerpo y en diciembre de 2019 ofreció “todo su respaldo” público a las FAES, alegando que eran “una necesidad para la paz, la seguridad y la unión” del país (El fiscal del régimen de Maduro dijo que “no entiende” qué pasa con las FAES, el cuerpo policial acusado por la ONU de ejecuciones sumarias – Infobae). Este discurso oficial insistió en que las FAES combatían criminales y “pacificaban” las comunidades, negando que se cometieran ejecuciones. Incluso, funcionarios han comparado la situación con otros países: el fiscal Saab declaró que “en Venezuela no puede pasar” lo que hizo el FAES en Zulia (secuestro), “eso puede pasar en Colombia o Perú, pero aquí no”, tratando de pintar estos hechos como anomalías aisladas (El fiscal del régimen de Maduro dijo que “no entiende” qué pasa con las FAES, el cuerpo policial acusado por la ONU de ejecuciones sumarias – Infobae). En general, el Estado mantuvo la narrativa de que las muertes eran en enfrentamientos legítimos contra delincuentes peligrosos, pese a las abundantes pruebas en contrario.
  • Impunidad e inacción judicial: hasta ahora, muy pocos agentes de las FAES han sido procesados penalmente dentro de Venezuela por estos crímenes. Según información dada por autoridades a la ONU, solo 5 agentes de FAES habrían sido condenados (por cargos como tentativa de homicidio en delitos de 2018) y unos 388 agentes estaban “siendo investigados” por delitos de 2017-2019 (Venezuela: Ejecuciones extrajudiciales en zonas de bajos recursos | Human Rights Watch). No obstante, la ONU acotó que esas investigaciones carecen de credibilidad, pues la Fiscalía y jueces “generalmente no llevan a cabo investigaciones prontas, efectivas, independientes ni llevan a los responsables ante la justicia” (Venezuela: Ejecuciones extrajudiciales en zonas de bajos recursos | Human Rights Watch). De hecho, HRW no encontró evidencia de ninguna investigación seria en los casos que documentó (Venezuela: Ejecuciones extrajudiciales en zonas de bajos recursos | Human Rights Watch). Más bien, hubo pronunciamientos prematuros exonerando a los agentes: en al menos 4 casos, autoridades declararon inmediatamente que las víctimas eran delincuentes sin esperar pesquisas (Venezuela: Ejecuciones extrajudiciales en zonas de bajos recursos | Human Rights Watch). Este ambiente de impunidad ha sido la norma. Las únicas acciones punitivas internas conocidas contra miembros de FAES han estado relacionadas con delitos comunes (ej. secuestro, extorsión) que afectaron intereses de aliados del gobierno, más que por las ejecuciones de jóvenes pobres. Por ejemplo, tras el secuestro en Zulia de 2020, Saab indicó que “habrá presos” y efectivamente algunos FAES fueron detenidos (El fiscal del régimen de Maduro dijo que “no entiende” qué pasa con las FAES, el cuerpo policial acusado por la ONU de ejecuciones sumarias – Infobae), pero por cometer un crimen no político. No se conocen casos de oficiales de alto rango ni comandantes procesados por las masacres en barrios.
  • Intentos de reforma policial: ante la presión internacional, el gobierno anunció medidas de reorganización. En julio de 2019, luego del informe Bachelet, surgieron rumores de que las FAES serían disueltas, pero Maduro lo negó y en cambio reforzó su apoyo. Más adelante, en abril de 2021 el Ministerio de Interior anunció un plan de reestructuración de la PNB, supuestamente para depurar y mejorar los cuerpos policiales (¿Disueltas las FAES? – PROVEA). Se habló de integrar las FAES a otras direcciones. En octubre 2021 extendieron por seis meses el proceso de reforma, sin informar claramente los cambios (¿Disueltas las FAES? – PROVEA). Todo se manejó con opacidad, sin comunicados oficiales detallados (¿Disueltas las FAES? – PROVEA) (¿Disueltas las FAES? – PROVEA). Finalmente, en julio de 2022, se inauguró la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la PNB, anunciada como reemplazo de las FAES (Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas – Wikipedia, la enciclopedia libre). Michelle Bachelet afirmó en junio 2022 que “oficialmente habían sido disueltas las FAES”, tomando como indicio la creación de la DAET (¿Disueltas las FAES? – PROVEA). Sin embargo, esta disolución no fue declarada públicamente por decreto ni gaceta; fue más bien un cambio de nombre y redistribución de funcionarios. De hecho, muchos efectivos de FAES fueron simplemente transferidos a otras unidades de la PNB, como la Dirección Contra la Delincuencia Organizada (DCDO) o la División de Investigaciones Penales (DIP) (¿Disueltas las FAES? – PROVEA). La DAET, con funciones supuestamente tácticas, heredó al personal, mandos e incluso modus operandi de las FAES (Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas – Wikipedia, la enciclopedia libre). En palabras de la Misión de la ONU, la DAET ha sido “la continuación de facto” de las FAES, pues al menos 10 de los 15 puestos de mando de la DAET han sido ocupados por antiguos altos cargos de FAES, operando de forma muy similar (PROVEA on X: “La DAET es la nueva FAES. #LaONUdetermina …) (“DAET ha heredado las tácticas represoras de la FAES” – Diario …). Así, la “disolución” de las FAES no implicó el cese real de las prácticas abusivas, sino un intento del gobierno de lavar la imagen frente a la comunidad internacional manteniendo la capacidad represiva.
  • Cooperación limitada con organismos internacionales: el Estado venezolano ha mostrado cierta apertura solo cosmética hacia observadores de DDHH. Permitió la visita de Bachelet en 2019 y desde entonces su oficina mantiene presencia en el país con acuerdos de asistencia técnica. Sin embargo, las recomendaciones clave no se han cumplido (disolver FAES, investigar violaciones, liberar detenidos arbitrarios, etc.). En cuanto a la Misión Independiente de la ONU, Venezuela no reconoció su mandato y le negó entrada al país, por lo que la misión trabajó remotamente. El gobierno ha rechazado los informes de la Misión calificándolos de “infundados” o “politizados”. Igualmente, frente a la Corte Penal Internacional, el Estado inicialmente trató de probar que estaba investigando internamente (mostrando estadísticas de casos abiertos contra funcionarios), para frenar la jurisdicción de la CPI; pero la Fiscalía de la CPI evaluó esas acciones como insuficientes. En 2022 Venezuela firmó un Memorando de Entendimiento con la CPI prometiendo reformas judiciales, pero aún no hay resultados tangibles en cuanto a justicia por las ejecuciones.

En resumen, la reacción estatal ha sido defensiva y superficial. No hubo un reconocimiento expreso de la responsabilidad institucional por las masacres atribuidas a las FAES. Por el contrario, las máximas autoridades respaldaron al cuerpo mientras estuvo activo, y cuando la presión fue insostenible, optaron por rebranding (cambiarle el nombre a la unidad) en vez de depurarla o sancionar a los culpables. La impunidad prevalece: como señaló HRW, “no hay ninguna posibilidad de rendición de cuentas hoy” en Venezuela debido a la falta de independencia judicial (Venezuela: Ejecuciones extrajudiciales en zonas de bajos recursos | Human Rights Watch). Solamente mediante mecanismos internacionales (sanciones individuales, investigaciones de la ONU y la CPI) se ha ejercido algo de presión. A finales de 2023, las FAES ya no existen formalmente, pero sus víctimas siguen sin obtener justicia, y los patrones represivos continúan bajo nuevas siglas. El Estado venezolano, por acción y omisión, no ha protegido los derechos humanos en estos casos y más bien ha sido señalado como responsable directo de graves abusos a través de fuerzas policiales como las FAES (Venezuela: Investigación de la ONU concluye que se cometieron crímenes de lesa humanidad | Human Rights Watch).

Conclusión

Las evidencias recopiladas indican que las FAES protagonizaron violaciones masivas a los derechos humanos en Venezuela, especialmente entre 2017 y 2020, mediante ejecuciones extrajudiciales, torturas y abusos cometidos contra la población más vulnerable. Estos actos, lejos de ser hechos aislados, respondieron a un patrón sistemático que encaja en la definición de crímenes de lesa humanidad según la ONU (Venezuela: Investigación de la ONU concluye que se cometieron crímenes de lesa humanidad | Human Rights Watch). Las regiones populares de Venezuela vivieron un régimen de terror impuesto por este cuerpo policial, con miles de víctimas en todo el país, predominantemente jóvenes pobres. Organismos como la ACNUDH, la Misión de la ONU, HRW y Amnistía Internacional han documentado rigurosamente estos abusos y han concluido que existe responsabilidad de la más alta jerarquía del Estado en permitirlos o incluso ordenarlos (Venezuela: Investigación de la ONU concluye que se cometieron crímenes de lesa humanidad | Human Rights Watch).

A pesar de la abrumadora documentación, el Estado venezolano no ha brindado justicia ni garantías de no repetición. La “disolución” de las FAES en 2022 resultó ser meramente nominal, con la continuidad de sus miembros en la DAET y otros órganos, lo que deja abierta la posibilidad de que las mismas prácticas continúen bajo otro nombre (Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas – Wikipedia, la enciclopedia libre). No obstante, la creciente presión internacional –incluyendo la investigación en curso de la Corte Penal Internacional– mantiene viva la exigencia de rendición de cuentas. Las víctimas y sus familiares, apoyados por organizaciones de derechos humanos, siguen reclamando verdad y justicia. Solo el esclarecimiento de los hechos, sanción a los responsables y reformas profundas en los cuerpos de seguridad podrán cerrar este oscuro capítulo. Por ahora, las FAES quedan en la historia reciente de Venezuela como sinónimo de abusos atroces e impunidad, un recordatorio de la urgente necesidad de restaurar el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos en el país.

Fuentes: Informes de la ONU (Alta Comisionada Michelle Bachelet, 2019; Misión Int. Independiente, 2020-2023) (Venezuela: Ejecuciones extrajudiciales en zonas de bajos recursos | Human Rights Watch) (Venezuela: Investigación de la ONU concluye que se cometieron crímenes de lesa humanidad | Human Rights Watch); comunicados de Human Rights Watch (2019, 2020) (Venezuela: Ejecuciones extrajudiciales en zonas de bajos recursos | Human Rights Watch) (Venezuela: Investigación de la ONU concluye que se cometieron crímenes de lesa humanidad | Human Rights Watch); reportes de Amnistía Internacional (2019-2021) (AI pide que la Corte Internacional investigue 14 ‘ejecuciones’ en Caracas – El Comercio) (AI pide que la Corte Internacional investigue 14 ‘ejecuciones’ en Caracas – El Comercio); datos de PROVEA y ONG venezolanas (PROVEA على X: “Las FAES son el cuerpo policial más letal en …) (PROVEA on X: “2260 personas fueron víctimas de presuntas …); declaraciones oficiales recopiladas por medios confiables (Reuters, EFE) (El fiscal del régimen de Maduro dijo que “no entiende” qué pasa con las FAES, el cuerpo policial acusado por la ONU de ejecuciones sumarias – Infobae) (Venezuela: Ejecuciones extrajudiciales en zonas de bajos recursos | Human Rights Watch). Todas las fuentes coinciden en el patrón de violencia e impunidad aquí descrito.

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