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¿Qué es y cómo funciona la DGCIM? El organismo para perseguir militares de Maduro

31 marzo, 2025

La Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Venezuela es el organismo de inteligencia militar encargado de proteger a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de amenazas internas, espionaje y deslealtad. Oficialmente, la DGCIM se define como el “escudo protector” de la FANB para garantizar la lealtad dentro de las fuerzas armadas.

Sin embargo, múltiples informes nacionales e internacionales han revelado que, especialmente desde 2014, esta agencia se ha convertido en una herramienta represiva clave del gobierno venezolano. Agentes de la DGCIM han perpetrado graves violaciones de derechos humanos –incluyendo torturas, detenciones arbitrarias y violencia sexual– como parte de un plan sistemático, orquestado desde los más altos niveles del gobierno de Nicolás Maduro para reprimir la disidencia (La ONU concluyó que los servicios de inteligencia de la dictadura de Maduro cometieron crímenes de lesa humanidad de forma sistemática – Infobae).

Organismos como la ONU, Human Rights Watch y Amnistía Internacional, así como ONGs venezolanas, han documentado estos abusos de forma extensa, concluyendo que podrían constituir crímenes de lesa humanidad cometidos con impunidad y anuencia del Estado (La ONU concluyó que los servicios de inteligencia de la dictadura de Maduro cometieron crímenes de lesa humanidad de forma sistemática – Infobae).

A continuación se presenta un informe detallado sobre las violaciones de derechos humanos atribuidas a la DGCIM en Venezuela, describiendo los tipos de abusos cometidos, los periodos más críticos, el perfil de las víctimas, los centros de detención involucrados, los responsables identificados, la documentación disponible de diversas organizaciones, la reacción (o falta de ella) por parte del Estado venezolano, y la relación estructural de la DGCIM con el poder político dominante.

Tipos de violaciones cometidas por la DGCIM

Diversos reportes coinciden en que la DGCIM ha incurrido en múltiples tipos de violaciones de derechos humanos en el ejercicio de la represión. Entre las principales prácticas documentadas se encuentran:

  • Detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas: la DGCIM ha detenido a personas sin órdenes judiciales y por motivos políticos, manteniéndolas incomunicadas por días o semanas. Tanto militares como civiles han sido arrestados sin el debido proceso, muchas veces en operativos clandestinos. En algunos casos, los detenidos permanecieron en paradero desconocido (figurando así como desapariciones forzadas) antes de ser presentados ante un tribunal. Por ejemplo, se documentó que agentes de la DGCIM capturaban a sospechosos o a sus familiares sin orden legal y negaban confirmar su detención por días (Venezuela: Tortura de acusados de conspiración | Human Rights Watch). Amnistía Internacional advirtió que en Venezuela se registraron “detención arbitraria… y desaparición forzada de personas detenidas” en el contexto de la represión a la disidencia (Amnistía Internacional denunció nuevas ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y casos de torturas en Venezuela – Infobae). Estos patrones violan garantías fundamentales y buscan sembrar miedo e incertidumbre.

  • Muertes bajo custodia (asesinatos por tortura): en algunos casos, la brutalidad de los maltratos ha derivado en la muerte de detenidos bajo custodia de la DGCIM. El caso más emblemático es el del Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien fue detenido en junio de 2019 acusado de conspiración. Tras una semana desaparecido, Acosta fue presentado ante un tribunal militar en silla de ruedas, con signos evidentes de tortura (golpes, uñas ensangrentadas, hinchazón extrema de pies, incapacidad de hablar o moverse) y falleció horas después en un hospital militar el 28 de junio de 2019 (Informe Anual 2019 | Terrorismo de Estado generó 574 víctimas y 23 asesinados bajo torturas – PROVEA). Una autopsia independiente reveló graves lesiones internas; había sido torturado en los calabozos de la DGCIM (Informe Anual 2019 | Terrorismo de Estado generó 574 víctimas y 23 asesinados bajo torturas – PROVEA). Además de Acosta, organizaciones como PROVEA señalaron que al menos 23 personas fallecieron en 2019 a consecuencia de torturas perpetradas por fuerzas de seguridad venezolanas (Informe Anual 2019 | Terrorismo de Estado generó 574 víctimas y 23 asesinados bajo torturas – PROVEA) –varias de ellas bajo custodia de cuerpos como la DGCIM. Estos asesinatos por tortura evidencian la letalidad de los abusos: golpes, asfixia u otros tormentos aplicados intencionalmente causaron la muerte de detenidos, lo cual configura ejecuciones extrajudiciales. La muerte de cualquier persona bajo custodia estatal, más aún por tortura, constituye la violación extrema del derecho a la vida y la integridad personal.

En síntesis, las violaciones cometidas por la DGCIM abarcan un patrón integral de represión violenta: desde la privación arbitraria de libertad y el secuestro encubierto de opositores, pasando por torturas físicas atroces y violencia sexual, hasta llegar en casos extremos al homicidio de detenidos. Esta conducta, lejos de ser aislada, ha sido recurrente y sistemática, tal como han denunciado consistentemente víctimas, organizaciones de derechos humanos y la ONU.

Períodos más críticos de actuación represiva

Si bien la DGCIM ha estado implicada en abusos desde el inicio del gobierno de Nicolás Maduro, los informes apuntan a que hubo períodos de represión especialmente intensos, vinculados a crisis políticas y temores de conspiraciones. En particular, los años 2017, 2018 y 2019 se destacan como etapas críticas de actuación represiva de la DGCIM:

  • 2017: protestas masivas y comienzo de la “maquinaria” represiva. Este año Venezuela vivió protestas antigubernamentales generalizadas. Aunque la represión de manifestantes estuvo mayormente a cargo de fuerzas policiales y de orden público, la DGCIM comenzó a tener un rol creciente en la persecución de presuntos disidentes internos dentro de la FANB. Con las protestas de 2017 “se comenzaron a desvelar casos de tortura a militares, periodistas y civiles dentro de la sede del DGCIM”, que hasta entonces operaba con cierto secretismo. Es decir, a partir de 2017 salen a la luz denuncias de que la DGCIM detuvo y torturó no solo a militares sospechosos de deslealtad sino también a civiles (como comunicadores) vinculados a la protesta. Este año marcó el inicio de la participación directa de la contrainteligencia militar en la represión del disenso, en medio del estado de excepción decretado por Maduro que suspendía garantías constitucionales (Informe Anual 2019 | Terrorismo de Estado generó 574 víctimas y 23 asesinados bajo torturas – PROVEA).

  • 2018: temor a golpes de Estado y oleada de torturas a militares. En 2018 la cúpula de Maduro enfrentó varios incidentes que alimentaron su temor a un alzamiento militar (como la asonada del ex-policía Óscar Pérez en enero, o el atentado con drones de agosto). En respuesta, la DGCIM desató una cacería de supuestos conspiradores dentro de las Fuerzas Armadas, lo que hizo que los militares se convirtieran ese año en el principal blanco de la tortura. De hecho, PROVEA reportó que en 2018 el 75% de las personas torturadas en Venezuela eran militares acusados de conspiración, y la DGCIM fue responsable de ese mismo porcentaje (75 casos de tortura), encabezando la lista de organismos victimarios (Provea: Dgcim fue responsable del 75% de las torturas de 2018 en Venezuela – TalCual). Nunca antes los funcionarios castrenses habían sido mayoría entre las víctimas de tortura; PROVEA señala que por primera vez los miembros de la FANB encabezaron la lista de personas torturadas, debido al “creciente temor del gobierno… ante un posible alzamiento militar” (Provea: Dgcim fue responsable del 75% de las torturas de 2018 en Venezuela – TalCual). La DGCIM se consolidó en 2018 como órgano de represión élite, aumentando exponencialmente su actividad: pasó de estar involucrada en pocos casos en 2017 a 431 violaciones a la integridad personal en 2018 (incluyendo torturas, tratos crueles, allanamientos ilegales, lesiones y amenazas) (Provea: Dgcim fue responsable del 75% de las torturas de 2018 en Venezuela – TalCual). Es decir, 2018 vio una intensificación de la represión preventiva contra presuntos golpistas dentro y fuera del ejército, con la DGCIM a la cabeza de interrogatorios brutales para extraer información y sembrar miedo en las filas militares.

  • 2020-2021: continuidad con menor visibilidad. Después de 2019, la intensidad de la represión disminuyó en visibilidad pública, en parte porque muchos líderes opositores habían sido encarcelados, exiliados o silenciados. Aun así, organismos de derechos humanos reportaron que las detenciones arbitrarias y torturas continuaron durante 2020 y 2021. Por ejemplo, Foro Penal contabilizó 93 casos de presunta tortura en 2020 ([PDF] La Justicia penal – Robert F. Kennedy Human Rights), y Amnistía Internacional señaló que durante la pandemia de COVID-19 el gobierno “incrementó su estructura represiva” para controlar a la población (Amnistía Internacional denunció nuevas ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y casos de torturas en Venezuela – Infobae). La DGCIM siguió activa, aunque en 2020 su accionar se enfocó más en perseguir a militares involucrados en nuevas conspiraciones (como la fallida Operación Gedeón de mayo 2020) y vigilar la lealtad interna. Hacia 2021 y 2022, la presión internacional (con investigaciones de la CPI en curso) llevó al régimen a disminuir la ferocidad pública de la represión, pero los mismos patrones subsistieron de forma encubierta. La Misión de la ONU advirtió en 2022 que “las violaciones y crímenes del SEBIN y la DGCIM continúan hasta hoy”, con las mismas estructuras, dinámicas y prácticas que en años previos (La ONU concluyó que los servicios de inteligencia de la dictadura de Maduro cometieron crímenes de lesa humanidad de forma sistemática – Infobae). Esto sugiere que, aunque los periodos 2017-2019 fueron los más críticos, la maquinaria represiva de la DGCIM permanece operativa y lista para activarse cuando el poder político lo requiere.

En conclusión, la etapa 2017-2019 representó el clímax de la represión dirigida por la DGCIM, en paralelo al momento más desafiante para la estabilidad del gobierno de Maduro. La represión fue planificada y preventiva, buscando sofocar tanto la protesta ciudadana como cualquier intentona militar. Si bien tras 2019 ha habido un relativo descenso en el número de casos conocidos, la estructura represiva no ha sido desmantelada, por lo cual el riesgo de nuevas oleadas de abusos persiste mientras continúe la impunidad y la crisis política de fondo.

Perfil de las víctimas de la DGCIM

Las víctimas de las acciones de la DGCIM pertenecen a diversos sectores, aunque comparten su condición de percebidos “enemigos internos” o disidentes a los ojos del régimen. De acuerdo con la documentación recopilada, se pueden identificar los siguientes perfiles principales de víctimas:

  • Víctimas indirectas y entorno: además de los detenidos directamente torturados, existe un amplio grupo de víctimas indirectas: familiares traumatizados por la desaparición o tortura de sus seres queridos, comunidades intimidadas por las redadas, y, en general, un clima de terror que afecta a compañeros de armas de los torturados (quienes deben presenciar el escarmiento). Por ejemplo, tras casos como la muerte del C/C Acosta, muchos militares temieron por su propia seguridad, y algunos huyeron del país. Del mismo modo, abogados de presos políticos y defensores de derechos humanos se convirtieron en víctimas de amenazas de la DGCIM cuando denunciaban los atropellos. Se han reportado amenazas de muerte o vigilancia a abogados de Foro Penal que asisten a detenidos por este organismo (Military Intelligence Agencies Torture Dissidents’ Relatives in Venezuela | Human Rights Watch). Todo esto evidencia que el impacto de las violaciones trasciende a la víctima inmediata, extendiendo el daño a su círculo y a la sociedad.

En resumen, el perfil de las víctimas de la DGCIM abarca tanto a militares como a civiles, unidos por su oposición real o percibida al gobierno. Predominan los militares acusados de conspirar (por el valor estratégico de neutralizarlos), pero también activistas, profesionales o incluso familiares inocentes han sufrido detenciones y torturas. La selección de víctimas responde a criterios de represalia política y obtención de información, más que a hechos delictivos comprobados. Todas estas personas comparten haber sido criminalizadas como “enemigos internos” y objeto de castigos ejemplarizantes para disuadir futuras disidencias.

Centros de detención y tortura clave de la DGCIM

Las violaciones cometidas por la DGCIM ocurrieron en una serie de centros de detención oficiales y clandestinos vinculados a este organismo. Varias sedes y lugares encubiertos han sido identificados como escenarios donde se perpetraron torturas y otros abusos. Entre los centros de detención clave asociados a la DGCIM destacan:

  • Sede principal de la DGCIM en Boleíta (Caracas): ubicada en Boleíta Norte, Caracas, es el cuartel general de la DGCIM y ha fungido como centro neurálgico de detención e interrogatorios. En sus calabozos (particularmente en el sótano) permanecen la mayoría de los detenidos políticos bajo custodia militar. La gran mayoría de los casos de tortura documentados por la ONU ocurrieron en la sede de Boleíta (La ONU concluyó que los servicios de inteligencia de la dictadura de Maduro cometieron crímenes de lesa humanidad de forma sistemática – Infobae). La Misión de la ONU reportó 122 víctimas sometidas a tortura, violencia sexual u otros tratos crueles entre 2014 y 2021, muchas de ellas en los sótanos de Boleíta (La ONU concluyó que los servicios de inteligencia de la dictadura de Maduro cometieron crímenes de lesa humanidad de forma sistemática – Infobae). Sobrevivientes describen celdas de aislamiento, condiciones insalubres y guardias crueles en este recinto. Boleíta es mencionado recurrentemente en testimonios como el lugar donde las víctimas fueron golpeadas, asfixiadas y sometidas a descargas eléctricas antes de ser trasladadas a tribunales. Este edificio se ha ganado la reputación de ser un centro de tortura institucionalizado, al punto que algunos lo equiparan en infamia a “El Helicoide” (la sede de la policía SEBIN). A pesar de su ubicación conocida, dentro de Boleíta la DGCIM operó con opacidad, impidiendo visitas independientes. Es en Boleíta donde ocurrieron torturas notorias como las del Cap. Acosta Arévalo y donde se retuvo a innumerables oficiales acusados de complot. En síntesis, la sede de la DGCIM en Caracas ha sido el epicentro físico de los abusos, funcionando tanto como cárcel clandestina como centro de inteligencia.

  • Centros de detención militares formales: luego de ser torturados e “instruidos” en Boleíta u otros sitios, varios detenidos de la DGCIM eran trasladados a cárceles militares oficiales para su reclusión prolongada. Un ejemplo es la Prisión de Ramo Verde (Centro Nacional de Procesados Militares), en Los Teques, que aunque administrada por otra instancia, alojó a muchos presos entregados por la DGCIM. Varios oficiales y civiles arrestados por la DGCIM terminaron en Ramo Verde (como el Dr. Marulanda, enviado allí tras su tortura inicial (Un forense cambió la experticia original para borrar las torturas del doctor Marulanda en la Dirección General de Contrainteligencia Militar venezolana – Infobae)) o en la cárcel de La Pica (Monagas), entre otras. No obstante, las torturas más graves ocurrieron antes de llegar a estas prisiones, durante la custodia “preventiva” en sedes de la DGCIM o sus casas clandestinas. En los centros formales, los maltratos podían continuar en forma de tratos crueles o negación de atención médica, pero la fase más brutal solía ser previa.

En resumen, la DGCIM operó tanto en instalaciones oficiales (como su cuartel de Caracas) a la vista, como en una red oculta de locales no oficiales para infligir tormentos lejos de cualquier escrutinio. Esta combinación le permitió mantener cierta negabilidad mientras desplegaba un sistema de centros de tortura itinerantes. Los testimonios reunidos por organismos internacionales demuestran que la sede de Boleíta y al menos 16-17 ubicaciones secretas fueron escenarios centrales de crímenes aberrantes (Venezuela: La ONU concluye que en una red de casas clandestinas de Venezuela se torturaron a opositores por órdenes del Gobierno | Internacional | EL PAÍS) (La ONU concluyó que los servicios de inteligencia de la dictadura de Maduro cometieron crímenes de lesa humanidad de forma sistemática – Infobae). La existencia de esta infraestructura clandestina evidencia la planificación deliberada para ejecutar violaciones de derechos humanos de manera encubierta, diluyendo la responsabilidad y evitando ser detectados. Pese a las denuncias, estos sitios operaron con total impunidad, y algunos podrían seguir activos. Identificar y desmantelar esta red de centros clandestinos es clave para frenar la práctica sistemática de la tortura en Venezuela.

Responsables y actores implicados en los abusos

La cadena de violaciones de derechos humanos de la DGCIM involucra a diferentes niveles de responsabilidad, desde los más altos cargos que diseñaron u ordenaron la represión, hasta los agentes que ejecutaron directamente los abusos, pasando también por funcionarios que los facilitaron o encubrieron (por ejemplo, personal médico o judicial cómplice). Diversos informes han señalado con nombre y apellido a varios presuntos responsables o implicados en estas violaciones, entre ellos:

  • General Rafael Antonio Franco Quintero: ocupó puestos directivos en la DGCIM (se le identifica como ex Director de Investigaciones de la DGCIM en 2014-2015, y luego agregado militar). La misión de la ONU lo señaló como otro de los antiguos responsables del organismo vinculado a los abusos (La ONU concluyó que los servicios de inteligencia de la dictadura de Maduro cometieron crímenes de lesa humanidad de forma sistemática – Infobae). Franco Quintero fue mencionado en casos de detenciones de militares en 2014 y 2015 (por ejemplo, en la desarticulación de una supuesta conspiración llamada “Golpe Azul”). Su inclusión en los informes sugiere que ya desde años tempranos de la represión marcó lineamientos duros. También fue sancionado por EE.UU. en 2019 por violaciones de derechos humanos. Es parte de la estructura de mando histórica de la DGCIM que sentó las bases para las posteriores acciones sistemáticas.

En suma, la responsabilidad por las violaciones de la DGCIM es amplia y escalonada. En el vértice se halla la dirigencia política (Maduro y allegados) que concibió y ordenó la represión; en la cúspide institucional, los jefes de la DGCIM (Hernández Dala, Franco, Guerrero) que implementaron esas órdenes; en el plano operativo, oficiales como Granko que dirigieron y ejecutaron torturas; y en roles auxiliares, otros agentes y profesionales (forenses, jueces militares complacientes, etc.) que facilitaron o encubrieron los crímenes. Todos ellos han operado con impunidad hasta la fecha, sin investigaciones imparciales en Venezuela. Identificar a estos responsables es esencial para la rendición de cuentas. De hecho, la Misión de la ONU detalló cómo personas en distintos niveles de la cadena de mando ejecutaron el plan orquestado por Maduro para reprimir a la oposición, mediante actos de tortura que constituyen crímenes de lesa humanidad (La ONU concluyó que los servicios de inteligencia de la dictadura de Maduro cometieron crímenes de lesa humanidad de forma sistemática – Infobae). Lamentablemente, como veremos, el Estado venezolano no ha llevado ante la justicia a la mayoría de estos perpetradores, consolidando una preocupante estructura de impunidad.

Documentación de organismos internacionales y ONGs venezolanas

Las denuncias contra la DGCIM se apoyan en una sólida base de documentación elaborada por organismos internacionales de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales venezolanas, que han investigado y difundido estos casos. A continuación, se resumen algunos de los informes más destacados que corroboran las violaciones de la DGCIM:

  • Organizaciones venezolanas de derechos humanos:
    Varias ONGs nacionales han documentado estos abusos arriesgando la seguridad de sus miembros. Entre ellas:
    • PROVEA (Programa Venezolano de Educación–Acción en DDHH): ha incluido la situación de tortura en sus Informes Anuales. En su Informe Anual 2018, PROVEA advirtió que la tortura estaba creciendo de forma alarmante y que la DGCIM encabezaba la lista de organismos torturadores con 75 casos ese año (75% del total) (Provea: Dgcim fue responsable del 75% de las torturas de 2018 en Venezuela – TalCual). Indicó que ese aumento respondía al miedo gubernamental a un alzamiento castrense (Provea: Dgcim fue responsable del 75% de las torturas de 2018 en Venezuela – TalCual). En el Informe Anual 2019, PROVEA habló de “terrorismo de Estado” al registrar cientos de víctimas y 23 muertos por tortura, atribuyendo al CICPC y DGCIM los mayores números (Informe Anual 2019 | Terrorismo de Estado generó 574 víctimas y 23 asesinados bajo torturas – PROVEA). PROVEA relató con detalle la muerte del C/C Acosta y calificó de insuficiente la condena menor dada a dos agentes, considerándola un intento de eludir la responsabilidad por tortura y un estímulo a la impunidad (Informe Anual 2019 | Terrorismo de Estado generó 574 víctimas y 23 asesinados bajo torturas – PROVEA). PROVEA también ha elaborado material periodístico como el documental “La República que Tortura”. Su labor ha sido crucial para aportar cifras y casos individualizados que sustentan las denuncias.
    • Foro Penal: organización de abogados que asiste a presos políticos. Ha llevado el registro de detenidos políticos (más de 15.700 detenciones por motivos políticos desde 2014) y documentado decenas de casos de tortura. Sus reportes fueron insumo para HRW y la OEA. Foro Penal ha denunciado que las víctimas de tortura enfrentan enormes trabas judiciales y que prácticamente ningún torturador de la DGCIM ha sido condenado adecuadamente. También presentó informes al Fiscal de la Corte Penal Internacional enumerando casos de tortura sistemática.
    • CASLA Institute: organización dirigida por Tamara Sujú, ha entregado a la OEA y la CPI informes especializados sobre tortura en Venezuela. Por ejemplo, el Informe CASLA 2019 describió patrones de tortura del DGCIM con participación de asesores cubanos y listó métodos (posiciones de estrés, uso de sustancias químicas, violencia sexual, etc.) (Tortura sistemática en venezuela 2019 y la partición de cubanos en los patrones de tortura). CASLA ha revelado la existencia de manuales y entrenamientos en tortura, y ha aportado videos y testimonios a la OEA. En 2018, una panel de expertos de la OEA determinó que había base para crímenes de lesa humanidad, citando torturas de la DGCIM entre la evidencia.
    • Otros: organizaciones como Cofavic, Centro para los Defensores y la Justicia, Causal 18, etc., han contribuido con documentación de contexto y apoyo a víctimas. Por ejemplo, el Observatorio Venezolano de Prisiones ha denunciado torturas en cárceles militares. El aporte de estas ONGs locales ha sido vital para registrar casos en tiempo real y asistir legalmente a las víctimas, a pesar de la persecución gubernamental contra defensores.

En conclusión, existe una amplia y consistente documentación sobre las violaciones de la DGCIM, producida tanto por entes internacionales neutrales (ONU), organizaciones globales de prestigio (HRW, AI), como por ONGs venezolanas especializadas. Todas coinciden en la naturaleza sistemática de los abusos y en la responsabilidad estatal en permitirlos. Los hallazgos de la Misión de la ONU en 2020-22 –que incluyen declaraciones de que el Estado venezolano usó a la DGCIM para cometer actos de tortura y violencia sexual como política de Estado (La ONU concluyó que los servicios de inteligencia de la dictadura de Maduro cometieron crímenes de lesa humanidad de forma sistemática – Infobae)– consolidan lo que las ONGs denunciaban desde antes: que en Venezuela se instaló un patrón de tortura institucionalizada, con la DGCIM como uno de sus principales perpetradores. Esta convergencia de pruebas ha motivado pronunciamientos en la OEA, Naciones Unidas y un examen preliminar (ya investigación formal) en la Corte Penal Internacional sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela relacionados con estos hechos.

Reacción del Estado venezolano ante las denuncias

La respuesta del Estado venezolano frente a estas graves denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de la DGCIM ha sido ampliamente insuficiente y caracterizada por la negación, la inacción y la impunidad. Pese a la abrumadora evidencia, el régimen de Nicolás Maduro no ha emprendido investigaciones exhaustivas ni sancionado a la mayoría de los responsables de torturas y abusos. A continuación, se examina la reacción (o falta de ella) del Estado en distintos ámbitos:

  • Promesas de reforma y cambios cosméticos: en respuesta a las críticas, el gobierno de Maduro ha anunciado algunas medidas de papel. En 2021 impulsó una supuesta “revolución judicial” y reformas al sistema de justicia para descongestionar cárceles y revisar casos de detención prolongada. Sin embargo, la Misión de la ONU afirmó que esas reformas no solucionaron la falta de independencia ni imparcialidad del sistema judicial (La ONU concluyó que los servicios de inteligencia de la dictadura de Maduro cometieron crímenes de lesa humanidad de forma sistemática – Infobae). No se tocaron las raíces de la impunidad. Asimismo, se creó en 2021 una Comisión Presidencial para la Reforma Policial y un comité de derechos humanos gubernamental, pero estos organismos no han reportado avances concretos en casos de tortura de la DGCIM. En ocasiones, el fiscal Saab ha publicitado la acusación de funcionarios por violar derechos humanos, pero la mayoría de esos casos se refieren a policías de bajo nivel involucrados en delitos comunes o a miembros de la FAES (cuerpo policial) tras su disolución, no a la DGCIM. De hecho, ninguno de los principales torturadores de la DGCIM ha sido destituido o castigado públicamente; al contrario, como indicó la ONU, muchos siguen en sus puestos e incluso fueron ascendidos (La ONU concluyó que los servicios de inteligencia de la dictadura de Maduro cometieron crímenes de lesa humanidad de forma sistemática – Infobae). Por ejemplo, tras denuncias en 2018, el entonces director Hernández Dala permaneció años en el cargo; el propio Granko continuó activo en 2023. Los cambios que han ocurrido (remoción de Hernández en 2022) parecen obedecer más a reacomodos internos de poder que a sanciones por abusos.

  • Contraataque y propaganda: por otro lado, el gobierno ha buscado desacreditar a las voces denunciantes. Ha tildado a las ONG nacionales de ser “agentes extranjeros” o a las víctimas de conspirar para dañar la imagen del país. En foros internacionales, los delegados de Venezuela niegan las conclusiones de la FFM y alegan que hay una “campaña mediática”. Incluso han presentado informes propios alegando violaciones de DDHH en otros países para desviar la atención. En 2022, cuando se renovó el mandato de la Misión de la ONU, Venezuela intentó sin éxito que no se prorrogara, indicando su disgusto con ese escrutinio. No obstante, no han logrado desmontar las evidencias acumuladas.

En conclusión, la reacción del Estado venezolano ha sido mayoritariamente de negación y encubrimiento, con muy escasas acciones punitivas reales. Las investigaciones internas han sido inexistentes o simuladas, las promesas de reforma no se han traducido en cambios efectivos, y prevalece la impunidad para la DGCIM. Lejos de depurar al organismo, el gobierno lo ha mantenido operando con las “mismas estructuras, dinámicas y prácticas” hasta la actualidad (La ONU concluyó que los servicios de inteligencia de la dictadura de Maduro cometieron crímenes de lesa humanidad de forma sistemática – Infobae), lo que implica una suerte de aprobación tácita. Esta falta de justicia nacional es la que ha llevado a que instancias internacionales –como la Corte Penal Internacional– intervengan ante la posible comisión impune de crímenes de lesa humanidad. Hasta el momento, el Estado venezolano no ha brindado una respuesta satisfactoria a las víctimas, consolidando un preocupante cuadro de impunidad institucionalizada.

Relación de la DGCIM con el poder político y su rol en la represión del disenso

La DGCIM no actúa de forma aislada; por el contrario, está orgánicamente ligada al poder político en Venezuela, funcionando como uno de sus pilares para el control interno, especialmente dentro del ámbito militar. Varias características definen la relación estructural de la DGCIM con el régimen de Maduro y explican su rol protagónico en reprimir el disenso tanto militar como civil:

  • Garantizar la disciplina interna de las FANB: uno de los roles fundamentales de la DGCIM es controlar el disenso dentro de las propias fuerzas armadas. Maduro heredó un ejército politizado por Chávez, pero con focos de descontento. Para prevenir golpes o divisiones en el estamento militar, la DGCIM actúa como policía política interna. Los datos de PROVEA muestran que a medida que creció el temor del gobierno a alzamientos (2017 en adelante), la DGCIM incrementó su protagonismo represivo dramáticamente (Provea: Dgcim fue responsable del 75% de las torturas de 2018 en Venezuela – TalCual). El mensaje para la FANB era claro: cualquier manifestación de crítica o conspiración sería detectada y castigada. Este rol intimidatorio fue efectivo en sofocar movimientos disidentes (varios planes de golpe fueron desmantelados tempranamente, aunque también pudo alimentar resentimientos). Además, la DGCIM sirve para “purgar” la institución militar: muchos oficiales sospechosos fueron expulsados o encarcelados, consolidando en puestos clave solo a leales. En esencia, la DGCIM ha sido el garrote interno para mantener alineada a la FANB con el proyecto político chavista. Su presencia ubicua (oficinas en unidades militares, informantes, etc.) crea un clima de vigilancia permanente entre militares.

  • Represión del disenso civil vinculado a lo militar: si bien el SEBIN suele lidiar con activistas civiles, la DGCIM ha jugado un rol crucial cuando ese disenso civil se entrelaza con asuntos militares. Por ejemplo, la DGCIM se encargó de desarticular grupos de policías rebeldes (como el de Óscar Pérez) y de perseguir a políticos que supuestamente buscaban apoyo militar para deponer a Maduro. La DGCIM también participó en la represión de diputados ligados a intentos de golpe (caso del diputado Juan Requesens en 2018, detenido por SEBIN pero con investigaciones de DGCIM por el atentado a Maduro). Esto demuestra que el papel de la DGCIM trasciende los cuarteles: ha sido instrumentalizada para reprimir también el disenso civil cuando el régimen lo percibe conectado con la seguridad del Estado o la traición militar. Incluso familiares de militares exiliados o desertores han sido acosados por la DGCIM, lo que extiende su radio de acción a la sociedad.

  • Integración con asesoría extranjera (Cuba): varios analistas y algunas ONGs (como CASLA) sostienen que la contrainteligencia venezolana ha recibido asesoría y entrenamiento de agentes cubanos, dada la estrecha relación entre los gobiernos de Cuba y Venezuela. El Informe CASLA 2019 dedicó un capítulo a la “injerencia cubana en la planificación de la represión sistemática y su participación en el crimen de tortura en Venezuela” (Tortura sistemática en venezuela 2019 y la partición de cubanos en los patrones de tortura). Si bien el gobierno lo niega, exiliados han declarado que oficiales de inteligencia cubanos operan en Caracas como consejeros, aportando tácticas de control social y contrainteligencia. La presencia de Cuba explicaría la sofisticación de algunos métodos, la creación de casas clandestinas y la énfasis en quebrar psicológicamente a los detenidos (tácticas similares usó la Seguridad del Estado cubana históricamente). De ser cierta, esta influencia refuerza la orientación político-ideológica de la DGCIM: proteger la “Revolución” a toda costa, con métodos aprendidos de un aliado autoritario. No obstante, cabe aclarar que las responsabilidades legales recaen en los funcionarios venezolanos; la posible asesoría cubana solo evidenciaría la dimensión transnacional de la estrategia de control.

  • Lealtad política por encima del Estado de Derecho: la relación entre la DGCIM y el poder político está cimentada en la lealtad incondicional al régimen, por encima de la Constitución y las leyes. Esto ha derivado en que la DGCIM actúe sin respetar separación de poderes ni controles legales. Por ejemplo, han ignorado órdenes de excarcelación emitidas por tribunales civiles; muchos detenidos de la DGCIM que obtuvieron boletas de excarcelación, siguieron presos arbitrariamente. La subordinación total al Ejecutivo permite que la DGCIM se coloque al margen del marco legal con tal de cumplir los designios políticos. En la Venezuela de Maduro, la institucionalidad democrática está erosionada y el poder del Estado se emplea para violar derechos que debería garantizar, con impunidad garantizada desde arriba (Informe Anual 2019 | Terrorismo de Estado generó 574 víctimas y 23 asesinados bajo torturas – PROVEA). La DGCIM ejemplifica esta situación: es formalmente un cuerpo de seguridad del Estado, pero opera en la práctica como brazo del partido gobernante para perpetuarse en el poder.

En conclusión, la DGCIM ha sido un instrumento central del poder político chavista para reprimir, controlar y atemorizar, tanto dentro de las fuerzas armadas como en la sociedad. Su estructura jerárquica la vincula directamente con la presidencia, y su actuación coordinada con otros cuerpos revela un plan estatal deliberado. Lejos de ser un actor independiente, la DGCIM ha actuado siempre en función de los intereses políticos del régimen: primero, asegurando la disciplina interna militar (evitando golpes) y segundo, sofocando cualquier alianza entre militares descontentos y la oposición civil. Esto explica por qué, a pesar de las atrocidades cometidas, sus jefes han gozado de protección política. En palabras de la Misión de la ONU, el gobierno venezolano “se apoya en los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país” (La ONU concluyó que los servicios de inteligencia de la dictadura de Maduro cometieron crímenes de lesa humanidad de forma sistemática – Infobae). Es decir, la DGCIM forma parte estructural de la arquitectura autoritaria instaurada por Maduro. Mientras esa relación perversa continúe, será muy difícil desmontar las prácticas abusivas, ya que no se trata de excesos de elementos indisciplinados, sino de acciones alineadas con la voluntad del poder gobernante.

Conclusiones

Las evidencias presentadas a lo largo de este informe conducen a una conclusión inquietante: la DGCIM, lejos de cumplir su función legítima de contrainteligencia militar, se transformó en un aparato de represión al servicio de la cúpula gobernante, incurriendo en gravísimas violaciones de derechos humanos de forma sistemática. Los tipos de abusos documentados –detenciones arbitrarias, torturas físicas y psicológicas, violencia sexual, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia– configuran crímenes de lesa humanidad según el derecho internacional, cuando se cometen como parte de un ataque generalizado y sistemático contra una población civil. Diversos organismos (ONU, OEA) han dado pasos para calificar así estos hechos.

Los periodos de máxima represión (2017-2019) evidenciaron que tales violaciones no fueron actos aislados, sino respuesta deliberada del Estado ante crisis políticas, implementada a través de la DGCIM y otros órganos de seguridad. El perfil de las víctimas confirma que se buscó silenciar y escarmentar a militares disidentes, opositores civiles y cualquiera considerado enemigo interno, sin respetar ninguna garantía. Asimismo, los centros de detención analizados (oficiales y clandestinos) muestran una planificación de la represión: la existencia de sitios secretos de tortura indica que el Estado destinó recursos y logística para estos fines ilícitos (Venezuela: La ONU concluye que en una red de casas clandestinas de Venezuela se torturaron a opositores por órdenes del Gobierno | Internacional | EL PAÍS).

Se identifican responsables directos e indirectos de estos atropellos, desde el Presidente de la República y su círculo (como máximos autores intelectuales y garantes de la impunidad) hasta los agentes torturadores que ejecutaron materialmente el sufrimiento. Lamentablemente, la reacción estatal ha consistido en encubrimiento y falta de justicia, reforzando la indefensión de las víctimas. Pese a leyes nacionales que prohíben la tortura, estas se han quedado en el papel debido a la falta de independencia judicial y la subordinación de las fuerzas de seguridad al poder político.

La relación simbiótica entre la DGCIM y el régimen de Maduro ha quedado al desnudo: la contrainteligencia militar funge como arma para preservar el poder, a costa de pisotear derechos fundamentales. Este maridaje entre fuerza y poder ha debilitado el Estado de Derecho en Venezuela y generado un clima de terror e inseguridad jurídica.

Diversos actores internacionales han alzado la voz, instando a poner fin inmediato a estas prácticas y sancionar a los responsables conforme a la ley (La ONU concluyó que los servicios de inteligencia de la dictadura de Maduro cometieron crímenes de lesa humanidad de forma sistemática – Infobae). Sin embargo, en Venezuela continúan vigentes las mismas estructuras y dinámicas represivas, y los perpetradores siguen operando o han sido premiados (La ONU concluyó que los servicios de inteligencia de la dictadura de Maduro cometieron crímenes de lesa humanidad de forma sistemática – Infobae). Ello implica que el riesgo de nuevas violaciones persiste mientras no haya reformas genuinas y procesos de rendición de cuentas.

Es imperativo, por ende, que se refuercen los mecanismos internacionales de protección: la continuidad de la Misión de la ONU, la actuación de la Corte Penal Internacional y la presión diplomática coordinada pueden contribuir a frenar la impunidad. Al mismo tiempo, las voces de las víctimas y defensores de derechos humanos en Venezuela deben seguir siendo escuchadas y respaldadas, pues son ellas quienes han iluminado estos abusos en medio de la oscuridad.

En suma, la DGCIM ha cometido violaciones atroces que manchan la historia reciente de Venezuela. La memoria de quienes sufrieron en sus celdas clandestinas exige verdad, justicia y no repetición. Solo desmontando la estructura represiva y subordinándola nuevamente al imperio de la ley, Venezuela podrá aspirar a reconciliar sus fuerzas armadas con la democracia y garantizar nunca más la tortura. Por ahora, la tarea pendiente es enorme, pero la documentación rigurosa –como la recopilada en este informe– sienta las bases para que algún día haya justicia para las víctimas y responsabilidad para los victimarios, logrando así reparar el profundo daño hecho al estado de derecho y a la dignidad humana en el país.

Fuentes consultadas: Informes de la Misión Internacional de la ONU (La ONU concluyó que los servicios de inteligencia de la dictadura de Maduro cometieron crímenes de lesa humanidad de forma sistemática – Infobae), declaraciones de sus integrantes (La ONU concluyó que los servicios de inteligencia de la dictadura de Maduro cometieron crímenes de lesa humanidad de forma sistemática – Infobae), reportes de Human Rights Watch (Venezuela: Tortura de acusados de conspiración | Human Rights Watch), Amnistía Internacional (Amnistía Internacional denunció nuevas ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y casos de torturas en Venezuela – Infobae), PROVEA (Provea: Dgcim fue responsable del 75% de las torturas de 2018 en Venezuela – TalCual), Foro Penal, CASLA, y testimonios publicados en medios confiables (Venezuela: La ONU concluye que en una red de casas clandestinas de Venezuela se torturaron a opositores por órdenes del Gobierno | Internacional | EL PAÍS) , entre otros. Todas coinciden en la gravedad de las violaciones cometidas por la DGCIM y la necesidad de acciones concretas para detenerlas y sancionarlas. La comunidad internacional y la sociedad venezolana tienen el desafío de continuar observando, denunciando y exigiendo justicia, para que los crímenes aquí descritos no queden en la impunidad y para que Venezuela recupere el respeto por los derechos humanos fundamentales. (La ONU concluyó que los servicios de inteligencia de la dictadura de Maduro cometieron crímenes de lesa humanidad de forma sistemática – Infobae)

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