Hannover Esteban Guerrero Mijares es un oficial militar venezolano que ha estado en el centro de controversias internacionales por su presunta participación en violaciones de derechos humanos como parte de su rol en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Venezuela. Señalado por la Misión de la ONU y sancionado por los Estados Unidos, su carrera militar refleja el papel de altos oficiales en el aparato de seguridad venezolano.
Información personal y carrera militar
Hannover Esteban Guerrero Mijares nació el 14 de enero de 1971 en Caracas, Venezuela. Se graduó de la Academia Militar de Venezuela en 1996, formando parte de la promoción “General de Brigada José Florencio Jiménez”. Su carrera militar estuvo inicialmente vinculada a la 35ª Brigada de la Policía Militar, donde sirvió con el grado de Teniente Coronel hasta enero de 2014.
En sus primeros años de servicio, Guerrero Mijares desempeñó un papel relevante como responsable de la seguridad de Hugo “El Pollo” Carvajal, quien fue jefe de la DGCIM. Esta conexión con altos mandos de inteligencia militar marcaría su trayectoria profesional posterior.
Ascenso en el sistema de inteligencia militar
El ascenso de Guerrero Mijares dentro del aparato de seguridad venezolano se consolidó en noviembre de 2018, cuando asumió el cargo de Director de la Dirección Especial de Investigaciones Penales y Criminalísticas (DEIPC), en sustitución de Rafael Antonio Franco Quintero. Esta designación lo colocó en una posición de considerable poder dentro del sistema de inteligencia militar venezolano.
Durante su gestión al frente de la DEIPC, Guerrero Mijares dirigió investigaciones contra lo que se denominaban “objetivos de inteligencia”, entre los que se incluían presuntos militares disidentes. De acuerdo con los informes, también dirigió y participó personalmente en interrogatorios de personas detenidas en el centro de detención de Boleíta, donde su oficina estaba ubicada en el sótano 1, junto a la celda conocida como “Casa de los Sueños”.
El 18 de agosto de 2020, mediante Resolución 037274 firmada por el Ministro de la Defensa Vladimir Padrino López, fue designado como Segundo Comandante y Jefe del Estado Mayor de la 35 Brigada de Policía Militar “Libertador José de San Martín”, con sede en el Fuerte Tiuna. Este nombramiento se produjo a pesar de las graves acusaciones que ya pesaban en su contra.
Acusaciones de violaciones de Derechos Humanos
Guerrero Mijares ha sido objeto de graves acusaciones relacionadas con violaciones sistemáticas de derechos humanos durante su desempeño en la DGCIM.
Señalamientos de la misión internacional de la ONU
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU identificó específicamente a Guerrero Mijares como uno de los siete funcionarios de la DGCIM y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) responsables de torturas. Estos señalamientos forman parte de un informe que describe una “maquinaria” creada por el gobierno de Nicolás Maduro para reprimir sistemáticamente a la disidencia.
Denuncias de torturas y muertes
Numerosos familiares y presos han denunciado a Guerrero Mijares como responsable de la ejecución de violaciones de derechos humanos, torturas y muertes durante su período como Jefe de Investigaciones en la DGCIM. Estas acusaciones incluyen su presunta vinculación con la muerte del capitán Acosta Arévalo, quien habría fallecido debido a torturas en las instalaciones de la DGCIM.
Sanciones Internacionales
Las acusaciones contra Guerrero Mijares han resultado en sanciones internacionales por parte de los Estados Unidos.
Sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos
El 19 de julio de 2019, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Guerrero Mijares en su lista negra, junto con otros tres oficiales militares de la DGCIM. En ese momento, Guerrero Mijares ostentaba el cargo de coronel y director de investigaciones de la DGCIM.
La justificación oficial para estas sanciones señalaba que “la DGCIM, incluidos estos funcionarios, ha sido acusada de abusos sistemáticos de los derechos humanos y de reprimir la disidencia”, haciendo especial referencia al “arresto, abuso físico y muerte” del capitán Acosta.
Steven Mnuchin, entonces secretario del Tesoro, declaró que “Estados Unidos utilizará toda su autoridad para atacar a aquellos que han ayudado al régimen ilegítimo de Maduro a reprimir la disidencia, la libertad de expresión y la voluntad del pueblo venezolano”.
Implicaciones de las Sanciones
Las sanciones impuestas implican el bloqueo de todos los bienes y activos que Guerrero Mijares pudiera tener directa o indirectamente bajo jurisdicción estadounidense, así como la prohibición de toda transacción legal que involucre a individuos y entidades estadounidenses. Estas medidas forman parte de una estrategia más amplia de presión sobre funcionarios del gobierno venezolano acusados de violaciones de derechos humanos.
Controversia por su nombramiento posterior
A pesar de las graves acusaciones en su contra y las sanciones internacionales, Guerrero Mijares continuó ascendiendo en la jerarquía militar venezolana. Su designación en agosto de 2020 como Segundo Comandante y Jefe del Estado Mayor de la 35 Brigada de Policía Militar generó controversia, dado que se produjo después de que fuera sancionado por Estados Unidos y señalado en informes internacionales por violaciones de derechos humanos.
Este nombramiento ha sido interpretado por críticos como una señal de respaldo por parte del gobierno venezolano a funcionarios acusados de abusos, incluso frente a la presión internacional.
Conclusión
Hannover Esteban Guerrero Mijares representa un caso emblemático de alto oficial militar venezolano acusado de graves violaciones de derechos humanos que ha sido objeto de sanciones internacionales. Su trayectoria ilustra las preocupaciones expresadas por organizaciones internacionales sobre el papel de las fuerzas de seguridad en Venezuela, particularmente en lo que respecta al trato de detenidos y la represión de la disidencia.
A pesar de los señalamientos de la ONU y las sanciones de Estados Unidos, su continuidad en posiciones de poder dentro de la estructura militar venezolana refleja las tensiones entre las presiones internacionales y las dinámicas internas del gobierno venezolano en relación con oficiales acusados de abusos contra los derechos humanos.