El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) es la policía de investigación criminal de Venezuela, pero numerosos informes internacionales lo señalan por graves violaciones de derechos humanos. Organismos como la ONU, Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado patrones de abusos sistemáticos que implican al CICPC, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, torturas, allanamientos ilegales y detenciones arbitrarias.
En 2021, un informe de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU vinculó directamente al director del CICPC con violaciones de derechos humanos bajo su supervisión, y la Misión Independiente de la ONU caracterizó al CICPC como una institución que comete violaciones sistemáticas, señalando incluso su participación en ejecuciones extrajudiciales. Estos abusos no son hechos aislados, sino parte de un patrón generalizado en el contexto de la política de represión en Venezuela, lo cual ha llevado a que expertos de la ONU los califiquen como posibles crímenes de lesa humanidad.
Ejecuciones extrajudiciales
Miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) patrullan un barrio de Caracas en 2019. Este cuerpo de élite policial ha sido señalado, junto con el CICPC, como responsable de numerosas ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. Diversos informes han revelado un patrón alarmante de asesinatos cometidos por agentes del Estado, frecuentemente presentados por las autoridades como muertes en enfrentamientos o por “resistencia a la autoridad”. La Misión Internacional Independiente de la ONU determinó en 2020 que Venezuela tiene una de las tasas más altas de América Latina de homicidios cometidos por fuerzas de seguridad del Estado. Según esta Misión, solo dos cuerpos – las FAES y el CICPC – fueron responsables del 59% de todas las muertes perpetradas por las fuerzas de seguridad en el período investigado. En muchos casos, las víctimas son jóvenes de barrios populares, y las autoridades alegan que murieron al enfrentarse o resistirse al arresto, siguiendo un mismo libreto en casi todos los operativos. Sin embargo, abundan testimonios de familiares y testigos que desmienten la versión oficial: se ha denunciado que los funcionarios alteran la escena colocando armas para simular enfrentamientos (“siembra de evidencias”) y justificar las muertes.
Organizaciones de la sociedad civil y prensa internacional han intentado cuantificar la magnitud de estas ejecuciones. El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) reportó que solo en 2018 ocurrieron 7.523 muertes violentas atribuidas a supuestos “enfrentamientos” con fuerzas de seguridad, y en 2019 otras 5.200 personas murieron bajo la categoría de “resistencia a la autoridad”. Si bien las autoridades presentan estas cifras como resultado de acciones legítimas contra la delincuencia, grupos de derechos humanos denuncian que muchas de esas muertes fueron en realidad ejecuciones extrajudiciales encubiertas. La impunidad es casi absoluta: la gran mayoría de estos homicidios ilegales no son investigados ni llevados ante la justicia, especialmente cuando involucran a mandos altos del aparato de seguridad. La Misión de la ONU concluyó que estos crímenes “no pueden atribuirse a falta de disciplina” de unos pocos agentes, sino que responden a una política de Estado de eliminar a elementos “indeseables” de la sociedad bajo la cobertura de operaciones anti-crimen. De hecho, halló evidencias de responsabilidad al más alto nivel: indicó que altos funcionarios, incluyendo al Presidente Nicolás Maduro y sus ministros del Interior y Defensa, tenían conocimiento de estos delitos e incluso dieron órdenes o participaron en su planificación, sin tomar medidas para evitarlos.
Detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales
Además de las muertes, las operaciones policiales del CICPC y otros cuerpos con frecuencia implican detenciones masivas arbitrarias y allanamientos sin orden judicial. Durante los años 2015 a 2017, el gobierno lanzó las llamadas Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), supuestamente para combatir la delincuencia, en las cuales participaron el CICPC junto a la Policía Nacional, Guardia Nacional y otros cuerpos. Estos operativos se caracterizaron por redadas violentas en barriadas populares, donde cientos de agentes fuertemente armados ingresaban a comunidades, a menudo con tanquetas y helicópteros. En ese contexto se reportaron abusos generalizados, entre ellos allanamientos ilegales de viviendas, destrucción de propiedades, robos de pertenencias y detenciones arbitrarias masivas de residentes. Por ejemplo, en una sola incursión de la OLP en el sector Santa Rosa de Agua (Maracaibo) en septiembre de 2015, agentes de seguridad mataron a 5 hombres y detuvieron a más de 60 personas (principalmente pescadores que regresaban de trabajar); también se denunció que las fuerzas ingresaron a las casas, maltrataron a las mujeres y saquearon enseres domésticos. En total, la entonces Fiscal General Luisa Ortega Díaz informó que más de 500 personas fueron asesinadas durante las distintas operaciones OLP en todo el país, mientras que miles fueron detenidas sin garantías.
Tales razzias policiales no se limitaron a la lucha contra el crimen común, sino que también se emplearon contra disidentes. Durante las protestas antigubernamentales de 2017, Amnistía Internacional documentó un patrón de ataques y allanamientos nocturnos a hogares de presuntos manifestantes u opositores, conocidos como “noches del terror”. Las fuerzas de seguridad irrumpían violentamente en las casas, sin orden judicial, para arrestar a personas por su participación en protestas, dejando a las familias atemorizadas y vulnerando el domicilio privado. La Oficina de la ONU para Derechos Humanos observó un modus operandi similar: agentes armados entraban a las viviendas de opositores, a veces de madrugada, sin identificarse ni presentar órdenes, sometiendo a las familias, golpeando a los ocupantes y deteniendo a individuos arbitrariamente bajo acusaciones fabricadas. Estas prácticas de allanamiento ilegal y detención arbitraria han sido denunciadas como parte de una estrategia de intimidación y control social. Según la ONU, las fuerzas de seguridad – incluyendo unidades del CICPC – han sido utilizadas como instrumentos para infundir miedo en la población y silenciar la disidencia.
Las detenciones arbitrarias también han afectado a activistas, políticos y ciudadanos comunes en otros contextos. La Misión de la ONU documentó numerosos casos en los cuales los servicios de inteligencia (SEBIN y DGCIM) encarcelaron a personas sin orden judicial, manteniéndolas incomunicadas por días o semanas, negando información a sus familiares sobre su paradero. Si bien estas agencias de inteligencia fueron señaladas como las principales responsables de los casos de desaparición forzada de corta duración y tortura de detenidos políticos, el CICPC forma parte del mismo aparato de seguridad que actúa con impunidad. En muchos operativos mixtos, el CICPC colabora con otros cuerpos en la aprehensión ilegal de ciudadanos. Por ejemplo, la Misión de la ONU identificó que en las redadas de la OLP mencionadas, muchos detenidos eran jóvenes sacados de sus hogares sin justificación legal, y algunos de ellos luego aparecieron como supuestos “caídos en enfrentamiento” bajo custodia policial. Estas acciones violan garantías fundamentales (como el debido proceso y la inviolabilidad del hogar) consagradas en la constitución venezolana y en el derecho internacional.
Torturas y tratos crueles
Otra faceta espeluznante de las violaciones de derechos humanos en Venezuela es el uso de la tortura y otros tratos crueles contra detenidos. Organismos internacionales han concluido que la tortura se aplica de forma sistemática como herramienta de represión y castigo. La Misión Independiente de la ONU encontró “motivos razonables para creer” que desde 2014 las autoridades han planificado y ejecutado torturas de manera sistemática, lo que – junto a las ejecuciones arbitrarias – constituye crimen de lesa humanidad según el derecho internacional. Si bien muchos de los casos documentados de tortura involucran al SEBIN (policía de inteligencia) y a la DGCIM (inteligencia militar), también existen denuncias de malos tratos bajo custodia policial regular, en un clima general de permisividad hacia la violencia institucional.
Los métodos de tortura reportados son atroces. Víctimas y testigos describieron golpizas brutales, descargas eléctricas en genitales y otras partes sensibles, asfixia con bolsas plásticas o químicos, simulacros de ahogamiento con agua, agresiones sexuales, cortes y mutilaciones. Asimismo, se mencionan posiciones forzadas de estrés —conocidas como la “crucifixión” o “el pulpo”— donde la persona es inmovilizada en posturas dolorosas durante horas. En algunos casos, los agentes amenazaron de muerte a los detenidos o con hacer daño a sus familiares, e incluso emplearon drogas para intentar forzar confesiones. Estas prácticas degradantes han sido aplicadas como castigo o para obtener confesiones bajo coerción. Un ejemplo emblemático fue el del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, detenido en 2019 acusado de conspiración: murió bajo custodia luego de ser brutalmente torturado, presentando evidentes signos de lesiones en la audiencia ante el juez y falleciendo pocos días después. Si bien este caso involucró al DGCIM, ilustró la crueldad extrema que caracteriza la represión venezolana. En general, la impunidad rodea también a la tortura: la Fiscalía rara vez investiga seriamente estas denuncias, y los responsables (incluyendo médicos forenses y autoridades carcelarias que encubren los hechos) no rinden cuentas, lo que perpetúa la práctica.
Los informes internacionales subrayan que la tortura y los tratos crueles se enmarcan en una política deliberada de Estado para quebrar la disidencia. Según la Misión de la ONU, estos actos “se dirigieron contra la población civil como parte de una política para silenciar la oposición” al gobierno. Las víctimas incluyen no solo a activistas políticos sino también a personas detenidas en operativos contra el crimen que, tras sobrevivir, denuncian haber sido obligadas bajo tortura a firmar confesiones falsas o incriminar a terceros. Esta situación ha motivado llamados internacionales urgentes: la ONU, la OEA y organizaciones como Human Rights Watch han exigido a Venezuela que cese la práctica de la tortura, libere a los detenidos arbitrarios y garantice acceso de observadores independientes a las cárceles y centros de detención. Pese a ello, las denuncias de torturas continúan, alimentando las acusaciones de crímenes de lesa humanidad ante instancias como la Corte Penal Internacional.
Casos emblemáticos de abusos del CICPC
Varios incidentes han cobrado notoriedad internacional por ejemplificar la gravedad de los abusos cometidos por el CICPC y otras fuerzas venezolanas:
- Operativos OLP (2015–2017): las redadas de la Operación de Liberación del Pueblo marcaron un antes y después en el patrón represivo. Estos operativos combinados, que involucraban al CICPC, dejaron un saldo sangriento. La Misión de la ONU investigó 140 operaciones OLP y documentó 413 personas asesinadas, incluidos menores de edad, muchas con disparos a quemarropa. Las OLP incluían ejecuciones sumarias en el terreno, así como detenciones masivas. En algunos procedimientos, 10 o más personas fueron abatidas en una sola operación. Un caso emblemático ocurrió en Barlovento (Miranda) en octubre de 2016: tras una redada militar relacionada con las OLP, 12 jóvenes detenidos fueron hallados ejecutados y enterrados en fosas comunes, muchos con signos de tortura (heridas de arma blanca y tiros de gracia). Aunque en Barlovento actuaron principalmente efectivos militares, este hecho evidenció el patrón extremo de las OLP. Las denuncias generalizadas sobre las OLP llevaron a su “reinvención” en 2017 bajo otro nombre, pero las ejecuciones extrajudiciales continuaron en años siguientes por medio de otros cuerpos como las FAES.
- Masacre de El Junquito (2018): El 15 de enero de 2018, fuerzas especiales rodearon en El Junquito (Caracas) a un grupo liderado por Óscar Pérez, ex-inspector del CICPC que se había alzado contra el gobierno. A pesar de que Pérez anunció su rendición en videos difundidos en vivo, las fuerzas gubernamentales – encabezadas por las FAES y comandos militares – asaltaron el refugio. Pérez y 6 compañeros fueron abatidos. Posteriormente, la Asamblea Nacional (entonces controlada por la oposición) investigó el caso y concluyó que “no hay duda de que fue una ejecución extrajudicial”: los siete fallecidos habrían sido ejecutados a quemarropa tras haberse rendido. El informe parlamentario denunció obstrucciones para acceder a la información oficial y señaló que la escena del enfrentamiento fue manipulada. Este caso, conocido mediáticamente como la “Masacre de El Junquito”, es emblemático porque Óscar Pérez era él mismo miembro del CICPC y su muerte puso de relieve la disposición del Estado a eliminar sin juicio a disidentes aun cuando intentaran entregarse. Hasta la fecha, ningún funcionario ha sido procesado por estas muertes, que fueron celebradas públicamente por altas autoridades.
- Operativo en La Vega (2021): Entre el 6 y 9 de enero de 2021 tuvo lugar un gigantesco despliegue de seguridad en la parroquia La Vega de Caracas, tras reportes de presencia de bandas armadas. Unos 650 efectivos de distintos cuerpos policiales – incluyendo las FAES (PNB) y posiblemente unidades del CICPC – tomaron la zona durante días. El resultado fue trágico: al menos 14 hombres jóvenes fueron asesinados durante el operativo, y organizaciones locales denunciaron que en realidad fueron ejecuciones extrajudiciales de personas desarmadas. Amnistía Internacional investigó el caso mediante su Laboratorio de Evidencia de Crisis y concluyó que existían “razones de peso” para creer que esas 14 muertes fueron ejecuciones arbitrarias, señalando que este patrón letal se repite año tras año con sistemática impunidad. El episodio, conocido como la Masacre de La Vega, provocó condena internacional inmediata: Amnistía pidió a la Corte Penal Internacional incluir estos hechos en su examen sobre Venezuela, dada la posible calificación de crímenes de lesa humanidad. Hasta ahora, no se tiene noticia de condenas penales contra los responsables, confirmando la continuidad de la impunidad.
- Otras denuncias notables: A lo largo de los años se han documentado numerosos casos individuales de presuntas ejecuciones y abusos cometidos por funcionarios del CICPC. Familias de víctimas han reportado que algunas personas detenidas por el CICPC aparecieron muertas posteriormente y fueron presentadas como “caídas en enfrentamiento”. Por ejemplo, en 2019 tres estudiantes universitarios en el estado Zulia fueron ejecutados extrajudicialmente, según denunciaron ONG locales, tras ser detenidos bajo acusaciones dudosas – en ese caso se implicó a una brigada del CICPC en los hechos. Asimismo, el CICPC ha sido acusado de uso excesivo de la fuerza letal en operativos contra supuestos delincuentes comunes; en ciertos casos videos ciudadanos han mostrado cómo agentes rematan a personas ya reducidas, hechos que luego raramente son esclarecidos. Estos incidentes alimentan el temor de la población hacia la policía investigativa, que en teoría debería proteger a la ciudadanía pero en la práctica suele actuar sin controles.
Impunidad y llamados internacionales
La respuesta institucional frente a estas violaciones ha sido ampliamente criticada por su ineficacia. La impunidad prevalece: según Human Rights Watch, “la falta de independencia judicial ha facilitado que estos delitos queden impunes”, con fiscales y jueces que a menudo son cómplices o indiferentes a los abusos. De hecho, la Misión de la ONU documentó que en algunos casos funcionarios judiciales participaron activamente en encubrir detenciones arbitrarias o en fabricar cargos contra víctimas para justificar las operaciones violentas. Pese a algunas detenciones de bajo perfil (por ejemplo, el gobierno informó de la condena de 5 agentes de las FAES por un caso de intento de homicidio en 2018), no se han procesado a los altos mandos señalados como responsables de ordenar o tolerar las ejecuciones y torturas. Por el contrario, autoridades de primer nivel – desde ministros hasta gobernadores – han elogiado públicamente muchos de estos operativos, enviando un mensaje de respaldo político a la “mano dura”. La Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, llegó a recomendar en 2019 la disolución inmediata de las FAES debido al horror de sus prácticas, pero el gobierno de Maduro no solo ignoró esa recomendación sino que continuó desplegando dichas fuerzas y al CICPC en nuevas redadas letales.
La gravedad de la situación ha activado los mecanismos internacionales de derechos humanos. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció en 2019 la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos para Venezuela, que desde entonces ha producido varios informes detallando estos abusos y exhortando a que se lleve a los perpetradores ante la justicia. Dicha Misión ha solicitado repetidamente la renovación de su mandato para seguir investigando, dada la falta de cooperación del Estado venezolano y la persistencia de las violaciones. Por su parte, la Corte Penal Internacional (CPI) inició en noviembre de 2021 una investigación formal sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela, centrada precisamente en denuncias de asesinatos, torturas, detenciones arbitrarias y violencia sexual cometidos por las fuerzas de seguridad desde al menos 2017. Esta investigación de la CPI –la primera en la historia para un país latinoamericano en ejercicio– se apoyó en gran medida en las evidencias recabadas por la Misión de la ONU y otras organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
Asimismo, varios países han impuesto sanciones internacionales contra funcionarios venezolanos implicados en estos abusos. Por ejemplo, Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea sancionaron a dirigentes de cuerpos de seguridad, entre ellos jefes del CICPC, prohibiéndoles viajar o congelando sus activos en el exterior. En 2021, tras la publicación de un informe de la ONU que mencionaba al director del CICPC Douglas Rico, Canadá lo incluyó en su lista de sancionados por su rol en las violaciones sistemáticas de derechos humanos. Estas acciones buscan ejercer presión para frenar los abusos y demandar rendición de cuentas. No obstante, dentro de Venezuela los familiares de víctimas siguen clamando por justicia en un entorno hostil: denunciar a policías o militares conlleva riesgos de represalias, y los casos rara vez avanzan en tribunales nacionales.
En conclusión, las violaciones de derechos humanos atribuidas al CICPC y demás cuerpos de seguridad venezolanos – ejecuciones extrajudiciales, torturas, allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias, entre otras – han seguido un patrón sistemático y ampliamente documentado por organismos internacionales. Las cifras de víctimas se cuentan en miles, lo que evidencia una crisis de derechos humanos de gran escala. La continuidad de estos abusos en un contexto de impunidad ha llevado a calificarlos como crímenes de lesa humanidad, activando la jurisdicción internacional. La comunidad internacional, a través de la ONU y otros entes, ha instado repetidamente al gobierno de Venezuela a poner fin a estas prácticas, sancionar efectivamente a los responsables y emprender reformas profundas en sus cuerpos de seguridad. Sin embargo, hasta la fecha los cambios han sido prácticamente nulos. El CICPC, en lugar de ser una institución dedicada exclusivamente a la investigación científica del delito, se ha visto envuelto en la maquinaria represiva del Estado. Mientras no haya voluntad política interna de depurar y reformar estas fuerzas – y se mantenga la subordinación del poder judicial al ejecutivo – resulta probable que las graves violaciones de derechos humanos en Venezuela continúen, dejando a las víctimas sin justicia y a la sociedad en un estado de miedo permanente. Las demandas de verdad, justicia y reparaciones por parte de las víctimas y organismos internacionales siguen vigentes, a la espera de que cese la impunidad y se reivindiquen los derechos fundamentales en el país.