¿Qué es el SEBIN? El brazo represivo del gobierno de Venezuela

El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) es la policía de inteligencia civil de Venezuela, frecuentemente señalada como brazo represivo del gobierno. Numerosos informes de organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos han documentado graves violaciones de derechos humanos atribuidas al SEBIN en el contexto de la represión de (Informe Mundial 2022: Venezuela – Human Rights Watch) la política. Estas violaciones –que incluyen detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y otros abusos– forman parte de un patrón sistemático identificado como posible crimen de lesa humanidad por la misión de la ONU establecida en 2019. En este (Seis claves del reciente informe de la ONU que acusa a altos funcionarios de Venezuela) tallan los tipos de violaciones atribuidos al SEBIN, los períodos más críticos de su actuación, el perfil de las víctimas, los centros de detención clave (como El Helicoide y La Tumba), los nombres de funcionarios implicados según fuentes con (Informe Mundial 2023: Venezuela | Human Rights Watch) documentación existente (ONU, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, ONGs venezolanas) y la reacción del Estado venezolano ante estas denuncias. El objetivo es ofrecer una visión integral, basada en fuentes verificadas, sobre el papel del SEBIN en la represión de la disidencia en Venezuela.

Tipos de violaciones de derechos humanos atribuidas al SEBIN

Diversas fuentes han coincidido en las prácticas represivas empleadas por el SEBIN contra opositores y ciudadanos críticos. A continuación se resumen los principales tipos de violaciones documentados:

• Detenciones arbitrarias: el SEBIN realiza arrestos sin orden judicial contra activistas, políticos opositores y manifestantes, violando el debido proceso (Informe Mundial 2022: Venezuela | Human Rights Watch) se han reportado miles de detenciones políticas sin garantías legales; según Foro Penal, entre 2014 y junio de 2022 hubo 15.770 arrestos arbitrarios por motivos políticos en Venezuela. Estos arrestos suelen ocurrir por la mera participación en protestas o por criticar al gobierno, configurando un patrón sistemático de persecución política.
• Desapariciones forzadas de corta duración: frecuentemente, tras la detención, se mantiene a los detenidos incomunicados y en paradero desconocido por días o semanas. Estas desapariciones breves buscan sembrar terror e impedir controles legales. Human Rights Watch señaló que fuerzas de seguridad de Maduro, incluido el SEBIN, han incurrido en “desapariciones forzadas de corta duración” antes de poner a disposición de tribunales a opositores detenidos. Durante ese periodo, los (Informe Mundial 2023: Venezuela | Human Rights Watch) abogados ignoran el paradero de la víctima, lo que constituye una desaparición forzada según estándares internacionales.
• Tortura y tratos crueles: numerosos detenidos políticos han denunciado torturas físicas y psicológicas por parte de agentes del SEBIN, con el fin de obtener confesiones o castigar la disidencia. Estas prácticas incluyen golpizas, asfixia con bolsas plásticas o químicos, descargas eléctricas (Una ONG documentó 91 casos de torturas en Venezuela bajo el …), simulacros de ahogamiento (waterboarding), posiciones de estrés como la “crucifixión” (colgar al detenido de las esposas) y privación sensorial. Un informe de organizaciones venezolanas señala que los centros de detención del SEBIN se han convertido en “notorios centros de tortura”, donde se aplica sistemáticamente tratos crueles e inhumanos como política de Estado. La ONU documentó detenidos políticos en protestas desde 2014 sufrieron algún tipo de maltrato, en muchos casos constitutivo de tortura. Estas torturas han causado graves lesiones, traumas psicológicos e incluso la muerte de detenidos bajo custodia (ver más adelante casos emblemáticos).
• Violencia sexual: un aspecto particularmente grave documentado recientemente es la utilización de la violencia sexual como método de tortura. La Misión Independiente de la ONU encontró evidencia de que agentes del SEBIN perpetraron violencia sexual contra detenidos de ambos sexos para obtener información o humillarlos. Entre los abusos reportados se incluyen amenazas de violación, penetración forzada durante requisas “en busca de contrabando”, tocamientos agresivos y uso de objetos para agredir sexualmente. En otros casos, agentes amenazaron con violar a las esposas o hijas de los detenidos como forma de coacción. Estos actos de violencia sexual, además de constituir tortura, violan la integridad y dignidad de las víctimas de manera extrema.
• Vigilancia e intimidación ilegal: como policía de inteligencia, el SEBIN también ha sido acusado de llevar a cabo vigilancia ilícita, espionaje y hostigamiento contra objetivos políticos. Intercepciones telefónicas, seguimiento de opositores y allanamientos sin orden a domicilios o oficinas de activistas forman parte de su repertorio. El exdirector del SEBIN, Manuel Cristopher Figuera, confesó a la ONU que durante su gestión informaba a diario a la Vicepresidencia sobre escuchas telefónicas y vigilancia realizadas a políticos opositores. Esta operación de espionaje (Venezuela cambia a jefe de servicio de inteligencia sancionado por EEUU y Europa | Reuters) carece de control judicial y evidencia el rol del SEBIN como herramienta para monitorear y amedrentar a quienes disienten.
• Homicidios y muertes bajo custodia: si bien el SEBIN no es un cuerpo de seguridad de orden público, se le responsabiliza por ciertas muertes de detenidos bajo su custodia, lo que se consideran ejecuciones extrajudiciales encubiertas. Un caso emblemático es el del concejal Fernando Albán, detenido por el SEBIN en 2018 y quien murió bajo custodia al caer del 10º piso de la sede del SEBIN (El Helicoide). Las autoridades alegaron suicidio, pero organizaciones y la oposición denunciaron que fue (Venezuela cambia a jefe de servicio de inteligencia sancionado por EEUU y Europa | Reuters) forzado tras torturas. En otro caso, la joven Daniela Figueredo (19 años), detenida en El Helicoide en 2020, fue asesinada de un disparo en el rostro en marzo de 2021 por un funcionario que intentó abusarla sexualmente, según denunció la ONG Una Ventana a la Libertad. Estos hechos reflejan el riesgo mortal al que se exponen los presos en manos del SEBIN. Adicionalmente, exagentes han revelado que hubo “listas” de personas a ejecutar o torturar, indicadas por altos mandos, aunque muchas de esas acciones letales han sido perpetradas más por unidades policiales especiales (como FAES) que por el SEBIN directamente. No obstante, la falta de atención médica en detención, las torturas prolongadas y la violencia en las celdas del SEBIN han derivado en varias muertes que engrosan la lista de violaciones a la vida imputables al aparato represivo.

En síntesis, el SEBIN ha incurrido en prácticamente todo el espectro de violaciones: privación arbitraria de libertad, tratos crueles y tortura física/psicológica, abusos sexuales, desapariciones temporales, persecución extralegal y hasta muertes violentas. Estas acciones (Informe Mundial 2023: Venezuela | Human Rights Watch) no son hechos aislados, sino parte de una práctica sistemática destinada a silenciar a la oposición mediante el miedo y el castigo ejemplar.

Períodos críticos de actuación represiva

Si bien el SEBIN ha operado como órgano de inteligencia desde su creación (2009, en reemplazo de la antigua DISIP), su papel represivo se intensificó marcadamente desde 2014 en adelante, coincidiendo con los momentos de mayor conflictividad política en Venezuela. A continuación, se señalan los períodos más críticos en los que el SEBIN desplegó (Informe Mundial 2023: Venezuela | Human Rights Watch) medidas represivas:

• 2014 – Protestas de “La Salida”: tras la ola de protestas antigubernamentales de febrero a junio de 2014, el SEBIN participó en la represión de manifestantes y opositores. Aunque la mayor parte de las muertes en protestas de 2014 se atribuyen a la Guardia Nacional y policías, el SEBIN estuvo involucrado en detenciones de líderes estudiantiles y opositores acusados de promover las protestas. Ese año marcó el inicio de una política sistemática de criminalización de la protesta: decenas de activistas (como Leopoldo López, detenido en febrero 2014) fueron encarcelados por el SEBIN o en operativos coordinados. Desde entonces, las manifestaciones pacíficas serían respondidas con detenciones masivas y procesamiento de civiles en tribunales militares.
• 2016 – Operación “Guillotina”: en 2016, aunque no hubo protestas multitudinarias, el gobierno denunció supuestos complots golpistas. El SEBIN llevó a cabo numerosas detenciones de militares y civiles acusados de conspiración. Fuentes de derechos humanos indican que 2016 fue uno de los años con mayor número de presos en El Helicoide. Se destacaron casos como el de (Venezuela cambia a jefe de servicio de inteligencia sancionado por EEUU y Europa | Reuters) Raúl Baduel (opositor a Chávez, aunque su muerte ocurrió años después bajo custodia del DGCIM) y detenciones de dirigentes opositores previo al referéndum revocatorio (que finalmente fue cancelado). Estos operativos evidenciaron al SEBIN actuando contra presuntos “enemigos internos” incluso en ausencia de protestas callejeras.
• 2017 – Oleada de protestas y Constituyente: entre abril y julio de 2017, Venezuela vivió protestas casi diarias contra el gobierno de Nicolás Maduro, reprimidas con saldo trágico. El SEBIN, como policía política, arrestó a numerosos dirigentes opositores, concejales, alcaldes y manifestantes durante y después de las protestas. Hubo cientos de presos políticos nuevos recluidos en el Helicoide y La Tumba en 2017, siendo este uno de los picos históricos de detenciones. La instalación de la Asamblea Constituyente en agosto 2017 acentuó la cacería de disidentes: el SEBIN (Seis claves del reciente informe de la ONU que acusa a altos funcionarios de Venezuela) encarceló a varios alcaldes opositores (como Alfredo Ramos, Enzo Scarano) y a diputados desaforados. (“Agentes del SEBIN perpetraron actos de violencia sexual contra detenidos”, dice informe de la Misión Independiente | El Estímulo) Además incrementó la vigilancia sobre ONG y periodistas críticos ese año. 2017 es recordado como un período de represión generalizada, con más de 120 fallecidos (“Agentes del SEBIN perpetraron actos de violencia sexual contra detenidos”, dice informe de la Misión Independiente | El Estímulo) y miles de detenidos, donde el SEBIN jugó un rol en la persecución selectiva de líderes de la oposición (Seis claves del reciente informe de la ONU que acusa a altos funcionarios de Venezuela).
• 2018 – Postelección y caso del “dron”: luego de las controversiales elecciones presidenciales de mayo 2018 (no reconocidas por la oposición), la intimidación continuó. En agosto de 2018 ocurrió un supuesto atentado con drones explosivos contra Maduro, el (“Agentes del SEBIN perpetraron actos de violencia sexual contra detenidos”, dice informe de la Misión Independiente | El Estímulo) SEBIN emprendió detenciones de adversarios acusados de magnicidio. En ese contexto fueron arrestados el diputado Juan Requesens (acusado de complicidad en el atentado) (“Agentes del SEBIN perpetraron actos de violencia sexual contra detenidos”, dice informe de la Misión Independiente | El Estímulo) y otras varias personas, muchas de los cuales denunciaron torturas. También en octubre de 2018 ocurrió el caso de Fernando Albán, cuyo deceso mientras estaba detenido en el SEBIN generó una gran condena internacional. La presión por este escándalo llevó a la destitución momentánea del director del SEBIN (González López) en ese entonces. En general, 2018 mantuvo un alto número de presos políticos; de hecho, la ONU señala 2018 como otro año de máxima ocupación de celdas en El Helicoide.
• 2019 – Auge de la crisis y gobierno interino: a inicios de 2019, la juramentación del líder opositor Juan Guaidó como presidente interino desencadenó masivas manifestaciones y un nuevo ciclo represivo. El SEBIN detuvo temporalmente al propio Guaidó (23 de enero de 2019, en un hecho breve) y mantuvo arrestos de colaboradores cercanos: Roberto Marrero (jefe de despacho de Guaidó) fue apresado en marzo 2019 bajo cargos de terrorismo; también fueron detenidos diputados como Edgar Zambrano (vicepresidente de la Asamblea Nacional) en mayo 2019. El 30 de abril de 2019 ocurrió un levantamiento cívico-militar encabezado por Guaidó y Leopoldo López; tras su fracaso, el SEBIN intensificó la represión: hubo allanamientos y detenciones de (Gustavo González López – Wikipedia, la enciclopedia libre) agentes fieles a Guaidó, y algunos agentes del SEBIN (incluido el entonces director Figuera) desertaron. Maduro reinstaló a González López al mando del SEBIN justo después de esta asonada. Durante 2019, la represión dejó decenas de presos políticos (“Agentes del SEBIN perpetraron actos de violencia sexual contra detenidos”, dice informe de la Misión Independiente | El Estímulo) que si bien algunos fueron liberados en gestos hacia diálogos, el SEBIN continuó como pieza clave para neutralizar al gobierno interino.
• 2020–2021 – Consolidación autoritaria: en estos años, con menor movilización popular (en parte por la pandemia de COVID-19 y el exilio masivo), el SEBIN siguió persiguiendo a voces disidentes de forma más selectiva. Se destacó la detención de Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes, en julio 2021 (acusado de “traición” tras denunciar presencia de grupos armados irregulares), así como hostigamiento a periodistas y activistas. La ONU registró que continuaron las torturas, malos tratos y detenciones arbitrarias pese a la disminución de protestas masivas. El SEBIN, junto al DGCIM, enfocó su accionar en presuntos conspiradores internos (militares disidentes, exministros chavistas críticos, etc.) y en amedrentar a la sociedad civil organizada.
• 2022–2023 – Detenciones aisladas y coacción: si bien a partir de 2022 la conflictividad callejera bajó, el SEBIN siguió siendo usado contra objetivos específicos. Hubo casos como la detención en 2022 de (Torturados en el Sebin – PROVEA) opositores vinculados a protestas laborales, y reportes de vigilancia intensa a posibles precandidatos presidenciales. Organizaciones como Amnistía Internacional denunciaron la “incesante persecución y represión” contra disidentes, (Torturados en el Sebin – PROVEA) decenas de detenciones arbitrarias y torturas pese a la ausencia de protestas multitudinarias. El patrón parecería indicar una represión de “baja intensidad” pero constante, manteniendo siempre alrededor de 240–260 presos políticos en prisión en cualquier momento.

En suma, los años 2014–2019 fueron los más críticos en términos de represión abierta y números de detenidos por el SEBIN. Especialmente 2017 y 2018 destacaron por la cantidad de presos políticos recluidos en sus centros de detención. No obstante (Seis claves del reciente informe de la ONU que acusa a altos funcionarios de Venezuela) después de 2019 la represión no cesó, sino que mutó a formas más focalizadas: las violaciones continuaron de forma sistemática pero menos visible, señalando la permanencia de la política de Estado de neutralizar la disidencia. La Misión de la ONU concluyó que desde al menos 2014 ha existido un “ataque generalizado y sistemático” contra la población civil opositora, cumpliendo los criterios de crímenes de lesa humanidad.

Perfil de las víctimas del SEBIN

El blanco de las acciones del SEBIN ha sido un amplio espectro de la sociedad venezolana, concentrado (Seis claves del reciente informe de la ONU que acusa a altos funcionarios de Venezuela) en manifestantes que se perciben como adversarios políticos del chavismo. De acuerdo con las investigaciones de la ONU y Human Rights Watch (Seis claves del reciente informe de la ONU que acusa a altos funcionarios de Venezuela) (“Agentes del SEBIN perpetraron actos de violencia sexual contra detenidos”, dice informe de la Misión Independiente | El Estímulo) (“Agentes del SEBIN perpetraron actos de violencia sexual contra detenidos”, dice informe de la Misión Independiente | El Estímulo) las detenciones del SEBIN (Informe Mundial 2023: Venezuela | Human Rights Watch) son contra líderes y figuras (Informe Mundial 2022: Venezuela | Human Rights Watch) (Informe Mundial 2023: Venezuela | Human Rights Watch) de dirigentes de partidos opositores (Torturados en el Sebin – PROVEA) (Venezuela cambia a jefe de servicio de inteligencia sancionado por EEUU y Europa | Reuters) (Venezuela cambia a jefe de servicio de inteligencia sancionado por EEUU y Europa | Reuters) al oficialismo que han sido detenidos o vigilados por el SEBIN. Ejemplos notables incluyen a diputados de oposición (Juan Requesens, Gilber Caro, Freddy Guevara, entre otros) arrestados bajo cargos dudosos, o concejales como Fernando Albán (fallecido en custodia). También exfuncionarios chavistas disidentes han sido blanco; por ejemplo, el general Miguel Rodríguez Torres (exministro de Chávez que rompió con Maduro) fue detenido por el SEBIN en 2018. El criterio común es que cualquiera que represente liderazgo político capaz de desafiar al gobierno puede convertirse en objetivo.

• Activistas sociales y de derechos humanos: miembros de movimientos sociales, ONGs y defensores de derechos humanos han sufrido persecución. Líderes estudiantiles (como los jóvenes que encabezaron protestas universitarias) fueron detenidos en distintas oleadas; por ejemplo, Lorent Saleh y Gabriel Valles, activistas estudiantiles detenidos en 2014, pasaron años en La Tumba sufriendo aislamiento extremo antes de ser exiliados en 2018. Defensores de derechos humanos y miembros de ONGs (PROVEA, Foro Penal, etc.) han denunciado seguimientos, amenazas y arrestos por parte del SEBIN. Un caso emblemático es el de Javier Tarazona (Fundaredes), defensor de DDHH detenido en 2021 tras denunciar vínculos del gobierno con guerrilla extranjera. Estas acciones buscan amedrentar a la sociedad civil organizada.
• Manifestantes y ciudadanos comunes: durante las protestas, cientos de ciudadanos sin liderazgo conocido fueron detenidos arbitrariamente por el SEBIN y otras fuerzas. Se trata de jóvenes estudiantes, profesionales, amas de casa e incluso menores de edad que participaron en manifestaciones o expresaron críticas en redes sociales. Si bien muchos fueron liberados bajo medidas cautelares, otros terminaron procesados y encarcelados por largo tiempo. Organizaciones estiman que la mayoría de los presos políticos de base (sin perfil público) provienen de detenciones en protestas, acusados de delitos como instigación al odio, rebelión o terrorismo sin pruebas firmes. El objetivo es disuadir la participación ciudadana mediante el miedo a ser detenido.
• Militares y policías disidentes: aunque los asuntos militares recaen más en la DGCIM, el SEBIN también ha intervenido contra personal de Fuerzas Armadas o cuerpos de seguridad sospechosos de conspirar. Oficiales de rango medio y bajo, algunos vinculados a intentos de alzamiento (ej. los involucrados en la Operación Jericó de 2015 o el movimiento del 30A 2019), fueron capturados en ocasiones con apoyo del SEBIN. También exmiembros de seguridad (como el piloto Óscar Pérez, quien se rebeló en 2017, rastreado por inteligencia hasta su muerte en 2018) cayeron bajo la mira. Estas víctimas dentro de las filas castrenses reflejan purgas internas para evitar disidencia en los organismos de seguridad.
• Periodistas y comunicadores: el SEBIN ha detenido e interrogado a periodistas nacionales y extranjeros que investigaban corrupción o abusos. Casos como el del periodista Luis Carlos Díaz (detenido brevemente en 2019 acusado falsamente de sabotaje) o la expulsion de corresponsales internacionales muestran la intimidación a la prensa. Asimismo, el SEBIN realiza espionaje electrónico contra medios y ha allanado oficinas de portales de noticias digitales críticos, confiscando equipos. Los defensores de la libertad de expresión señalan que estos actos buscan censurar y autocensurar a la prensa.
• Familiares de militares sublevados u opositores: ha habido denuncias de represalias contra familiares. Por ejemplo, parientes de militares buscados se han visto detenidos temporalmente como forma de presión (secuestros breves para obligar entregas). También familiares de opositores en el exilio han sufrido hostigamiento. Esto amplía el círculo de víctimas a personas cuya única “culpa” es tener algún vínculo con un disidente, configurando persecución por asociación.

En resumen, las víctimas del SEBIN abarcan opositores reales y percibidos de todo tipo: políticos de alto perfil, activistas de base, jóvenes manifestantes, militares desafectos, periodistas incómodos e incluso allegados a todos los anteriores. Un informe de la ONU confirmó que los criterios para seleccionar objetivos incluían la participación en supuestos complots, posición de liderazgo o potencial de liderazgo, críticas públicas al gobierno, o incluso la posibilidad de extorsionarlos. Esto revela que la maquinaria del SEBIN no actúa al azar: apunta estratégicamente a quienes representan una amenaza –presente o futura– para la continuidad del régimen. El resultado ha sido una sociedad civil amedrentada, donde cualquiera que alce su voz contra el poder sabe que puede convertirse en víctima de vigilancia, cárcel o tortura.

Instalaciones y centros de detención clave del SEBIN

El Helicoide, un edificio con forma de espiral en Caracas, es la sede más emblemática del SEBIN y ha funcionado como centro de reclusión de presos políticos. Originalmente concebido como centro comercial en los años 50, el complejo fue acondicionado como cárcel de facto. Organizaciones de derechos humanos señalan que El Helicoide se ha utilizado para detener a disidentes políticos y es conocido como uno de los principales “centros de tortura” de América. Testimonios de exdetenidos y numerosos informes describen condiciones infrahumanas en sus calabozos: hacinamiento extremo, celdas sin luz natural ni baño, ventilación deficiente y maltrato constante. Una investigación de 2017 reveló que El Helicoide tenía capacidad para ~80 presos pero albergaba alrededor de 340 reclusos (300% de hacinamiento), de los cuales un 80% eran detenidos por motivos políticos. En esas celdas los presos corren permanente riesgo de tratos crueles y torturas, que van desde golpizas hasta métodos sofisticados de tormento físico. De hecho, se han documentado en El Helicoide métodos de tortura como la “crucifixión” (colgar al prisionero esposado de un objeto fijo), asfixia con bolsas plásticas con químicos, sumersiones en agua, descargas eléctricas en genitales, y combinaciones de golpes con otros tormentos. Durante años, presos políticos de alto perfil –estudiantes, activistas, incluso extranjeros como el estadounidense Joshua Holt– estuvieron recluidos allí. En mayo de 2018, los presos del Helicoide se amotinaron para denunciar sus condiciones, logrando visibilizar internacionalmente la situación. En esa protesta, difundieron que muchos llevaban años sin juicio, enfermos sin atención médica y sometidos a torturas. El Helicoide simboliza así la cara represiva del SEBIN, un lugar donde la violación de derechos es sistemática y deliberada.

Otra instalación de infame reputación es “La Tumba”, nombre coloquial de un recinto carcelario secreto del SEBIN. La Tumba consiste en un conjunto de celdas de máxima seguridad cinco pisos bajo tierra en la sede del SEBIN ubicada en Plaza Venezuela, Caracas. Fue habilitada alrededor de 2014 para aislar a detenidos políticos considerados especialmente sensibles. Cada celda de La Tumba es un pequeño espacio de aproximadamente 2 x 3 metros, completamente pintado de blanco, con iluminación fluorescente permanente y sin ventanas. Los detenidos allí no ven la luz del sol ni tienen noción del paso del tiempo –una forma de tortura sensorial o “tortura blanca” destinada a quebrar psicológicamente. Además, el ambiente es mantenido a temperatura muy baja (en torno a 10°C constantes) y los presos permanecen en aislamiento prolongado, sin contacto con otros reclusos. Según reportes, La Tumba cuenta con micrófonos y cámaras vigilando cada movimiento, y a los detenidos se les restringe incluso el acceso al baño, debiendo usar recipientes en la celda. Este lugar ha sido utilizado para encarcelar a algunos de los jóvenes activistas más conocidos, por ejemplo, Lorent Saleh pasó allí más de 2 años. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegó a afirmar en 2015 que las condiciones de La Tumba violaban prohibiciones absolutas de tortura, pidiendo su cierre. Lejos de ser un centro oficial de reclusión, La Tumba opera en la clandestinidad del SEBIN para neutralizar totalmente a ciertos presos políticos sin necesidad de infligirles daño físico visible: el aislamiento, la desorientación temporal y el frío intenso actúan como métodos de tortura psicológica. Muchos detenidos desarrollan depresión, alucinaciones o deterioro de salud en esas celdas.

Además de El Helicoide y La Tumba, el SEBIN mantiene otras sedes y “casas de seguridad” usadas para detención. Se ha reportado que en cada estado del país operan sitios clandestinos de reclusión temporal bajo control del SEBIN (y de la DGCIM) para interrogar detenidos antes de trasladarlos a Caracas. Por ejemplo, la sede del SEBIN en Boleíta (Caracas) –oficialmente de la DGCIM– también ha sido señalada como centro de tortura. Igualmente, instalaciones de la policía y la Guardia Nacional en el interior han servido como extensión de las mazmorras del SEBIN cuando detienen opositores de provincias. No obstante, El Helicoide y La Tumba siguen siendo las instalaciones clave y simbólicas: la primera por concentrar la mayor cantidad de presos políticos bajo condiciones brutales, y la segunda por representar el extremo del aislamiento inhumano. Ambos sitios han sido abundantemente documentados por organismos internacionales por su rol en las violaciones de derechos humanos del régimen venezolano.

Responsables y cadena de mando del SEBIN

Las violaciones de derechos humanos cometidas por el SEBIN no son obra de individuos descontrolados, sino que responden a órdenes de una cadena de mando. Diversos funcionarios y agentes han sido señalados como responsables directos o autores intelectuales de estos abusos. Basándose en informes confiables (ONU, sanciones internacionales, denuncias de víctimas), a continuación se identifican algunas de las principales personas presuntamente involucradas:

• Gustavo Enrique González López: General del Ejército, director general del SEBIN en dos períodos (2014–2018 y 2019–2022). González López es considerado el arquitecto clave de la represión mediante el SEBIN durante el gobierno de Maduro. Bajo su mando se produjeron las peores denuncias de tortura y detenciones políticas, por lo cual fue sancionado por EE.UU. y la UE desde 2015. Organizaciones de derechos humanos lo responsabilizan, por ejemplo, de la muerte del concejal Albán en 2018. Un informe de la ONU de 2022 lo identifica con nombre y apellido entre los funcionarios responsables de la maquinaria represiva y torturas del SEBIN. Se le considera muy cercano a Nicolás Maduro y, según exagentes, obedecía también órdenes directas de Diosdado Cabello en cuanto a quién detener o liberar. Su sobrenombre, “El sabueso”, alude a su papel de perseguidor implacable de opositores.
• Manuel Ricardo Cristopher Figuera: General, director del SEBIN entre octubre 2018 y abril 2019, sustituyendo inicialmente a González López. Durante su breve gestión continuaron las prácticas abusivas (por ejemplo, ocurrió la detención del diputado Requesens y otras tras el caso del dron). Sin embargo, Figuera terminó rompiendo con el gobierno al apoyar la intentona de Guaidó el 30A 2019. Tras huir del país, se ha convertido en una fuente denunciante: confesó detalles a la ONU sobre las operaciones de vigilancia masiva del SEBIN y la implicación directa de Miraflores en las órdenes. Si bien como director fue responsable de la agencia, hoy sus testimonios apuntan a niveles superiores (dando a entender que seguía órdenes de Maduro). Fue sancionado por EE.UU. en 2019, aunque levantaron sanciones tras su colaboración.
• Carlos Alberto Calderón Chirinos: Comisario del SEBIN conocido por comandar los interrogatorios en El Helicoide, señalado como uno de los principales operadores de tortura. Calderón (apodado “el policía malo”) habría dirigido personalmente sesiones de tortura contra presos políticos e incluso contra familiares, según denuncias de víctimas y exfuncionarios. La Misión de la ONU 2022 lo incluyó en la lista de siete funcionarios identificados por su responsabilidad en torturas sistemáticas. Se le menciona como subordinado de confianza de González López, ejecutando sus órdenes más duras. Ana Karina García, activista de Voluntad Popular, denunció públicamente a Calderón por torturarla durante su detención en 2014. Su nombre también figura en testimonios sobre abusos sexuales en interrogatorios. Calderón personifica al agente de inteligencia que ejecuta el tormento físico directo, siendo uno de los más temidos dentro de El Helicoide.
• Ronny González Montesinos: otro funcionario identificado por la ONU entre los responsables de torturas. Poco se sabe públicamente de él; se trataría de un agente de inteligencia implicado en casos de violencia sexual contra detenidos, según informes extraoficiales. Su inclusión en la lista de la Misión ONU indica su alto grado de participación en abusos, posiblemente como jefe de alguna unidad operativa del SEBIN.
• Iván Hernández Dala: General de la Guardia Nacional, jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) desde 2014. Si bien Hernández Dala encabeza el órgano de inteligencia militar (paralelo al SEBIN), su nombre aparece en listados junto a jefes del SEBIN por la coordinación represiva entre ambas agencias. La ONU lo señaló por crímenes de lesa humanidad en la DGCIM y fue sancionado por EE.UU. (2019). Se menciona aquí porque el SEBIN y la DGCIM con frecuencia actúan conjuntamente contra opositores (civiles y militares respectivamente), bajo directrices comunes del gobierno. Hernández Dala y González López eran los dos pilares de inteligencia represiva, ambos respondiendo a la cúpula política.
• Rafael Franco Quintero: Coronel del Ejército, exdirector de Investigaciones de la DGCIM. Aunque formalmente de la DGCIM, Franco Quintero trabajó estrechamente con el SEBIN en varios operativos. La Misión ONU 2022 lo nombró por su papel en torturas y violencia sexual. De hecho, fue jefe de interrogatorios en la DGCIM-Boleíta, donde pasaban algunos civiles detenidos. Se alega que coordinaba con agentes del SEBIN métodos de tortura. Su caso refleja que no hay una estricta división entre violaciones cometidas por SEBIN vs DGCIM –ambos organismos han compartido personal y tácticas.
• Otros agentes y médicos involucrados: además de estos nombres de alto perfil, se sabe que múltiples agentes subalternos del SEBIN participaron en torturas. Algunos testimonios mencionan alias o nombres parciales. Por ejemplo, un exdetenido refiere que cierto “El Negro” era invocado como amenaza de violación. También se ha denunciado la complicidad de médicos forenses del SEBIN que encubrían lesiones de tortura en certificados de salud. Aunque no identificados aquí por nombre, estos colaboradores necesarios permiten la continuidad de los abusos.
• Autoridades políticas: si bien no pertenecen formalmente al SEBIN, los máximos responsables políticos del país figuran como autores intelectuales en la cadena de mando. La Misión de la ONU estableció que Nicolás Maduro, como Presidente, daba órdenes directas al director del SEBIN sobre a quién vigilar, detener o incluso torturar. También concluyó que la Vicepresidenta Delcy Rodríguez conocía de estos crímenes y, teniendo autoridad sobre el SEBIN, no hizo nada para evitarlos. Asimismo, Diosdado Cabello (número dos del chavismo) ejercía una “influencia significativa” dentro del SEBIN, dando órdenes extraoficiales al director y teniendo “sus propios presos” en El Helicoide. En pocas palabras, la estructura de poder civil está implicada: las violaciones del SEBIN no son excesos autónomos, sino política de Estado orquestada desde la cúspide.

En conclusión, las responsabilidades abarcan tres niveles: los autores materiales (agentes/interrogadores que ejecutan torturas y detenciones), los mandos intermedios (directores y comisarios que ordenan y supervisan los abusos), y la cúpula gubernamental (que diseña la estrategia represiva y emite las órdenes finales). Esta cadena de mando ha garantizado hasta ahora la impunidad: ninguno de los altos jerarcas del SEBIN ha enfrentado justicia independiente, y los pocos agentes procesados han sido casos contados (ver siguiente sección). La claridad en la identificación de responsables, no obstante, ha aumentado gracias a informes internacionales recientes, lo cual podría allanar el camino a futuros procesos de rendición de cuentas.

Documentación de organismos internacionales y ONGs venezolanas

Las denuncias contra el SEBIN. Documentación internacional y denuncias de ONGs

Las violaciones del SEBIN están sólidamente documentadas por organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos, que coinciden en denunciar un patrón sistemático de represión. En 2019, la Alta Comisionada de la ONU Michelle Bachelet presentó un informe exhaustivo sobre Venezuela que ya detallaba detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos cometidos por cuerpos de seguridad como el SEBIN. Posteriormente, la Misión Internacional Independiente de la ONU (establecida en 2019) ha publicado informes anuales (2020, 2021, 2022) profundizando en estos hallazgos: en 2020 confirmó casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y tratos crueles desde 2014; y en 2022 dedicó un informe completo a los servicios de inteligencia (SEBIN y DGCIM), concluyendo que sus abusos fueron parte de una política deliberada de Estado para reprimir a la disidencia, constitutiva de crímenes de lesa humanidad. La Misión de la ONU recopiló decenas de testimonios directos de víctimas, familiares y exfuncionarios, con material probatorio que ha servido también para que la Corte Penal Internacional abra en 2021 una investigación formal sobre Venezuela.

Organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han emitido numerosos comunicados y reportes anuales con hallazgos similares. HRW, por ejemplo, en sus Informes Mundiales de 2020 a 2023 ha documentado que el gobierno venezolano, a través del SEBIN y otras fuerzas, encarceló opositores, torturó detenidos, reprimió manifestantes y realizó desapariciones forzadas breves, todo ello en clima de impunidad por la complicidad del sistema judicial. Amnistía Internacional ha calificado la situación como una “persecución incesante”: “Quienes criticaban al gobierno de Maduro eran objeto de detención arbitraria, desaparición forzada y tortura con la aquiescencia del sistema de justicia”, señaló AI en 2020. Asimismo, informes especiales de Amnistía (por ejemplo, “Esto no es vida” de 2019) relatan casos de opositores sometidos a tratos crueles y tortura en centros del SEBIN. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también ha otorgado medidas cautelares para presos en El Helicoide y La Tumba, reconociendo el riesgo grave a su integridad.

En cuanto a las ONG venezolanas, han sido fundamentales en visibilizar estos abusos. El Foro Penal lleva un registro continuo de presos políticos: sus datos son referencia obligada (por ejemplo, contabilizó 245 presos políticos activos a octubre de 2022). PROVEA, organización decana en Venezuela, en sus informes anuales ha documentado cientos de casos de tortura y detenciones arbitrarias atribuidas al SEBIN, llegando a calificar la represión como “terrorismo de Estado”. En 2019 PROVEA reportó 574 detenciones por motivos políticos y patrones de tortura generalizados, y en 2022 registró 91 víctimas de tortura y 2 muertes por tortura en el país. Otras ONGs como Justicia, Encuentro y Perdón, Una Ventana a la Libertad, COFAVIC, Un Mundo Sin Mordaza y Defiende Venezuela han aportado informes detallando las condiciones de los detenidos del SEBIN, estadísticas de abusos y la identificación de perpetradores. Muchas de estas organizaciones han trabajado conjuntamente con la oficina de la ONU (ACNUDH) aportando información para los reportes internacionales.

En suma, existe un amplio consenso internacional sobre la responsabilidad del SEBIN en gravísimas violaciones de derechos humanos. Las evidencias recopiladas en informes de la ONU, HRW y Amnistía, junto con la documentación local de ONG venezolanas, no solo corroboran los testimonios de las víctimas, sino que dibujan un panorama coherente: el SEBIN ha operado durante años como un instrumento de represión sistemática, con patrones repetitivos de abuso que difícilmente podrían ocurrir sin la anuencia de las más altas autoridades. Esta voluminosidad de documentación ha llevado a que en la arena internacional Venezuela sea considerada un Estado represor; por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha extendido el mandato de la Misión de determinación de hechos sobre Venezuela en repetidas ocasiones, y diversos Estados han introducido resoluciones de condena basadas en estos hallazgos.

Reacción del Estado venezolano ante las denuncias

La respuesta oficial del gobierno venezolano a estas acusaciones de violaciones de derechos humanos por el SEBIN ha sido principalmente de negación, descalificación y escasas acciones cosméticas. En repetidas ocasiones, el presidente Nicolás Maduro y sus funcionarios han negado la existencia de presos políticos en Venezuela, calificando a los detenidos como “terroristas” o “conspiradores financiados por potencias extranjeras”. Ante denuncias de torturas, la respuesta estatal ha sido el silencio o la burla: el Fiscal General designado por el gobierno, Tarek William Saab, llegó a tildar de “hechiceros de la necrofilia” a quienes cuestionaron la versión oficial sobre la muerte de Albán, acusándolos de usar políticamente el caso. En general, las autoridades no reconocen que el SEBIN cometa violaciones, y atribuyen las acusaciones a una “campaña mediática” de la oposición.

Pese a la negativa, ha habido algunas medidas puntuales bajo presión internacional. Por ejemplo, tras la muerte del concejal Fernando Albán en 2018 y la condena mundial subsiguiente, el gobierno removió (temporalmente) al director del SEBIN Gustavo González López y anunció la investigación del hecho. Finalmente, dos agentes de bajo rango del SEBIN fueron imputados y condenados por “homicidio culposo” en el caso Albán (alegando negligencia por supuestamente no impedir su suicidio). Sin embargo, no se investigó ninguna cadena de mando ni se aceptó que hubiese asesinato; organizaciones denuncian que fue un encubrimiento. De modo similar, tras la muerte del capitán Rafael Acosta (bajo custodia DGCIM en 2019), se procesó solo a dos suboficiales por cargos menores. Estas acciones son vistas como chivos expiatorios para aplacar críticas, sin tocar a los verdaderos responsables ni detener la práctica de la tortura.

El Estado venezolano sí ha realizado algunos gestos conciliatorios superficiales en respuesta a la presión. Por ejemplo, en varias ocasiones (2018, 2019, 2020) liberó a decenas de presos políticos o les otorgó arresto domiciliario, usualmente en el marco de diálogos o visitas de mediadores internacionales. No obstante, esas liberaciones suelen ser insuficientes y condicionadas –mientras unos salen, nuevos detenidos engrosan la lista–. También se han anunciado reformas legales: en 2021 la Asamblea Nacional oficialista reformó el Código Procesal Penal teóricamente para restringir la duración de la prisión preventiva, pero en la práctica no cambió la situación, pues más de 100 presos políticos siguieron presos excediendo los límites legales. Igualmente, el gobierno creó entes como la Comisión de la Verdad (instalada en la Constituyente 2017) que ha emitido informes negando sistemáticamente las denuncias opositoras y respaldando la versión oficial.

En términos de colaboración con mecanismos internacionales, el Estado ha mostrado una ambivalencia: permitió el ingreso de la oficina de ACNUDH en el país a partir de 2019 y mantiene un diálogo formal con la ONU, pero corta el acceso a los lugares de detención más sensibles (desde 2022 el ACNUDH ya no tiene permiso para visitar presos políticos). Asimismo, Venezuela rechazó enérgicamente los informes de la Misión Independiente de la ONU, acusándolos de “parcializados”. El gobierno de Maduro no ha aceptado responsabilidad alguna en crímenes de lesa humanidad; por el contrario, ha tratado de bloquear la investigación de la Corte Penal Internacional alegando que el sistema de justicia nacional puede ocuparse (algo desmentido por la persistente impunidad).

En síntesis, la reacción del Estado venezolano ha consistido en negar y desinformar sobre las violaciones del SEBIN, proteger a los altos mandos implicados (ninguno ha enfrentado justicia real) y hacer solo cambios cosméticos cuando la presión es muy fuerte. Lejos de iniciar reformas estructurales –por ejemplo, no se ha depurado ni reentrenado al SEBIN–, el gobierno ha mantenido operativa la misma estructura represiva. Esto ha llevado a sanciones internacionales: docenas de funcionarios, entre ellos sucesivos directores del SEBIN (González López, Cristopher Figuera) y figuras políticas relacionadas, fueron sancionados con congelación de activos y prohibiciones de viaje por EE.UU., la UE, Canadá y otros, por su rol en abusos. El gobierno suele desestimar estas sanciones como “agresión imperial”, sin tomar acciones internas correctivas. De cara a la comunidad internacional, Venezuela sostiene que respeta los derechos humanos y que los reportes son “fabricaciones”; esta postura negacionista prevalece hasta hoy, aun cuando los hechos en el terreno la contradicen.

Relación del SEBIN con la estructura de poder político

El SEBIN está íntimamente ligado a la estructura de poder chavista; de hecho, actúa como su herramienta de control político interno. Formalmente, el SEBIN depende del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz –y por ende de la Vicepresidencia de la República–, pero en la práctica responde directamente a las órdenes del jefe de Estado. La Misión de la ONU pudo determinar que Nicolás Maduro daba instrucciones personales al Director del SEBIN, incluso sobre a quién detener o cómo actuar. Estas órdenes se impartían de manera verbal y secreta, fuera de cualquier marco legal. Asimismo, se comprobó que la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez estaba al tanto de las operaciones represivas del SEBIN (recibía reportes diarios), aunque la mayor influencia la ejercía Maduro y, de forma extroficial, Diosdado Cabello.

El papel de Diosdado Cabello merece destacarse: aunque no ocupaba un cargo formal dentro del SEBIN, fungía como “poder en la sombra”. Diversos testimonios relataron que Cabello daba órdenes directamente al director del SEBIN y que este le rendía cuentas aparte. Cabello, número 2 del Partido Socialista (PSUV), habría indicado qué opositores detener o torturar, teniendo incluso “sus propios presos” de interés en El Helicoide. Esto indica que la cúpula del PSUV instrumentaliza al SEBIN para sus fines políticos. De hecho, históricamente la inteligencia venezolana bajo el chavismo ha estado fuertemente influenciada por figuras del alto mando: ya Hugo Chávez en su momento reestructuró la antigua DISIP en 2009 para crear el SEBIN, colocando a militares leales al frente, y con asesoría de personal cubano (es sabido que oficiales de inteligencia cubanos han colaborado en entrenamiento y estrategia de los servicios venezolanos, reforzando el carácter político-ideológico de su accionar).

El SEBIN opera, entonces, menos como una agencia profesional de inteligencia del Estado y más como una policía política al servicio del partido gobernante. Su coordinación con la DGCIM, con la Guardia Nacional y con grupos parapoliciales (colectivos armados) responde a lineamientos del “alto mando político-militar” que encabeza Maduro. En la práctica, las fronteras entre partido, gobierno y aparato de seguridad se difuminan: los jefes del SEBIN suelen ser militares o funcionarios del círculo de confianza del Presidente, integrando incluso instancias partidistas. Por ejemplo, Gustavo González López además de director del SEBIN fue consejero de seguridad de la Presidencia; Miguel Rodríguez Torres, antes de romper con Maduro, fue simultáneamente Ministro del Interior y jefe del SEBIN; y el propio Manuel Cristopher Figuera afirmó que Maduro le pidió mantener “buenas relaciones con Cabello” para conservar su puesto. Todo esto evidencia que la lealtad política es el criterio primordial en la cúpula del SEBIN, por encima de la legalidad o la técnica.

En términos de estructura, el SEBIN se ha convertido en una pieza clave para la continuidad del proyecto chavista. Al garantizar la neutralización de opositores mediante espionaje y coerción, permite al gobierno dominar el campo político. Esta relación simbiótica se refleja también en la impunidad: mientras el SEBIN protege al poder, el poder protege al SEBIN de cualquier supervisión externa. Los intentos de los pocos diputados opositores que llegaron a investigar denuncias (en la Asamblea Nacional electa en 2015) fueron bloqueados; no existe control parlamentario ni judicial real sobre sus actividades. Incluso cuando se habla de eventuales “negociaciones políticas” en Venezuela, la liberación de presos del SEBIN es moneda de cambio, lo que resalta cómo la inteligencia se subordina a objetivos políticos.

Cabe destacar la analogía histórica que hacen algunos analistas: comparan al SEBIN con la temida Seguridad Nacional de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez (años 1950), cuerpo represivo político por excelencia. De hecho, Carlos Andrés Pérez, quien siendo joven combatió aquella policía política, dijo en 2015 que “el SEBIN de Maduro no tiene nada que envidiarle a la Seguridad Nacional de Pérez Jiménez”. Esta comparación subraya que el SEBIN ha adoptado el rol de garante de la hegemonía del partido en el poder, al costo de suplantar el estado de derecho por la razón de Estado autoritaria.

En conclusión, el SEBIN forma parte del núcleo duro del poder chavista. Es a un tiempo un instrumento y un pilar de la estructura represiva del régimen. Su actuación no puede entenderse aislada: responde a un plan estatal de represión definido desde la cúspide, con el objetivo de preservar el control político a toda costa. Mientras el actual gobierno permanezca, es previsible que el SEBIN siga operando bajo la misma lógica, pues es uno de los mecanismos que le ha permitido sostenerse pese a la crisis y el descontento popular. Solo un cambio en la estructura de poder –o una presión interna/externa abrumadora– podría transformar al SEBIN en una agencia subordinada a la ley y no al mandato político. Por ahora, sus violaciones de derechos humanos documentadas constituyen un testimonio del grado en que la inteligencia estatal se fusionó con la maquinaria de dominación política en la Venezuela contemporánea.

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Fuentes consultadas: Informes de la Misión Internacional Independiente de la ONU (2020-2022); Oficina ACNUDH; Human Rights Watch; Amnistía Internacional; PROVEA; Reuters; entre otros. Se incluyen enlaces a referencias clave en el texto.