El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció una grave y sostenida política de abandono en los centros de detención del país, donde miles de personas privadas de libertad sobreviven en condiciones que violan todos los estándares internacionales de derechos humanos.
A través de un comunicado difundido por sus redes sociales, la organización alertó sobre un sistema penitenciario colapsado, con hacinamiento extremo, falta de agua potable, alimentos insuficientes, escasa ventilación y ausencia total de atención médica. “No se trata de una crisis nueva ni de un error del sistema: es una política deliberada”, subrayó el OVP.
Detenciones arbitrarias y uso indebido de calabozos
Uno de los aspectos más preocupantes señalados por la ONG es el uso sistemático de calabozos policiales como centros de reclusión prolongada, a pesar de que por ley estos espacios solo deberían utilizarse para detenciones preventivas de hasta 48 horas. Sin embargo, muchos detenidos pasan semanas, meses o incluso años en estos lugares, sin acceso a una defensa adecuada ni avances en sus procesos judiciales. Esta situación representa una flagrante violación del debido proceso y una forma de pena anticipada e injusta.
Familias como redes de supervivencia
El OVP también denunció el traslado de responsabilidades estatales a los familiares de los reclusos, quienes deben llevar comida, agua, medicamentos y productos de higiene personal, exponiéndose en muchos casos a situaciones de extorsión o a pernoctar en condiciones inhumanas frente a los centros de detención. Esta dinámica configura un castigo indirecto, extendiendo el sufrimiento más allá de los muros de las cárceles.
“La cárcel no solo encierra al detenido, también castiga a sus seres queridos”, advirtió el Observatorio.
Retardo procesal y condenas sin sentencia
La denuncia del OVP coincide con la reciente alerta emitida por la ONG Fundaredes, sobre la situación de su director Roger Pacheco, quien lleva casi cuatro años detenido sin sentencia firme, lo que ilustra el grave problema del retardo procesal en Venezuela.
Ambas organizaciones señalan que estas prácticas se enmarcan en un patrón de represión sistemática, en el que la detención se convierte en una herramienta de control político y social.
Advertencias internacionales ignoradas
Desde hace años, organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos han emitido informes que alertan sobre las condiciones inhumanas en las cárceles venezolanas. Pese a estas advertencias, el Estado venezolano persiste en prácticas que niegan derechos básicos y consolidan un modelo penitenciario basado en el castigo y la desatención.
Un llamado urgente a la comunidad internacional
El OVP concluyó su comunicado con un llamado a la comunidad internacional, organizaciones multilaterales y defensores de derechos humanos a no normalizar esta realidad:
“No se trata solo de cárceles colapsadas, sino de vidas humanas en condiciones infrahumanas, atrapadas en un sistema que castiga sin juicio y encarcela sin salida.”