En medio de una fuerte presión internacional y de un escenario político marcado por la crisis institucional, el régimen venezolano comenzó un proceso limitado y selectivo de excarcelaciones de presos políticos, tras meses de denuncias por detenciones arbitrarias, torturas y violaciones sistemáticas de derechos humanos.
Según informó el periodista venezolano Ibrahim López Piñeiro, hasta la noche del miércoles 8 de enero solo se habían concretado siete liberaciones, pese a que desde la Asamblea Nacional chavista se había anticipado la excarcelación de un “número importante” de personas detenidas por razones políticas.
Liberaciones puntuales tras la represión poselectoral
Las excarcelaciones se produjeron luego de la represión posterior a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en un contexto de negociaciones diplomáticas y creciente escrutinio internacional sobre el uso del sistema judicial como herramienta de persecución.
Entre las personas liberadas se encuentran dos dirigentes opositores venezolanos:
- Enrique Márquez, excandidato presidencial por el partido Centrados en la Gente.
- Biagio (Diallo) Pilieri, coordinador nacional del partido Convergencia.
También fue liberada Rocío San Miguel, defensora de derechos humanos y presidenta de la ONG Control Ciudadano, quien permaneció casi 11 meses detenida en la sede del SEBIN conocida como El Helicoide. Su caso había generado reiterados pronunciamientos de organismos internacionales por las condiciones de detención y la falta de debido proceso.
Más de mil presos políticos siguen encarcelados
De acuerdo con López Piñeiro, las excarcelaciones están muy lejos de representar una solución estructural. Organizaciones de derechos humanos estiman que en Venezuela hay alrededor de mil presos políticos, muchos de ellos detenidos sin orden judicial, incomunicados o sometidos a procesos penales irregulares.
La ONG Provea y el Foro Penal coinciden en que la mayoría de los detenidos fueron arrestados tras los comicios de julio de 2024, en operativos de seguridad que respondieron más a decisiones políticas que a criterios jurídicos.
Aunque de manera extraoficial se mencionó la posibilidad de hasta 400 excarcelaciones, hasta el momento solo se confirmaron siete, lo que refuerza la percepción de un proceso controlado, fragmentado y discrecional.
Un sistema de poder que bloquea las liberaciones
Según el periodista, las liberaciones no dependen del sistema judicial ni del respeto al derecho, sino de la existencia de distintos grupos de poder dentro del chavismo, cada uno con control sobre listas de detenidos. Esto provoca demoras, vetos cruzados y un uso político del encarcelamiento como mecanismo de negociación.
“Las boletas de excarcelación deben pasar por distintos niveles del poder antes de hacerse efectivas”, explicó López Piñeiro, señalando que incluso cuando existe una orden formal, esta puede quedar bloqueada por instancias como el Ministerio Público u organismos de seguridad.
Centros de detención y opacidad total
Además de El Helicoide, los presos políticos se encuentran distribuidos en cárceles ordinarias y centros militares, entre ellos Yare, Tocorón, Ramo Verde, El Rodeo y el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF). De acuerdo con estimaciones no oficiales, en Tocorón habría cerca de 100 presos políticos y en el complejo de El Rodeo más de 290.
No existe información oficial pública sobre cuántas personas serán liberadas ni bajo qué criterios. Las familias, abogados y organizaciones de derechos humanos deben reconstruir los datos a partir de testimonios en las puertas de las cárceles, ante la ausencia total de transparencia estatal.
Presión internacional y posible ley de amnistía
López Piñeiro sostuvo que las excarcelaciones recientes responden, en parte, a presiones diplomáticas externas, y se inscriben en un intento del régimen de mostrar gestos de distensión sin modificar el esquema represivo de fondo.
En paralelo, la dirigente chavista Delcy Rodríguez mencionó ante legisladores la posibilidad de impulsar una norma para “sanar las heridas del extremismo”, una formulación ambigua que podría derivar en una ley de amnistía, aunque sin precisiones ni garantías.
Mientras tanto, la gran mayoría de los presos políticos continúa privada de libertad, en condiciones denunciadas reiteradamente por organismos nacionales e internacionales. Las excarcelaciones puntuales, lejos de cerrar el capítulo, vuelven a poner en evidencia el carácter arbitrario del sistema represivo venezolano.
Fuente: La Voz