El régimen de Nicolás Maduro confirmó la excarcelación de 99 personas detenidas luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en un contexto marcado por denuncias de fraude electoral, represión posterior a los comicios y fuertes cuestionamientos de la comunidad internacional.
El anuncio fue realizado por el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, que informó que los liberados habían sido arrestados en el marco de protestas y disturbios registrados tras la proclamación oficial de Maduro como ganador. Según el comunicado gubernamental, la medida responde a una “revisión individual de los casos” y a la aplicación de medidas cautelares conforme a la legislación vigente.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos advirtieron que la excarcelación no modifica sustancialmente la situación represiva en el país. De acuerdo con los registros más recientes de Foro Penal, en Venezuela persisten al menos 902 presos políticos, mientras que 62 personas continúan en condición de desaparición forzada.
ONG como Justicia, Encuentro y Perdón, el Comité de Madres en Defensa de la Verdad y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLPP) señalaron además que el número de liberaciones confirmadas por familiares y defensores oscila entre 60 y 75 personas, una cifra inferior a la difundida por el Ejecutivo.
Las detenciones masivas se produjeron tras unas elecciones ampliamente cuestionadas por la oposición venezolana y por actores internacionales, que denunciaron irregularidades, falta de transparencia y ausencia de garantías democráticas. Desde entonces, organizaciones locales e internacionales han documentado arrestos arbitrarios, incomunicación, torturas y procesos judiciales sin debido proceso.
En su comunicado, el Ministerio penitenciario presentó las excarcelaciones como una señal de “compromiso con la paz, el diálogo y los derechos humanos”, aunque volvió a calificar a los detenidos como personas involucradas en “hechos de violencia e incitación al odio”, una narrativa rechazada de forma sistemática por organismos independientes.
El anuncio se produce además en un escenario de creciente aislamiento internacional del régimen venezolano, con sanciones vigentes, investigaciones en curso sobre crímenes de lesa humanidad y reiterados llamados de la ONU a la liberación de todos los presos detenidos por motivos políticos.
Para las organizaciones de derechos humanos, la liberación parcial de detenidos no sustituye la necesidad de una política integral que incluya el fin de las detenciones arbitrarias, la revisión independiente de los procesos judiciales y la rendición de cuentas por las violaciones cometidas durante la represión poselectoral.
Mientras el régimen intenta presentar la medida como un gesto de normalización, la persistencia de cientos de presos políticos y de personas desaparecidas mantiene la alarma humanitaria y jurídica sobre la situación de los derechos fundamentales en Venezuela.
Fuente: Infobae