Amnistía Internacional ha alertado al mundo sobre un alarmante patrón de represión en Venezuela: la desaparición forzada de personas como herramienta de control político. En su más reciente informe, la organización documenta 15 casos ocurridos desde julio de 2024, de los cuales 11 continúan en condición de desaparición forzada, incluyendo ciudadanos de Estados Unidos, Francia, España, Ucrania, Colombia y Uruguay.
Entre los casos más relevantes se encuentran los ciudadanos españoles Andrés Martínez y José María Basoa, detenidos en septiembre de 2024. Las autoridades venezolanas los acusan sin pruebas verificables de formar parte del servicio de inteligencia español (CNI) y de una supuesta red de mercenarios. Ambos ingresaron al país como turistas y, hasta hoy, permanecen desaparecidos.
Según Amnistía, estas detenciones carecen de base legal y responden, en la mayoría de los casos, a motivaciones políticas. Las víctimas suelen ser personas que han participado en protestas, forman parte de la oposición o colaboran con medios críticos al gobierno.
El informe también recoge datos del Foro Penal, organización venezolana que estima en al menos 46 las personas que podrían estar desaparecidas forzadamente, muchas de ellas sin acceso a la defensa legal ni información sobre su paradero.
Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ha declarado que “estas graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional se están cometiendo como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil”. Además, ha exhortado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) a acelerar su investigación sobre Venezuela e incluir expresamente la desaparición forzada como crimen de lesa humanidad en su análisis.
“Las autoridades venezolanas deben poner fin a esta práctica sin excusas ni demoras. Las familias tienen derecho a saber la verdad. Y todas las personas detenidas arbitrariamente por razones políticas deben ser liberadas de inmediato”, subrayó Callamard.
Desde la Red Global Venezuela, nos unimos al llamado urgente por justicia, verdad y reparación para las víctimas y sus familias. La comunidad internacional no puede permanecer en silencio ante estos actos sistemáticos de violencia estatal.