Operación de Liberación del Pueblo (OLP)

Contexto y Lanzamiento de la OLP (2015)

La Operación de Liberación del Pueblo (OLP) fue un plan de seguridad implementado por el gobierno de Nicolás Maduro a partir del 13 de julio de 2015, en respuesta a la crisis de inseguridad y violencia delictiva en Venezuela. Se presentó como la estrategia de “mano dura” (plan gubernamental N.º 23 contra la inseguridad) para “liberar” las comunidades del control de bandas criminales y grupos armados que operaban en barrios populares. Maduro afirmó que el objetivo era “apretar al máximo el castigo de todos los crímenes” y combatir con firmeza a “bandas paramilitares y narcotraficantes” que azotaban al pueblo. En la práctica, la OLP consistió en operativos policiales-militares conjuntos que tomaban temporalmente zonas enteras, con despliegues masivos de fuerzas de seguridad fuertemente armadas (Guardia Nacional, Policía Nacional Bolivariana, Sebin, CICPC y cuerpos regionales). Estas fuerzas ingresaban de forma sorpresiva en barriadas populares buscando capturar delincuentes y “liberar” el territorio. La primera OLP, realizada en la barriada Cota 905 de Caracas el 13 de julio de 2015, estuvo dirigida a capturar al líder criminal alias “El Coqui”, y contó con más de 600 efectivos desplegados. Si bien el cabecilla logró huir, aquella incursión marcó el inicio de una serie de operativos similares en todo el país.

Cronología de las principales actuaciones (2015–2017)

A continuación se resumen hechos clave en la cronología de la OLP y sus derivados:

• Julio 2015 – Lanzamiento: el presidente Maduro anuncia el comienzo de la OLP como un nuevo plan nacional de seguridad. El 13 de julio se ejecuta la primera OLP en Cota 905 (Caracas), con participación de la GNB, PNB, Sebin y CICPC, buscando a “El Coqui”. El operativo termina con al menos 16 presuntos delincuentes muertos (según versión oficial) y decenas de detenidos. Este sería el modelo replicado luego en otros estados del país.
• Segundo semestre 2015: la OLP se extiende a entidades como Miranda, Carabobo, Aragua, Zulia, Bolívar, entre otras, interviniendo barrios con alta criminalidad. Para diciembre de 2015, la Fiscalía General reportó 245 civiles muertos en el marco de la OLP. Organizaciones de derechos humanos denuncian desde temprano un incremento abrupto de ejecuciones extrajudiciales: PROVEA documentó que esos 245 muertos en 2015 representaron un aumento de 150% sobre el promedio anual de muertes a manos de fuerzas de seguridad en décadas previas. Asimismo, se registraron detenciones masivas: solo en 2015 ocurrieron unas 15.946 detenciones durante operativos OLP (en 99,5% de los casos, arrestos colectivos). Funcionarios del gobierno informaron hasta febrero de 2016 un balance acumulado de 2.310 detenidos desde el inicio de la OLP, pero luego dejaron de publicar cifras oficiales sobre víctimas y arrestos, en medio de crecientes cuestionamientos.
• Primera mitad de 2016 – Intensificación: en vista de la persistente inseguridad, el gobierno redobla los operativos. La OLP entró en una “nueva fase”: se multiplican los despliegues simultáneos en varios estados y se incorporan más efectivos militares. El 13 de julio de 2016 (al cumplirse un año de la primera OLP), el ministro de Interior Néstor Reverol anunció que 143 operaciones OLP se habían realizado solo en el primer semestre de 2016. Para este punto, 95.000 efectivos policiales y militares habían participado en los operativos desde el inicio. El propio Maduro dio instrucciones de “profundizar la lucha” y llevar la ofensiva anti-delincuencia “a la enésima potencia”, iniciando una “etapa de gran impacto” para “golpear a todos los jefes de bandas” en todo el país. En paralelo, crecían las denuncias de abusos. En julio de 2016, la entonces Fiscal General Luisa Ortega Díaz advirtió públicamente que la OLP “estaba generando más violencia” en las comunidades y reveló haber recibido múltiples denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas durante estos operativos. A pesar de ello, las autoridades continuaron defendiendo la necesidad de la mano dura ante la criminalidad rampante.

• Octubre–Noviembre 2016 – “Masacre de Barlovento”: Uno de los episodios más emblemáticos ocurrió en Barlovento (estado Miranda). En octubre de 2016, durante un operativo OLP en la zona, 12 jóvenes fueron detenidos por militares y luego desaparecidos. Tras reclamos desesperados de sus familiares, a finales de noviembre se hallaron los 12 cadáveres enterrados en zonas rurales de Barlovento. Este hecho, conocido como la Masacre de Barlovento, arrojó graves evidencias de ejecuciones extrajudiciales: las víctimas habían sido aprehendidas sin orden judicial ni flagrancia y posteriormente asesinadas. La Fiscalía General ordenó la detención de 11 efectivos militares (incluyendo un teniente coronel) por su “presunta responsabilidad en la muerte de 12 personas”, imputándoles violaciones de derechos fundamentales. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, reconoció la gravedad del caso pero lo calificó de “hecho aislado”, intentando desvincularlo de la OLP. No obstante, ONG y prensa señalaron que este patrón de abuso no era excepcional sino parte de una tendencia más amplia bajo la OLP.
• Enero 2017 – “Operación de Liberación Humanista del Pueblo” (OLHP): Acorralado por las críticas internas y externas, el gobierno anunció reformas. En enero de 2017 Maduro relaunchó la OLP con un nuevo nombre: Operación de Liberación Humanista del Pueblo (OLHP). En cadena televisiva, Maduro admitió que las OLP habían tenido “objetivos logrados, pero también han sido objeto de señalamientos y críticas”. Se presentó un “Protocolo de Actuación” para las OLHP, supuestamente para regular la conducta de los cuerpos de seguridad y evitar excesos. Esta reformulación buscaba tranquilizar a los organismos de derechos humanos, agregando el término “Humanista” al nombre. Sin embargo, en la práctica las operaciones continuaron con un carácter similar.
• Julio 2017 – Fin de la OLP y surgimiento de FAES: Hacia mediados de 2017, la estrategia dio un giro. El 14 de julio de 2017 el gobierno anunció la creación de una nueva unidad táctica élite, las FAES (Fuerzas de Acciones Especiales) de la PNB, que asumiría el liderazgo en la lucha contra la delincuencia y el “terrorismo” en barrios populares. En la medida en que las FAES entraron en acción, las referencias oficiales a las OLP/OLHP  desaparecieron gradualmente de los discursos, marcando un cambio de estrategia. De hecho, las OLP dejaron de implementarse hacia julio de 2017, siendo efectivamente reemplazadas por las operaciones de las FAES. El saldo de dos años de OLP (2015–2017) fue altamente controversial: “más de 40 masacres y cientos de crímenes” atribuidos a estas redadas, según organismos internacionales. Según una investigación del Ministerio Público venezolano, las OLP en conjunto dejaron 505 personas asesinadas en el país hasta su conclusión en 2017. Diversas voces calificaron a la OLP como un fracaso en términos de seguridad ciudadana –pues no logró reducir significativamente los índices delictivos– y, peor aún, como un operativo estatal que desató nuevas formas de violencia institucional en comunidades vulnerables.

Violaciones de Derechos Humanos Denunciadas

Aunque la OLP nació con la promesa de proteger al pueblo de la delincuencia, en la práctica sus operativos derivaron en graves violaciones de derechos humanos, ampliamente documentadas por ONG nacionales e internacionales. A continuación se detallan las principales denuncias y consecuencias en las comunidades afectadas:

• Ejecuciones extrajudiciales y uso letal de la fuerza: desde sus inicios, la OLP fue acusada de implantar una “pena de muerte disimulada”. Las fuerzas de seguridad abatían a supuestos delincuentes durante las redadas, alegando enfrentamientos armados, pero numerosos testimonios indican que se trató de ejecuciones extrajudiciales. Familias y testigos relataron que muchas víctimas fueron sacadas de sus casas desarmadas y luego aparecieron muertas, presentadas falsamente como criminales caídos en confrontación. De hecho, en la mayoría de los operativos no se reportó ni un solo agente fallecido ni herido de gravedad, lo cual resulta incompatible con la versión oficial de tiroteos bilaterales. La gran mayoría de las víctimas eran hombres jóvenes, frecuentemente menores de 25 años de sectores pobres. Muchas familias denunciaron que las escenas del crimen fueron manipuladas por los funcionarios: se plantaban armas junto a los cadáveres, se disparaba contra paredes o al aire para simular balaceras, mientras los agentes gritaban que el sospechoso “intentaba escapar”. Organizaciones venezolanas como PROVEA y Cofavic subrayan la desproporción extrema entre las bajas de civiles y las de las fuerzas del orden, evidenciando que no se trataba de verdaderos enfrentamientos (según PROVEA, por cada 100 supuestos delincuentes abatidos moría aproximadamente 1 efectivo policial en esos operativos). En abril de 2016, Human Rights Watch y PROVEA presentaron el informe “Poder sin Límites” documentando 20 casos concretos de ejecuciones extrajudiciales ocurridas durante OLP de 2015; en muchos de esos casos, las muertes fueron maquilladas oficialmente como muertes en enfrentamiento. En conjunto, diversas fuentes estiman que entre 500 y 800 personas habrían sido ejecutadas durante las OLP. La entonces Fiscal General Luisa Ortega reconoció en 2017 que más de 500 personas murieron en estos operativos, mientras que la ONG PROVEA calculó más de 750 fallecidos desde el inicio de la OLP. Estas cifras dan cuenta de un patrón sistemático de letalidad en las actuaciones de seguridad. Cada muerte era justificada públicamente por el gobierno como resultado de la “resistencia a la autoridad” de delincuentes armados, pero las evidencias (y la ausencia de bajas policiales) apuntan a que en muchísimos casos fue el Estado quien ejecutó extrajudicialmente a personas ya sometidas o indefensas.

• Allanamientos ilegales y detenciones masivas: La OLP se caracterizó por operativos de búsqueda casa por casa en barriadas populares y complejos de viviendas. Estos allanamientos se realizaban sin orden judicial, afectando a miles de hogares indiscriminadamente. Se estima que más de 18.000 viviendas fueron allanadas durante la OLP en todo el país, a menudo de madrugada o al amanecer, con agentes encapuchados y fuertemente armados que irrumpían derribando puertas. En muchos procedimientos no estuvieron presentes fiscales del Ministerio Público, como exige la ley, y los habitantes fueron sacados de sus casas a la fuerza mientras se realizaban “inspecciones” generalizadas. Se denunciaron numerosos robos y destrozos cometidos por los funcionarios durante estos allanamientos ilegales (objetos de valor, dinero, alimentos y enseres domésticos desaparecieron o fueron destruidos). Las detenciones fueron igualmente arbitrarias: cientos de personas (hombres jóvenes en su mayoría) resultaban aprehendidas sin pruebas ni órdenes bajo la mera sospecha de vínculos criminales. Muchas de estas redadas terminaban con decenas de detenidos presentados como “elementos vinculados a bandas” que luego eran liberados sin cargo. Según datos compilados, solo en 2015 hubo cerca de 16.000 detenciones en el contexto de la OLP. La inmensa mayoría correspondió a detenciones colectivas efectuadas en redadas masivas, fuera de casos de flagrancia. Un ejemplo ilustrativo: la Fiscalía confirmó que en la Masacre de Barlovento los 12 jóvenes asesinados habían sido detenidos ilegalmente, sin que mediara delito in fraganti ni orden de aprehensión alguna. Este modus operandi se replicó en numerosos operativos: las fuerzas de seguridad encarcelaban preventivamente a grupos de residentes (muchos de ellos sin antecedentes) para “verificar” sus datos, generando terror en comunidades enteras. Tales prácticas violaron sistemáticamente el derecho al debido proceso y a la libertad personal en las zonas intervenidas.
• Destrucción de viviendas, desalojos forzosos y deportaciones: otra consecuencia real de la OLP en las comunidades fue el avasallamiento de derechos habitacionales. En varias operaciones, las autoridades procedieron no solo a allanar sino a desalojar y demoler viviendas completas acusando que eran refugio de criminales. Se contabiliza que aproximadamente 976 casas fueron demolidas por fuerzas de seguridad durante distintos operativos OLP a nivel nacional, e incluso al menos 10 viviendas fueron incendiadas en estas acciones. Barrios enteros quedaron marcados por escombros tras las incursiones (por ejemplo, en agosto de 2015, cientos de casas fueron arrasadas en la comunidad Brisas del Hipódromo, estado Carabobo, bajo acusaciones de albergar delincuentes). Estos desalojos súbitos se realizaron sin notificación previa ni reubicación de las familias afectadas, dejándolas en la calle de un día para otro. Organizaciones denunciaron que muchos afectados eran beneficiarios de viviendas sociales que fueron estigmatizados como “antisociales” para justificar la recuperación violenta de sus hogares. Además, la OLP tuvo un sesgo xenófobo en zonas fronterizas: durante operativos en estados como Táchira y Zulia, las fuerzas de seguridad detuvieron y deportaron sumariamente a cientos de inmigrantes colombianos residentes, acusándolos de ser “paramilitares” o delincuentes extranjeros. En 2015, estas redadas derivaron en la expulsión masiva de familias colombianas –en algunos casos con deportaciones colectivas y destrucción de sus casas improvisadas– lo que fue duramente criticado por agencias de la ONU. Todos estos hechos (allanamientos sin orden, desalojos forzosos, destrucción de viviendas y deportaciones arbitrarias) constituyen violaciones flagrantes de derechos consagrados en la Constitución venezolana y en tratados internacionales (derecho a la inviolabilidad del hogar, a la propiedad, a una vivienda adecuada, al debido proceso y a la no devolución de personas vulnerables). Los abusos de la OLP dejaron, en las comunidades populares, una estela de miedo, trauma colectivo y desconfianza hacia las autoridades. Muchos habitantes reportaron sentirse tratados “peor que delincuentes” por parte de quienes debían protegerlos.

Cifras de Víctimas y Balance Final

Las consecuencias reales de la OLP en las comunidades fueron devastadoras. En términos de víctimas mortales, el saldo oficial reconocido por la Fiscalía General fue de 505 personas muertas durante las OLP entre 2015 y 2017. Organizaciones independientes elevan la cifra: por ejemplo, el Observatorio Venezolano de Violencia estimó más de 400 fallecidos, y PROVEA reportó más de 750 muertes atribuidas a la OLP en ese período. Estas víctimas se concentraron en barrios humildes, y comprendieron incluso a adolescentes y civiles sin antecedentes, en su mayoría varones jóvenes. Adicionalmente, miles de ciudadanos resultaron afectados por detenciones arbitrarias, lesiones, pérdidas materiales y desplazamientos forzados a causa de los operativos. La ONG Cofavic documentó que entre 2015 y 2017 hubo un incremento sostenido de supuestas “resistencias a la autoridad” fatales, llegando a constituir la principal causa de muerte violenta en varios estados, lo que indica un uso excesivo de la fuerza letal policial nunca antes visto.

A pesar de las denuncias generalizadas, la impunidad ha prevalecido en torno a los crímenes de la OLP. En noviembre de 2017, la Fiscal General (para entonces Luisa Ortega Díaz) admitió públicamente que agentes de seguridad del Estado habían causado más de 500 muertes en las redadas de la OLP. No obstante, pocos casos fueron investigados o sancionados de manera imparcial. Según Human Rights Watch, las autoridades venezolanas no llevaron a cabo investigaciones serias ni independientes sobre la mayoría de las muertes ocurridas en la OLP, y en varios expedientes los funcionarios se apresuraron a catalogar a las víctimas como delincuentes antes de cualquier averiguación formal. Muchas familias de las víctimas no se atrevieron a denunciar por temor a represalias o por desconfianza en el sistema de justicia, perpetuándose así un ciclo de silencio y encubrimiento. Solo casos excepcionales –como la Masacre de Barlovento, donde se procesó a algunos militares subalternos– tuvieron algún seguimiento penal, pero los patrones estructurales de abuso nunca fueron corregidos ni sus responsables de alto nivel responsabilizados.

A nivel internacional, la OLP recibió un amplio repudio. Organismos de derechos humanos como Naciones Unidas, Amnistía Internacional y Human Rights Watch condenaron la política de “mano dura” de Maduro por involucrar violaciones sistemáticas. En 2019, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU (Michelle Bachelet) señaló preocupación porque miles de muertes clasificadas oficialmente como “resistencia a la autoridad” podrían en realidad ser ejecuciones extrajudiciales, e instó al gobierno a disolver cuerpos represivos implicados en estas prácticas. La Misión Independiente de la ONU establecida en 2020 para investigar la situación de Venezuela documentó 140 operativos OLP/OLHP y concluyó que existían fundamentos razonables para creer que en muchos casos se cometieron crímenes de lesa humanidad, dada la sistematicidad de los asesinatos y persecuciones estatales contra la población civil. Varios gobiernos de la región llegaron incluso a remitir informes a la Corte Penal Internacional sobre los abusos cometidos en Venezuela, incluyendo los ocurridos durante la OLP.

En el plano interno, altos funcionarios reconocieron irregularidades de manera tardía. El Defensor del Pueblo de la época, Tarek William Saab, llegó a admitir “excesos policiales” en algunos despliegues. El propio presidente Maduro, al relanzar la OLHP en 2017, aceptó que la OLP había sido objeto de “críticas de diversos sectores” y prometió corregir desviaciones. Sin embargo, tras el cambio de nombre a OLHP, los operativos controversiales continuaron hasta ser sustituidos por las FAES. Lejos de cesar la violencia institucional, la creación de las FAES marcó la continuación –y según diversos analistas, el agravamiento– de las prácticas abusivas en operativos de seguridad. De hecho, las FAES protagonizaron luego miles de supuestos enfrentamientos letales en 2018–2019, lo que llevó a la ONU a solicitar su disolución inmediata.

En resumen, la Operación de Liberación del Pueblo, concebida oficialmente para proteger a la ciudadanía de la delincuencia, derivó en graves violaciones de derechos humanos contra la misma población que pretendía “liberar”. Sus objetivos declarados de pacificación y seguridad contrastaron con sus consecuencias reales de terror y muerte en las comunidades populares. Más de un millar de familias venezolanas perdieron a sus seres queridos o sus hogares durante estas redadas. Lejos de resolver la crisis de criminalidad, la OLP dejó una estela de dolor, abuso de poder e impunidad. Organizaciones de derechos humanos coinciden en que las OLP “abrieron el camino para la represión total” en Venezuela, al normalizar prácticas de ejecuciones extrajudiciales, allanamientos sin ley y castigos colectivos contra los más vulnerables. Este legado sigue pesando sobre Venezuela, como una alerta de los costos humanos de las políticas de seguridad que sacrifican el Estado de derecho en nombre del orden público.

Fuentes consultadas: Informes de Naciones Unidas (Misión Internacional Independiente, Oficina de la Alta Comisionada); comunicados y reportes de Human Rights Watch; documentación de Amnistía Internacional y PROVEA; artículos de prensa internacional (BBC News, Reuters, El País). Estas fuentes coinciden en señalar que la OLP, bajo la retórica de liberar al pueblo, se tradujo en operativos militarizados de alta letalidad y abuso, dejando como saldo una profunda afectación de los derechos humanos en Venezuela.