En 2017 Venezuela vivió una oleada de protestas antigubernamentales entre abril y julio, desencadenadas por una crisis institucional y el intento del gobierno de Nicolás Maduro de anular a la Asamblea Nacional elegida en 2015. Las manifestaciones se extendieron por todo el país durante más de 100 días. El saldo de violencia fue elevado: según cifras oficiales, hubo 127 personas fallecidas y alrededor de 3.000 heridas, mientras que recuentos independientes situaron los muertos en al menos 163 y los heridos en más de 15.000 en total. Asimismo, miles de detenciones tuvieron lugar; se calculan entre 2.977 (oficial) y más de 5.000 arrestos (cifra manejada por organizaciones de derechos humanos) durante las protestas En torno a 1.300 de esos detenidos permanecieron encarcelados posteriormente. Las protestas de 2017 representaron uno de los episodios de conflictividad social más graves en la historia reciente del país, con frecuentes denuncias de represión excesiva.
El gobierno activó el “Plan Zamora”, un operativo cívico-militar para el control del orden interno, y justificó medidas excepcionales alegando un supuesto “golpe de Estado” en marcha. En este contexto, la respuesta estatal incluyó no solo el uso intensivo de fuerzas policiales y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en las calles, sino también nuevas tácticas represivas, como las denominadas “noches del terror”. Estas consistieron en incursiones violentas nocturnas en zonas residenciales, que trasladaron la represión de las calles a los hogares de presuntos manifestantes disidentes. Las autoridades venezolanas sostuvieron que tales operativos eran necesarios para controlar a elementos violentos y evitar un derrocamiento, mientras que sectores opositores y observadores internacionales los calificaron como síntomas de una deriva autoritaria del gobierno.
Las “noches del terror”: allanamientos nocturnos y represión domiciliaria
Durante las protestas de 2017, fuerzas de seguridad venezolanas conjuntamente con grupos civiles armados progubernamentales (conocidos como “colectivos”) llevaron a cabo decenas de redadas nocturnas en conjuntos residenciales. Amnistía Internacional documentó al menos 47 allanamientos ilegales en 11 estados del país entre abril y julio de 2017. Estos operativos, bautizados popularmente como “noches del terror”, consistían en irrupciones violentas sin orden judicial en viviendas particulares de zonas donde habían ocurrido protestas. Se reportó la participación de efectivos de la GNB, policías (incluida la Policía Nacional Bolivariana) y agentes de inteligencia como el SEBIN o el CONAS (comando antidiextorsión de la GNB), apoyados por hombres armados encapuchados vinculados al chavismo.
Las redadas usualmente ocurrían de noche o de madrugada, poco después de manifestaciones opositoras, tomando por sorpresa a los habitantes. Según numerosos testimonios, los funcionarios llegaban en convoyes de tanquetas, motos y camiones, bloqueando los accesos de los conjuntos residenciales antes de forzar su entrada. Sin mostrar ninguna orden, rompían portones, derribaban puertas y ventanas, y entraban a los edificios a punta de golpes y amenazas. En el caso del complejo Montaña Alta en Los Teques (Miranda), por ejemplo, decenas de tropas rompieron rejas y puertas de 11 edificios, disparando perdigones y lanzando gases lacrimógenos en pasillos y apartamentos durante la noche del 14 de julio de 2017. Hechos similares ocurrieron en la urbanización El Paraíso de Caracas (Residencias Los Verdes y Victoria), Los Teques, Carrizal (Miranda), Valencia (Carabobo), Barquisimeto (Lara), entre otras localidades. En palabras de Erika Guevara-Rosas (Amnistía Internacional), “las autoridades venezolanas han trasladado la represión de las calles a las salas de estar de casas particulares”, indicando que ya ni el propio hogar era un lugar seguro frente a la arremetida del Estado.
Estos operativos siguieron un patrón común de abusos. Agentes fuertemente armados ingresaban edificio por edificio, frecuentemente acompañados de civiles armados, intimidando a los residentes con gritos y amenazas de muerte. En algunos allanamientos los efectivos dispararon botes de gas lacrimógeno dentro de apartamentos cerrados, exponiendo a familias enteras (incluyendo niños y ancianos) a la asfixia. También se denunciaron disparos de perdigones a quemarropa contra puertas y paredes internas. Muchos residentes relataron que derribaron sus puertas, destrozaron mobiliario y electrodomésticos, e incluso sustrajeron pertenencias de valor durante los registros. En Residencias Victoria (El Paraíso), cámaras de seguridad filmaron a funcionarios saliendo con bolsas llenas de objetos robados de las viviendas allanadas. Los operativos podían extenderse por horas, abarcando toda la noche en algunos casos.
El propósito aparente de estas redadas era identificar y capturar a manifestantes o “guarimberos” (término despectivo oficial para referirse a los protestantes). Una vez dentro, los agentes exigían saber “dónde están los jóvenes que estaban protestando” e iban piso por piso buscando sospechosos. Numerosos jóvenes fueron detenidos arbitrariamente en masa durante estas noches. Por ejemplo, en un allanamiento el 5 de julio en El Paraíso, testigos contaron hasta 32 vehículos militares rodeando los edificios y “decían por altavoz: ‘Los vamos a invadir’”, tras lo cual ingresaron y apresaron a decenas de personas sin justificación. En muchos casos, se detenía indiscriminadamente a cualquier varón joven encontrado, bajo la presunción de que podría ser manifestante, sin presentarles cargos claros. Esta estrategia coincidió con la anunciada “Operación Tun-Tun” (llamada también “Operación Toc-Toc”), un plan revelado en mayo de 2017 por el dirigente oficialista Diosdado Cabello para “tocar” las puertas y desarticular supuestas conspiraciones opositoras mediante allanamientos expeditos. La Fiscalía General –entonces a cargo de Luisa Ortega Díaz– abrió investigaciones por varios de estos casos (por ejemplo, por la redada en Los Verdes de Caracas del 13 de junio), calificándolos de violaciones a los derechos constitucionales. Sin embargo, esas investigaciones no prosperaron tras la destitución de Ortega Díaz en agosto de 2017.
Víctimas durante las “noches del terror”
Las denominadas noches del terror dejaron un saldo trágico de víctimas, incluyendo personas muertas, lesionadas y detenidas arbitrariamente. En algunos casos, la represión nocturna se combinó con disturbios, saqueos y enfrentamientos, agravando el número de víctimas. A continuación se resumen algunos eventos relevantes y sus cifras de afectados:
| Evento (fecha y lugar) | Muertos | Heridos | Detenidos |
|---|---|---|---|
| Caracas (El Valle, 20-21 abril 2017) – Disturbios nocturnos y saqueos en zonas populares (ej. calle Cajigal, El Valle) | 12 (9 electrocutados y 3 por armas de fuego) | N/D | N/D |
| Estado Lara (Barquisimeto/El Tocuyo, abril 2017) – Varias noches de protestas y enfrentamientos (entre el 10 y el 25 de abril) | 5 | >50 | 95 |
| Valencia, Carabobo (2-3 mayo 2017) – Jornada de saqueos masivos y represión | 1 | N/D (varios) | 23 |
| Caracas (Res. Los Verdes, El Paraíso, 13 junio 2017) – Allanamiento nocturno de un conjunto residencial por GNB/CONAS | 0 (sin muertes reportadas) | Decenas (por gases y perdigones) | Decenas (detenciones masivas) |
Nota: N/D = No disponible (no se cuentan con cifras precisas públicas). Las cifras de heridos y detenidos corresponden a estimaciones y reportes periodísticos/ONG. Cada evento resume incidentes de “noches del terror” representativos en distintas localidades.
Como se observa, muchos de los fallecidos ocurrieron durante las noches en que se intensificó la represión o reinaron el caos y la anarquía. Por ejemplo, la noche del 20 de abril de 2017 en Caracas –tras una megamarcha opositora ese día– fue particularmente violenta: dejó al menos 12 muertos en la madrugada en zonas populares, 9 de ellos electrocutados al producirse un saqueo en una panadería de El Valle (que tenía cerca eléctrica) y otros 3 fallecidos por disparos en barrios como Petare. Asimismo, en el estado Lara, las protestas nocturnas derivaron en tiroteos y desmanes: entre el 11 y 12 de abril, dos personas (incluyendo un menor de 14 años) murieron baleadas en Barquisimeto, y el 24 de abril en El Tocuyo otra persona fue asesinada de un escopetazo durante disturbios. En total, Lara contabilizó 5 fallecidos, más de 50 heridos y 95 detenciones solo en abril.
Otros episodios ilustrativos ocurrieron en el estado Carabobo a inicios de mayo, cuando una oleada de saqueos nocturnos afectó a más de 50 comercios en Valencia y alrededores, dejando al menos 1 muerto (un joven de 21 años) y decenas de detenidos; el alcalde local confirmó 23 arrestos tras aquella “noche de terror”, en la cual los residentes describieron ráfagas de disparos y grupos vandálicos tomando las calles durante la oscuridad. En el estado Táchira, en mayo, también se vivieron noches violentas con varios fallecidos, lo que llevó al envío de contingentes militares adicionales a esa región fronteriza.
Por su parte, en Caracas se registraron allanamientos masivos en urbanizaciones opositoras. En la Residencia “Los Verdes” de El Paraíso (Caracas), el 13 de junio de 2017 alrededor de 200 efectivos de la GNB, CONAS y otros cuerpos tomaron por asalto las 12 torres residenciales, disparando gases lacrimógenos dentro de los edificios y efectuando detenciones numerosas. Aunque en este operativo no hubo víctimas mortales, el pánico cundió entre los más de 3.000 residentes; al día siguiente podían verse puertas destrozadas, casquillos de bala y daños generalizados en las áreas comunes. Organizaciones denunciaron que decenas de vecinos (hombres y mujeres) fueron arrestados arbitrariamente esa noche en El Paraíso, muchos golpeados y presentados luego ante tribunales sin evidencias de delitos.
Documentación y denuncias de derechos humanos
Las “noches del terror” y, en general, la represión de las protestas de 2017 han sido ampliamente documentadas por organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, que han señalado patrones de violaciones graves. Amnistía Internacional publicó en octubre de 2017 el informe “Noches del terror: Ataques y allanamientos ilegales a viviendas en Venezuela”, donde detalla los operativos de allanamiento nocturno y concluye que se trató de una política estatal de intimidación para disuadir la protesta. Amnistía recabó testimonios de víctimas en Caracas, Miranda, Lara y Carabobo, evidenciando uso excesivo de la fuerza, allanamientos sin orden judicial, destrucción de propiedad, robos, amenazas de muerte y detenciones arbitrarias masivas cometidas por fuerzas de seguridad con apoyo de colectivos armados. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) igualmente condenó enérgicamente estos operativos represivos, recordando al Estado venezolano su obligación de respetar la inviolabilidad del domicilio y los procesos legales correspondientes.
Organizaciones venezolanas como PROVEA y el Foro Penal también monitorearon de cerca estos hechos. Foro Penal, que brinda asistencia jurídica a presos políticos, contabilizó más de 5.000 detenciones por motivos políticos en 2017, muchas resultado de redadas en las noches de protestas. De esos detenidos, al menos 757 civiles fueron procesados irregularmente ante tribunales militares, en violación del derecho al debido proceso. Varios civiles detenidos durante las protestas fueron juzgados por “rebelión” o “traición a la patria” en cortes castrenses, pese a que la Constitución venezolana prohibe expresamente que la justicia militar juzgue a personas ajenas a la institución castrense. Este uso de la jurisdicción militar para criminalizar la protesta fue denunciado por la CIDH y el Alto Comisionado de la ONU.
Diversos informes dieron cuenta de abusos aún más graves contra los detenidos en el contexto de las protestas. Un reporte de Human Rights Watch titulado “Arremetida contra opositores: Brutalidad, tortura y persecución política en Venezuela” (noviembre 2017) documentó al menos 232 casos de detenidos sometidos a torturas o tratos crueles. Los patrones de tortura incluían golpizas violentas, descargas eléctricas en el cuerpo, asfixia con gases o bolsas plásticas, simulacros de ejecución y abusos sexuales. Por ejemplo, varios jóvenes detenidos relataron haber sido electrocutados en genitales, o rociados con gasolina y amenazados con prenderles fuego. También hubo denuncias de que a algunos manifestantes presos les fracturaron huesos a golpes, les provocaron heridas con objetos punzantes, o los obligaron a ingerir sustancias insalubres como forma de degradación. En un caso reportado, funcionarios habrían amenazado con violar a detenidos varones, gritando “los vamos a violar a toditos” durante un operativo en Lara. Organizaciones locales señalaron que varios detenidos fueron mantenidos incomunicados por días; sus familiares no eran informados de su paradero –configurando desapariciones forzadas temporales– o eran trasladados a prisiones lejanas para dificultar el acceso de abogados y parientes. Estas prácticas violan tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Venezuela (Convención contra la Tortura, Pacto de Derechos Civiles y Políticos, entre otros).
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través del Alto Comisionado para los DD.HH., emitió en agosto de 2017 un informe crítico señalando que “los manifestantes fueron víctimas de vulneraciones y abusos de derechos humanos” en Venezuela, señalando a la Policía Nacional y la Guardia Nacional como principales responsables de la represión, con la colaboración de los colectivos armados afines al gobierno. La ONU destacó el uso sistemático de fuerza excesiva y armamento letal o potencialmente letal contra manifestantes pacíficos, incluyendo disparos directos de cartuchos de gas lacrimógeno y perdigones a corta distancia. Estas conclusiones fueron respaldadas por numerosas evidencias de vídeo y testimonios recolectados sobre el terreno.
En resumen, las “noches del terror” de 2017 en Venezuela representan uno de los episodios más oscuros en materia de derechos humanos en el país. Organismos nacionales e internacionales coinciden en que durante esas jornadas se produjeron graves abusos, tales como ejecuciones extrajudiciales, uso desproporcionado de la fuerza, allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias masivas, tratos crueles y tortura, así como episodios de violencia paramilitar tolerada o instigada por las autoridades. Si bien el gobierno de Maduro negó sistemáticamente haber ordenado violaciones a los derechos humanos –atribuyendo la violencia a “terroristas” opositores–, la abundante documentación de estas noches de terror ha servido de base para múltiples denuncias internacionales. De hecho, estos hechos han sido incorporados en exámenes de organismos como la Corte Penal Internacional, donde se investiga si constituyen crímenes de lesa humanidad. Las víctimas y organizaciones de derechos humanos continúan exigiendo verdad, justicia y reparaciones, manteniendo viva la memoria de aquellas noches en que el terror se apoderó de barrios enteros de Venezuela bajo la sombra de la represión impune.