La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) presentó en su 81ª Asamblea General un informe que revela una cruda realidad: en varios países de América Latina se intensifica la represión contra los medios de comunicación y el ejercicio periodístico. Mientras en Uruguay se mantiene un entorno relativamente libre para la prensa, otros países de la región enfrentan bloqueos digitales, acoso judicial, detenciones de periodistas y leyes que imponen el silencio.
En el caso de Cuba, el informe describe al periodismo independiente como víctima de un “genocidio silencioso”: salarios ínfimos, servicios básicos colapsados y un control estatal absoluto sobre la información que destruye cualquier espacio de disidencia.
La SIP señala que, aunque existan leyes sobre la libertad de expresión, el periodismo “no está protegido, sino amenazado o prohibido”. Se documentan detenciones arbitrarias, vigilancia constante, amenazas contra familiares de periodistas y ninguna acción visible del Estado para frenar esos abusos.
En Venezuela, el informe denuncia una escalada de censura digital —como el bloqueo de más de ochenta páginas web, entre ellas medios internacionales— y el uso de la legislación para imponer la autocensura en radio y televisión. Además, se registran encarcelamientos de miembros de la prensa independiente y desapariciones forzadas de comunicadores, lo cual configura un ambiente de fuerte represalia estatal.
Por su parte, en Nicaragua se describe una estructura informativa sometida al control del ejecutivo, marcada por el cierre de medios, exilio de periodistas, vigilancia constante y criminalización de la labor periodística. Según la SIP, el periodismo allí “se mantiene atrapado entre la vigilancia estatal, la hostilidad del discurso oficial y la precariedad del exilio”.
En otros países de la región también se observan amenazas: campañas de difamación, hostigamiento, bloqueo a las fuentes oficiales, restricciones tecnológicas y recortes a la publicidad independiente. En cambio, en Uruguay el informe destaca que los medios pueden operar sin trabas graves, aunque persisten retos en acceso a la información pública y tramitación judicial contra publicaciones.
La SIP, con sede en Miami y conformada por más de 1.300 medios del hemisferio, advierte sobre un “deterioro generalizado” de las libertades informativas en América Latina y llama tanto a los gobiernos como a los organismos internacionales a garantizar la protección efectiva del periodismo.
Fuente: Infobae