El informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos documenta cómo el régimen de Nicolás Maduro utiliza la detención de familiares como herramienta de control social y represalia política.
La Misión de Determinación de los Hechos de la ONU presentó un nuevo informe en el que alerta sobre un “patrón sostenido y sistemático” de detenciones arbitrarias contra familiares de opositores venezolanos. Según el documento, estas acciones no son hechos aislados, sino parte de una política de represión orientada a generar miedo y ejercer control social.
Persecución como represalia
El reporte detalla que los familiares son detenidos como mecanismo de presión o castigo hacia la persona opositora, considerada el verdadero objetivo político. La Misión advierte que estas prácticas producen impactos devastadores en los núcleos familiares, incluyendo tratos crueles, inhumanos o degradantes, además de reforzar un clima generalizado de temor en la sociedad.
La investigación, que será presentada ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, cubre el período entre septiembre de 2024 y agosto de 2025. Entre los hallazgos, se identifican al menos cuatro casos con nombre y apellido, además de otros en los que las identidades fueron reservadas para proteger a las víctimas y sus familias.
Sin defensa independiente
El documento también señala que las personas detenidas fueron privadas de acceso a abogados de su elección desde el momento de la aprehensión. En su lugar, fueron representadas por defensores públicos designados por el Estado, lo que limita las garantías de un juicio justo.
Contexto de represión política
De acuerdo con organizaciones de derechos humanos y la oposición venezolana, la represión se intensificó tras las elecciones presidenciales de julio de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo proclamaron a Nicolás Maduro como ganador de un nuevo mandato.
La ONG Foro Penal reporta actualmente al menos 816 presos políticos en Venezuela, entre ellos 89 con nacionalidad extranjera o doble ciudadanía. La mayoría de estas detenciones ocurrieron después de los comicios del 28 de julio de 2024.
Del total, 720 son hombres y 96 mujeres, incluyendo cuatro menores de entre 14 y 17 años.
Rechazo del régimen
Mientras la comunidad internacional advierte sobre el agravamiento de la represión, el régimen de Maduro desestima estas denuncias y califica a la Misión de la ONU como un mecanismo de “agresión e injerencia”. El Ministerio de Comunicación y la Fiscalía General no respondieron a solicitudes de comentarios sobre el informe.
Un patrón que vulnera derechos humanos
El reporte de la ONU confirma lo denunciado por diversas organizaciones: en Venezuela la persecución política no se limita a los opositores directos, sino que también alcanza a sus familias, ampliando el círculo de represión y debilitando aún más el tejido social.
Este patrón sistemático de persecución, que incluye detenciones arbitrarias, torturas y restricciones a la defensa, constituye una grave violación de los derechos humanos y refuerza el clima de miedo que impera en el país.
Fuente: Infobae