La Misión de Determinación de los Hechos alertó que, pese a excarcelaciones tras las protestas de 2024, más de 200 opositores y defensores de DDHH han sido arrestados este año.
La Misión Internacional Independiente de la ONU sobre Venezuela presentó este lunes un nuevo informe que advierte sobre la continuidad de la represión política en el país. Aunque más de 2.000 personas fueron liberadas tras las detenciones masivas durante las protestas postelectorales de 2024, alrededor de 200 opositores y defensores de Derechos Humanos han sido encarcelados en lo que va de 2025.
Crímenes de persecución política
La presidenta de la misión, Marta Valiñas, denunció que el “crimen de persecución con motivaciones políticas continúa cometiéndose en Venezuela”, sin que exista voluntad del Estado de prevenir, investigar o sancionar estas violaciones graves de derechos humanos.
El informe documenta torturas como asfixia con bolsas de plástico, golpizas, patadas, tortura sexual, amenazas de violación y descargas eléctricas en los genitales. Ninguno de estos casos ha sido investigado por las autoridades.
Además, se reportó un número inédito de personas extranjeras detenidas bajo regímenes de incomunicación prolongada.
Arrestos sin base legal y juicios fabricados
El comisionado Francisco Cox señaló que muchas detenciones de 2025 se realizaron “sin orden judicial ni base legal”, frecuentemente por individuos enmascarados que no se identificaron. Denunció también la fabricación de expedientes y la vulneración sistemática del derecho a un juicio justo, lo que deja a las víctimas en manos de la justicia internacional como única esperanza.
Impunidad en las muertes de 2024
El informe también recuerda que 12 de las 25 muertes registradas entre el 29 y 30 de julio de 2024 involucran directamente a fuerzas de seguridad del Estado. A pesar de que el régimen prometió investigaciones, ninguno de los casos ha tenido resultados y las muertes permanecen en la impunidad.
La misión documenta que miembros de la Guardia Nacional dispararon contra manifestantes en Maracay, causando la muerte de seis personas. Asimismo, al menos dos de las cinco muertes bajo custodia investigadas muestran “motivos razonables” para creer que los detenidos fueron sometidos a tratos crueles y que no se garantizó su vida ni integridad.
La experta Patricia Tappatá afirmó que la muerte de personas en prisión, muchas por deterioro de salud sin atención médica, constituye una “privación arbitraria de la vida” y una grave responsabilidad del Estado venezolano.
Menores detenidos y torturados
Otro punto alarmante del informe es la situación de al menos cuatro menores de entre 13 y 17 años, que permanecen presos en La Guaira y Lara tras las protestas de 2024. Durante su detención fueron sometidos a incomunicación, violencia sexual, tratos inhumanos y violaciones al debido proceso.
Un patrón sostenido de represión
El reporte confirma que la represión en Venezuela sigue activa en 2025, afectando no solo a opositores políticos, sino también a defensores de derechos humanos y menores de edad. Con ello, la misión de la ONU concluye que el patrón de persecución política, torturas e impunidad se mantiene como política de Estado bajo el régimen de Nicolás Maduro.