Durante el día de hoy, 23 de mayo, se hizo pública la detención de Juan Pablo Guanipa, dirigente nacional del partido político Primero Justicia, ex vicepresidente de la Asamblea Nacional electa en 2015 y uno de los más cercanos colaboradores de María Corina Machado.
Guanipa se encontraba en la clandestinidad en Venezuela, luego de haber sido objeto de una intensa persecución por parte del aparato represivo del régimen. Su captura, anunciada públicamente por el ministro Diosdado Cabello bajo la acusación de liderar un supuesto grupo conspirativo, ocurre en un contexto de creciente represión a medida que se acercan las elecciones parlamentarias y regionales del 25 de mayo, ampliamente consideradas una farsa electoral.
Este no es un caso aislado, sino parte de una campaña sistemática de hostigamiento y persecución política contra dirigentes opositores, periodistas, organizaciones independientes y diversos sectores de la sociedad civil. En las últimas semanas se ha registrado un patrón sostenido de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y denuncias de torturas. Las víctimas incluyen defensores de derechos humanos, líderes comunitarios, comunicadores, activistas y ciudadanos sin afiliaciones políticas claras, muchos de ellos sin vínculo directo con campañas electorales. Hasta la fecha, organizaciones especializadas han documentado al menos 50 casos de detenciones arbitrarias, 19 de los cuales ocurrieron en Caracas en las últimas horas.
Esta ola de represión selectiva y sistemática constituye graves violaciones a los derechos humanos y forma parte de una estrategia más amplia orientada a mantener el control social, silenciar la disidencia y sofocar cualquier expresión legítima de crítica o protesta. Estas prácticas se repiten cíclicamente en contextos electorales, consolidando un clima de miedo e impunidad.
Ante esta situación, hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional a denunciar de manera clara y contundente esta intensificación de la represión, exigir el cese inmediato de las detenciones arbitrarias, actos de tortura y desapariciones forzadas, aumentar la presión diplomática y política sobre el régimen de Maduro para que garantice el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, y mantener una vigilancia constante ante esta nueva arremetida y los hechos que se desarrollarán en los próximos días.
Actualmente se está elaborando un informe documentado sobre los casos ocurridos en los días previos al 25 de mayo, el cual será compartido tan pronto esté finalizado con el objetivo de respaldar estas denuncias y evidenciar la gravedad de la situación.