La organización de derechos humanos Foro Penal advirtió sobre graves irregularidades y vacíos estructurales en el proceso de excarcelación de presos políticos en Venezuela, en un contexto marcado por la postergación de la Ley de Amnistía, la persistencia de más de 600 detenidos por razones políticas y una huelga de hambre de familiares que ya supera varios días en Caracas.
El director de Foro Penal, Alfredo Romero, señaló dos preocupaciones centrales: la aparición de presos políticos no registrados oficialmente y la exclusión sistemática de militares del proceso de liberaciones y del proyecto de amnistía actualmente en discusión en la Asamblea Nacional.
Presos que nunca fueron denunciados
Romero alertó que, en las últimas semanas, Foro Penal ha comenzado a identificar casos de personas detenidas cuya reclusión no figuraba en ningún registro previo. Se trata de familiares que, por miedo a represalias, pérdida de empleo o estigmatización, nunca se animaron a denunciar las detenciones arbitrarias.
“No existe un registro oficial único, transparente y confiable de detenidos. Muchas familias se acercan ahora, cuando el contexto parece abrir una ventana, y descubrimos personas cuya detención era desconocida incluso para nosotros”, explicó Romero.
Esta situación obliga a la organización a destinar recursos adicionales para verificar paraderos, condiciones de detención y causas judiciales, en un sistema caracterizado por la opacidad y la fragmentación institucional.
Militares fuera de la amnistía
Otra alerta clave de Foro Penal es la exclusión de militares presos por razones políticas tanto de las excarcelaciones como del proyecto de Ley de Amnistía. Romero calificó esta omisión como discriminatoria y contraria a cualquier principio de reconciliación nacional.
Mientras civiles han sido excarcelados —muchos de ellos bajo arresto domiciliario o medidas restrictivas—, decenas de militares continúan detenidos, sin acceso regular a expedientes, visitas o procesos claros.
“Excluir a los militares no solo es una omisión legal grave, sino un mensaje contrario a la idea de justicia y reconciliación”, sostuvo el activista.
444 excarcelaciones, pero sin libertad plena
Según datos verificados por Foro Penal, 444 personas han sido excarceladas entre el 8 de enero y el 15 de febrero de 2026. Sin embargo, la organización aclara que no considera excarcelación aquellos casos en los que la persona continúa privada de libertad bajo arresto domiciliario o medidas cautelares severas.
Casos como el del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, liberado y luego nuevamente privado de libertad el mismo día, o el del asesor opositor Perkins Rocha, aún bajo arresto domiciliario, ilustran la fragilidad e incertidumbre del proceso.
En paralelo, más de 600 presos políticos permanecen detenidos, muchos de ellos con problemas graves de salud, incomunicados o sin acceso a atención médica adecuada.
Huelga de hambre y deterioro de la salud
La tensión aumentó en Caracas con la huelga de hambre de familiares de presos políticos, que se mantiene frente a los calabozos policiales de la Zona 7. La protesta, iniciada el 14 de febrero, se intensificó tras el segundo aplazamiento del debate de la Ley de Amnistía, ahora previsto para el 19 de febrero.
Las imágenes son elocuentes: mujeres exhaustas, deshidratadas, con signos de descompensación física. Al menos una huelguista debió abandonar el ayuno por problemas de tensión arterial, mientras se denuncian obstáculos para el ingreso de personal médico y sueros hidratantes.
Organizaciones como el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) alertaron que impedir la atención médica pone en riesgo la vida de las manifestantes y de los detenidos que, según denuncias, también habrían iniciado una huelga de hambre dentro del recinto.
Un contexto político incierto
El proceso de excarcelaciones y la discusión de la amnistía se desarrollan en medio de una transición política tutelada, tras la caída de Nicolás Maduro y la asunción de Delcy Rodríguez. Aunque el Parlamento prometió la liberación de “todos” los presos políticos una vez aprobada la ley, los retrasos y condicionamientos han profundizado la desconfianza.
Foro Penal y otras organizaciones de derechos humanos insisten en que no es necesaria una ley de amnistía para liberar a los presos políticos y que la norma, si se aprueba, debe ser una garantía de libertad plena hacia el futuro, no una herramienta para dilatar excarcelaciones ni legitimar la impunidad.
Mientras tanto, familias, activistas y víctimas siguen reclamando lo esencial: libertad inmediata, plena y sin condiciones, verdad, justicia y garantías de no repetición en Venezuela.
Fuentes: Foro Penal e Infobae