El régimen venezolano revocó la excarcelación del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, apenas horas después de que recuperara la libertad, al alegar un supuesto “incumplimiento de las medidas cautelares”. La decisión se produjo en medio de una situación aún más grave: la familia del opositor denunció que fue secuestrado por hombres armados y sin identificación, y hasta el momento se desconoce su paradero.
En un comunicado difundido durante la madrugada del lunes, el Ministerio Público del régimen informó que solicitó al tribunal competente la revocatoria de la medida cautelar otorgada a Guanipa y pidió sustituirla por un régimen de detención domiciliaria, al considerar que el dirigente no habría cumplido con las condiciones impuestas tras su salida de prisión.
Sin embargo, la versión oficial contrasta de manera directa con la denuncia de sus familiares, quienes aseguran que Guanipa fue interceptado violentamente por un grupo armado la noche del domingo en Caracas.
Denuncia de secuestro y exigencia de fe de vida
Ramón Guanipa, hijo del dirigente opositor, denunció públicamente que su padre fue emboscado por al menos diez hombres armados, vestidos de civil y movilizados en varios vehículos sin identificación oficial. Según el testimonio, los agresores se lo llevaron por la fuerza sin mostrar orden judicial.
“Exigimos fe de vida inmediata y responsabilizamos al régimen de cualquier cosa que le ocurra”, expresó la familia en un comunicado difundido en redes sociales, donde también reclamaron su liberación inmediata.
El hecho ocurrió pocas horas después de que Guanipa fuera excarcelado y recorriera distintos puntos de Caracas, incluyendo centros de detención, donde se reunió con familiares de presos políticos y brindó declaraciones públicas.
Una revocatoria exprés tras la libertad
El Ministerio Público sostuvo que las medidas cautelares están “condicionadas al cumplimiento estricto de las obligaciones impuestas” y que su presunto incumplimiento habilita al tribunal a revocar o modificar el beneficio concedido.
En el mismo texto, el organismo afirmó que su actuación se inscribe en el marco del denominado Programa de Convivencia Democrática y Paz y en la consulta en curso sobre la Ley de Amnistía, una referencia que generó fuertes cuestionamientos por parte de la oposición y organizaciones de derechos humanos, que denuncian arbitrariedad y uso político del sistema judicial.
Reacción de la oposición y alerta internacional
El secuestro también fue denunciado por la líder opositora María Corina Machado, quien emitió una alerta internacional y exigió la liberación inmediata de Guanipa.
“Hombres fuertemente armados, vestidos de civil, llegaron en varios vehículos y se lo llevaron violentamente. Exigimos su liberación inmediata”, expresó Machado, al tiempo que responsabilizó al régimen por la integridad física del dirigente.
Un caso emblemático de persecución política
Juan Pablo Guanipa había sido excarcelado el domingo por la tarde, tras permanecer más de ocho meses detenido por motivos políticos. A su salida del centro de reclusión, publicó un video en el que habló de la necesidad de decir la verdad sobre el presente y el futuro de Venezuela.
El dirigente fue arrestado el 23 de mayo de 2025, en el marco de una ola de detenciones contra aliados de Machado. El operativo fue anunciado públicamente por el ministro de Interior del régimen, Diosdado Cabello, quien lo acusó de integrar una supuesta “red terrorista” destinada a sabotear el proceso electoral.
Durante su detención, Guanipa permaneció incomunicado durante varios días y fue exhibido en televisión estatal esposado, con chaleco antibalas y escoltado por agentes encapuchados, en una escena ampliamente denunciada como criminalización política.
Amnistía en discurso, represión en los hechos
La revocatoria de la excarcelación y la desaparición forzada de Guanipa se producen en un momento en que el régimen promueve públicamente una Ley de Amnistía y asegura avanzar hacia la “reconciliación nacional”. Sin embargo, el caso refuerza las denuncias de organizaciones de derechos humanos sobre liberaciones condicionadas, revocables y utilizadas como mecanismos de control político.
Mientras el Estado invoca la convivencia democrática, la detención irregular de un dirigente recién excarcelado vuelve a poner en evidencia la fragilidad absoluta de las garantías jurídicas en Venezuela y el uso del aparato represivo como herramienta de intimidación.
Fuente: Infobae