El anuncio del régimen venezolano sobre una supuesta liberación masiva de presos políticos volvió a quedar bajo fuerte cuestionamiento por parte de organizaciones independientes de derechos humanos, que desmintieron las cifras oficiales, denunciaron opacidad informativa y reclamaron la publicación inmediata de las listas completas de personas excarceladas.
Durante una sesión parlamentaria, el presidente de la Asamblea Nacional controlada por el chavismo, Jorge Rodríguez, aseguró que “más de 400 personas” habrían sido liberadas en el marco de un proceso que, según sostuvo, apunta a la “convivencia pacífica” tras la crisis política desatada luego de la captura del dictador Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos.
Sin embargo, la principal organización independiente dedicada a la defensa de presos políticos en Venezuela, Foro Penal, afirmó que esa cifra no se corresponde con los datos verificables y denunció una manipulación discursiva por parte del oficialismo.
El régimen niega la existencia de presos políticos
En su intervención, Rodríguez negó que en Venezuela existan presos políticos y sostuvo que los liberados serían “políticos que violaron la ley y llamaron a la invasión”, una formulación utilizada históricamente por el chavismo para criminalizar la disidencia y justificar detenciones arbitrarias.
El dirigente no presentó listas, nombres, criterios ni fechas, ni explicó cómo se llegó al número de “más de 400” personas liberadas. Tampoco se difundió información oficial en la Gaceta ni a través de los organismos penitenciarios.
Foro Penal: solo 56 excarcelaciones verificadas
Frente a esas afirmaciones, Foro Penal difundió un comunicado oficial fechado el 13 de enero de 2026, en el que fue categórico: desde el anuncio oficial del 8 de enero, la organización solo ha podido confirmar 56 excarcelaciones de presos políticos.
Otras ONG y plataformas de monitoreo manejan cifras similares, que oscilan entre 60 y 70 liberaciones, muy lejos de las “más de 400” proclamadas por el régimen.
“Foro Penal no genera la incertidumbre: la incertidumbre la genera la falta de información clara y transparente por parte de los órganos del Poder Público”, señaló la organización.
Rechazo a acusaciones y denuncia de estigmatización
En el mismo comunicado, Foro Penal rechazó con firmeza las declaraciones de Jorge Rodríguez, quien acusó públicamente a la ONG de cobrar dinero a familiares de detenidos para gestionar liberaciones.
“No es cierto que nuestra organización exija pago alguno por la asistencia legal gratuita que hemos brindado a más de 15.000 víctimas de violaciones a los derechos humanos durante más de 23 años”, respondió Foro Penal, recordando que su trabajo ha sido reconocido nacional e internacionalmente y sostenido por redes de abogados voluntarios.
La ONG calificó esas acusaciones como un intento de desprestigiar a la sociedad civil y desviar la atención sobre la responsabilidad exclusiva del Estado en las detenciones arbitrarias.
La opacidad como política de control
Foro Penal subrayó que, si la Asamblea Nacional afirma tener información distinta, debe publicarla de inmediato, ya que se trata de un tema “de interés público, humano y extremadamente sensible”.
“La opacidad solo sirve para generar angustia y sufrimiento en los presos y en sus familias, y no contribuye a la reconciliación ni a la convivencia nacional”, advirtió la organización.
Actualmente, más de 800 personas continúan privadas de libertad por razones políticas en Venezuela, muchas de ellas sometidas a incomunicación, falta de atención médica, procesos judiciales irregulares y tortura, según denuncias reiteradas de organismos nacionales e internacionales.
Presión internacional y desconfianza persistente
La disputa por las cifras se produce en un contexto de creciente presión internacional, con familias acampando frente a centros de detención, defensores de derechos humanos documentando casos en tiempo real y gobiernos extranjeros observando con escepticismo un proceso que carece de verificabilidad independiente.
Líderes opositores, entre ellos María Corina Machado, han exigido la liberación total e incondicional de todos los presos políticos, así como la publicación de listas oficiales que permitan confirmar cada excarcelación.
Mientras el régimen insiste en cifras globales sin respaldo documental, las organizaciones de derechos humanos reiteran que la única medida creíble es la libertad plena, verificable y transparente de todas las personas detenidas por motivos políticos.
Fuentes: Infobae y Foro Penal