Por Infobae
Desde febrero de 2025, el Comando Nacional Antidrogas (CNA) de la Guardia Nacional Bolivariana, ubicado en Las Acacias, Caracas, dejó de funcionar exclusivamente como una unidad contra el narcotráfico y pasó a operar como un centro de detención clandestino, donde permanecen presos políticos, militares, empresarios y civiles considerados de “interés” para el poder.
La instalación se encuentra bajo el control directo del ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, señalado reiteradamente por organizaciones de derechos humanos como uno de los principales responsables de la represión interna, la persecución política y el uso sistemático de la tortura en Venezuela.
72 detenidos sin garantías ni debido proceso
De acuerdo con información verificada por fuentes vinculadas a los familiares y defensores de los detenidos, en el CNA permanecen actualmente unas 72 personas privadas de libertad, entre ellas:
- 35 militares activos y retirados
- 5 alcaldes
- 20 empresarios
- 12 civiles
Muchos de ellos fueron detenidos sin orden judicial, trasladados encapuchados, incomunicados durante semanas y presentados ante tribunales de terrorismo mediante audiencias telemáticas, sin acceso a defensa privada ni contacto regular con sus familias.
Operaciones represivas y control político
Las detenciones se intensificaron con la llamada “Operación Tun Tun”, ejecutada por el Grupo de Operaciones Estratégicas (GOES) de la Policía Nacional Bolivariana, en coordinación con estructuras de inteligencia militar.
Según testimonios recabados, todas las órdenes operativas y decisiones sobre los detenidos pasan por Diosdado Cabello, quien utiliza el CNA como una cárcel paralela, al margen del sistema penitenciario formal.
Torturas documentadas y celdas de castigo
Familiares y fuentes internas denunciaron que varios detenidos fueron recluidos en una celda conocida como “El Tigrito”, descrita como un espacio sin luz, con condiciones infrahumanas, utilizado para castigos prolongados.
Entre los métodos de tortura denunciados se incluyen:
- Descargas eléctricas en genitales y cuello
- Asfixia con bolsas y toallas mojadas
- Golpizas reiteradas
- Encierros prolongados esposados a rejas o literas
- Privación del sueño y encapuchamiento
Funcionarios señalados por las víctimas incluyen a Joel Eduardo Suárez Gutiérrez, Rodríguez Aldana y el SM1 Pedro Luis Montoya León, entre otros miembros del Estado Mayor de Inteligencia (EMI) y del GOES.
Intentos de suicidio y tratos crueles
Uno de los casos más graves es el del teniente coronel retirado Tomás Gómez Machuca, quien, tras ser sometido a torturas, intentó quitarse la vida en octubre de 2025, causándose heridas en el cuello y el pecho. Fue trasladado de urgencia al Hospital Militar y luego devuelto al CNA, donde continúa detenido.
Otros militares, como Eduardo Elías Mata Villarroel y el capitán retirado Rodolfo Berríos, permanecieron esposados durante semanas en pasillos del comando, sometidos a tormentos físicos y psicológicos para forzar declaraciones incriminatorias.
Criminalización fabricada y tribunales de terrorismo
Los detenidos fueron vinculados de forma forzada a causas de narcotráfico, asociación para delinquir y terrorismo, mediante confesiones obtenidas bajo tortura, según denunciaron familiares y abogados.
Las causas fueron armadas para justificar detenciones masivas, mezclar perfiles militares, empresariales y civiles, y enviar un mensaje disciplinador tanto dentro de las Fuerzas Armadas como hacia sectores económicos y sociales.
Un patrón sistemático de represión estatal
Lo ocurrido en el Comando Nacional Antidrogas de Las Acacias no constituye un hecho aislado, sino parte de un patrón sistemático de represión documentado por organizaciones como Foro Penal, que ha advertido sobre el uso de centros policiales y militares como cárceles ilegales.
Este esquema se inscribe en una estrategia más amplia del régimen para neutralizar disidencias internas, controlar estructuras militares y mantener el poder mediante el miedo y la violencia institucionalizada.
Un centro antidrogas convertido en símbolo del terror
La transformación del CNA en un centro de detención y tortura resume el colapso del Estado de Derecho en Venezuela. Bajo la conducción de Diosdado Cabello, una unidad destinada al combate del crimen organizado fue reconvertida en herramienta de persecución política, donde se violan de forma sistemática los derechos humanos más básicos.
Mientras continúan las denuncias y crece la presión internacional, decenas de personas siguen detenidas en condiciones inhumanas, sin garantías judiciales y bajo el control directo de una de las figuras más poderosas del régimen chavista.