La líder opositora María Corina Machado y el presidente electo Edmundo González Urrutia, reafirmaron su compromiso con las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. En una declaración conjunta, aseguraron que una Venezuela democrática traerá consigo justicia y reparación integral para todas las personas afectadas.
“Nos dirigimos a todas las víctimas directas e indirectas de los regímenes de Chávez y Maduro, dentro y fuera del país. Cada uno de ustedes merece justicia y reparación por parte del Estado venezolano”, expresaron en un comunicado difundido en la red social X.
Ambos plantearon la necesidad de impulsar reformas estructurales profundas que garanticen una justicia independiente, imparcial y libre de instrumentalización política.
Denunciaron que, durante los 26 años en los que el chavismo ha permanecido en el poder, se han ejecutado de forma sistemática violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, documentados por organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales. Estas prácticas incluyen:
- Persecución por motivos políticos
- Asesinatos durante protestas legítimas
- Ejecuciones extrajudiciales
- Torturas y tratos crueles
- Violaciones sexuales
- Detenciones arbitrarias
- Muertes bajo custodia estatal
Machado y González Urrutia aseguraron que su compromiso es claro: erradicar la impunidad y establecer un sistema de justicia que responda verdaderamente a las víctimas.
En ese sentido, anunciaron que su futuro gobierno cumplirá con los estándares del derecho internacional y garantizará una reparación integral y efectiva, que contemple:
- Apoyo social y legal
- Atención médica y psicológica
- Indemnizaciones económicas
- Anulación de condenas injustas
“Su testimonio, su lucha y su dignidad serán la base de una Venezuela donde el respeto a los derechos humanos no volverá a ser vulnerado ni silenciado”, destacaron.
Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, la principal coalición opositora denunció un fraude electoral y proclamó a Edmundo González Urrutia como presidente legítimamente electo, a pesar de que el Consejo Nacional Electoral —controlado por el oficialismo— declaró como ganador a Nicolás Maduro.
Las protestas que siguieron a esa contienda derivaron en más de 2.400 detenciones, de las cuales al menos 2.006 personas fueron posteriormente excarceladas, según cifras oficiales. Para la oposición, muchos de estos ciudadanos son presos políticos que deben ser liberados y reparados.