Autoridades venezolanas presentaron en las últimas semanas cifras y declaraciones sobre la situación del sistema de justicia penal y penitenciario del país, en medio de anuncios oficiales relacionados con una reforma del área.
Según datos expuestos por el ministro de Interior, Diosdado Cabello, Venezuela registra 58.714 personas privadas de libertad. De ese total, 12.425 tendrían más de dos años detenidas sin sentencia y 8.222 estarían recluidas en centros de detención preventiva, espacios destinados originalmente a estadías de corta duración.
Las cifras oficiales contrastan con estimaciones previas de organizaciones no gubernamentales. El Observatorio Venezolano de Prisiones había reportado 26.694 personas privadas de libertad y un índice de hacinamiento de 176,83%.
Delcy Rodríguez anunció una reforma de la justicia penal y señaló presuntas irregularidades dentro del sistema, entre ellas denuncias sobre cobros indebidos vinculados con procesos de amnistía. También informó la habilitación de una línea telefónica para recibir denuncias sobre posibles actos de extorsión cometidos por funcionarios policiales, fiscales, jueces u otros operadores del sistema.
El fiscal general, Larry Devoe, indicó que cerca del 70% de la población reclusa pertenece a los estratos 4 y 5. También afirmó que 81% de las personas procesadas son primarias, es decir, enfrentan por primera vez un proceso penal.
Cabello señaló, además, que 70% de las personas privadas de libertad requiere asistencia de la Defensa Pública, lo que relacionó con la falta de recursos para contratar abogados particulares.
Devoe también informó que 75% de las personas condenadas admitió los hechos. Ante ese dato, el Observatorio Venezolano de Prisiones advirtió que, en contextos de retardo procesal, hacinamiento y condiciones precarias de reclusión, la admisión de hechos puede estar influida por la búsqueda de una salida más rápida del proceso.
Durante una reunión de la comisión encargada de abordar los cambios en el sistema penal, la defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, señaló que la cantidad de casos recibidos supera la capacidad de respuesta institucional y mencionó la situación de personas detenidas por distintos tipos de causas.
Cabello informó que, en los últimos dos años, más de 28.000 funcionarios policiales fueron removidos y pasados a juicio. También señaló que existe preocupación por la discrecionalidad con la que actúan algunas policías estadales y municipales.
El Observatorio Venezolano de Prisiones sostuvo que el reconocimiento de estos problemas ocurre después de años de denuncias de organizaciones, familiares y defensores de derechos humanos sobre la situación de las personas privadas de libertad en Venezuela.
Fuente: Infobae / Observatorio Venezolano de Prisiones