La ONG Foro Penal informó que al menos 485 personas permanecen detenidas por motivos políticos en Venezuela, y advirtió que la Ley de Amnistía, lejos de acelerar los procesos de liberación, está actuando como un mecanismo que los ralentiza.
El director de la organización, Alfredo Romero, aseguró que la normativa se ha convertido en un obstáculo dentro del sistema judicial.
“La Ley de Amnistía está sirviendo más como un embudo para ralentizar o paralizar la libertad de muchos presos políticos”, expresó.
Un proceso de liberaciones cuestionado
La cifra actual representa una leve disminución respecto a semanas anteriores, cuando Foro Penal contabilizaba cerca de 490 detenidos. Entre ellos se incluyen 44 extranjeros o ciudadanos con doble nacionalidad, lo que añade presión internacional sobre el caso venezolano.
El proceso de excarcelaciones comenzó tras la captura de Nicolás Maduro en enero, en un contexto de transición política encabezado por Delcy Rodríguez.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos sostienen que el avance ha sido irregular y limitado.
Una ley con restricciones y sin transparencia
La Ley de Amnistía, aprobada el 19 de febrero, abarca formalmente un período de 27 años, pero en la práctica solo aplica a 13 hechos específicos, dejando fuera numerosos casos de persecución política.
Además, excluye delitos como:
- Operaciones militares
- Corrupción
- Homicidio
- Violaciones de derechos humanos
Estas limitaciones han sido señaladas como uno de los principales factores que explican por qué muchas solicitudes de libertad son rechazadas o demoradas.
A esto se suma la falta de transparencia: hasta el momento, el gobierno no ha publicado un listado oficial de personas beneficiadas, pese a solicitudes de organismos internacionales como el alto comisionado de la ONU, Volker Türk.
Diferencias entre cifras oficiales y verificadas
Mientras el gobierno asegura que más de 8.000 personas han sido amnistiadas, organizaciones independientes advierten que gran parte de esos casos corresponden a personas que ya se encontraban en libertad bajo medidas cautelares.
Esto ha generado una brecha significativa entre los datos oficiales y los verificados por ONG, alimentando dudas sobre el impacto real de la ley.
Contexto económico y social
En paralelo al debate sobre los presos políticos, el gobierno anunció nuevas medidas económicas orientadas a estabilizar el país.
Rodríguez confirmó:
- Un aumento salarial a partir del 1 de mayo (sin detalles)
- La instalación de una comisión para el diálogo laboral
- Reformas tributarias y del mercado inmobiliario
Estas decisiones se producen en medio de protestas de trabajadores que reclaman mejoras urgentes, en un contexto donde el salario mínimo se mantiene prácticamente simbólico debido a la inflación.
Un escenario aún incierto
A pesar de las liberaciones parciales, el caso de los presos políticos sigue siendo uno de los principales indicadores de la situación de derechos humanos en Venezuela.
Organizaciones como Foro Penal insisten en que la libertad plena, inmediata y sin condiciones es la única medida capaz de resolver el problema de fondo, mientras continúan las denuncias sobre detenciones arbitrarias, procesos judiciales irregulares y restricciones a las libertades civiles.
Fuente: Infobae