La crisis de derechos humanos en Venezuela sigue sin resolverse pese a la entrada en vigor de la Ley de Amnistía. Según el más reciente balance de la ONG Foro Penal, al menos 503 personas continúan detenidas por motivos políticos, en un contexto marcado por denuncias de opacidad, exclusiones y aplicación discrecional de la norma.
El dato, actualizado al 23 de marzo, muestra una leve disminución respecto a semanas anteriores, pero pone en evidencia que el proceso de liberaciones está lejos de completarse.
Una amnistía bajo cuestionamiento
La Ley de Amnistía, promovida por el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez, ha sido presentada como un paso hacia la reconciliación nacional. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos advierten que su implementación presenta serias fallas.
Entre las principales críticas se destacan:
- Falta de transparencia: no existe un listado oficial de beneficiarios
- Criterios poco claros para otorgar la libertad
- Exclusión de múltiples casos considerados políticos
Mientras el Parlamento asegura que más de 8.000 personas han recibido libertad plena, organismos independientes cuestionan esas cifras y sostienen que incluyen personas que ya no estaban en prisión sino bajo medidas restrictivas.
La ONU también cuestiona el proceso
El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, denunció que el Estado venezolano no ha entregado información completa sobre los liberados ni ha permitido acceso sin restricciones a centros de detención.
Según su oficina, solo se han podido verificar de manera independiente unas 950 liberaciones, muy por debajo de las cifras oficiales.
La respuesta del gobierno venezolano fue rechazar estas observaciones y cuestionar la postura del organismo internacional.
Rechazos judiciales y “represión selectiva”
Las dudas sobre la efectividad de la amnistía se profundizaron tras una serie de decisiones judiciales que rechazaron solicitudes de libertad plena.
Entre los casos más relevantes:
- El activista Javier Tarazona y otros miembros de Fundaredes
- Dirigentes políticos vinculados a la oposición
- Sindicalistas condenados en procesos cuestionados
Estos rechazos evidencian que la ley no se aplica de forma uniforme, lo que ha llevado a denuncias de “represión selectiva”.
La dirigente opositora María Corina Machado calificó el mecanismo como una herramienta que no resuelve el problema estructural de persecución política.
Un sistema con limitaciones estructurales
Aunque la ley abarca formalmente el período desde 1999, en la práctica solo aplica a 13 hechos específicos, dejando fuera numerosos casos de persecución política.
Además, excluye delitos como:
- Operaciones militares
- Corrupción
- Homicidios
- Violaciones de derechos humanos
Organizaciones especializadas advierten que muchas imputaciones fueron utilizadas históricamente como instrumentos para criminalizar la disidencia, lo que deja a víctimas fuera del beneficio.
Miles aún bajo restricciones
Más allá de los detenidos, el informe revela otro dato clave:
más de 11.000 personas siguen bajo medidas restrictivas de libertad, como prohibición de salida del país o presentaciones periódicas ante tribunales.
Esto refuerza la idea de que la crisis no se limita a quienes están encarcelados, sino que afecta a miles de venezolanos en distintas condiciones legales.
Un proceso en disputa
El futuro de la amnistía dependerá de cómo evolucione el sistema de apelaciones y de si las autoridades corrigen las inconsistencias denunciadas.
Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos advierten que el proceso podría convertirse en un “espejismo de liberación”, donde las cifras oficiales no reflejan cambios reales en la situación de fondo.
En un país que busca avanzar hacia la transición política, el tratamiento de los presos políticos sigue siendo uno de los principales indicadores de la voluntad real de cambio.
Fuente: Infobae