Las principales organizaciones de derechos humanos del país advirtieron que una eventual Ley de Amnistía solo será legítima si garantiza libertad plena, verdad, justicia y no repetición, y si no se convierte en un mecanismo de impunidad para violadores de derechos humanos.
La advertencia se produjo tras una reunión entre la Comisión Especial de la Asamblea Nacional para la Consulta del Proyecto de Ley de Amnistía y representantes de Foro Penal, Provea, Acceso a la Justicia, Justicia Venezolana y otros defensores de derechos humanos, en un contexto marcado por excarcelaciones parciales, falta de transparencia oficial y más de 700 personas aún detenidas por motivos políticos.
La amnistía no puede ser “clemencia” ni moneda de cambio
Uno de los puntos centrales planteados por las ONG es que el proyecto de ley no debe concebirse como un “acto de clemencia”, sino como lo que jurídicamente es: una renuncia del Estado a ejercer su poder punitivo frente a persecuciones políticas arbitrarias.
Desde Foro Penal, su vicepresidente Gonzalo Himiob alertó que definir la amnistía como perdón desnaturaliza su esencia y coloca al Estado en una posición de superioridad moral frente a las víctimas. “Las amnistías son para las víctimas, no para el poder”, insistieron los defensores.
Las organizaciones subrayaron además que no es necesaria una ley de amnistía para liberar a los presos políticos: la liberación inmediata es una obligación del Estado. La amnistía debe funcionar como garantía de libertad hacia el futuro, no como condición previa para dejar salir a quienes hoy están detenidos arbitrariamente.
Persecución política más allá de lo penal
Otro eje clave del reclamo es que la persecución en Venezuela no se limitó a causas penales. Durante más de dos décadas, se registraron represalias:
- laborales y administrativas
- disciplinarias
- civiles y patrimoniales
Por eso, las ONG exigen que la amnistía anule todas las sanciones derivadas de la persecución política, y no solo procesos judiciales formales.
También cuestionaron la limitación temporal incluida en el borrador de la ley, que deja fuera a numerosas víctimas cuyos casos ocurrieron fuera de los períodos “seleccionados”. “La persecución fue continua, no episódica”, advirtieron.
Riesgo de exclusiones injustas e impunidad
Foro Penal y Provea alertaron que excluir automáticamente ciertos delitos, como los vinculados al patrimonio público o figuras comunes, puede dejar sin protección a víctimas de juicios fabricados. Recordaron que el sistema judicial venezolano utilizó cargos como corrupción o asociación para delinquir para encubrir persecuciones políticas, como ocurrió en el caso de la jueza María Lourdes Afiuni.
Asimismo, las organizaciones fueron enfáticas: ninguna amnistía puede beneficiar a responsables de torturas, desapariciones forzadas o crímenes de lesa humanidad, ni a sus cadenas de mando. El derecho internacional establece límites claros que no pueden ser ignorados.
Personas en situación de extrema vulnerabilidad
Mientras se discute la ley, la situación humanitaria sigue siendo crítica. Foro Penal denunció que al menos cuatro personas dentro del espectro autista permanecen arbitrariamente detenidas, sin garantías adecuadas ni consideración de su condición: Gabriel Sánchez Piña, Gilmari Alcalá Lasala, Juan Nahir Zambrano y Darío Estrada Perozo.
Las ONG reiteraron que las liberaciones plenas deben continuar de inmediato, con prioridad para quienes presentan problemas graves de salud, riesgo vital o condiciones de reclusión extremas.
Familias que no dejan de exigir justicia
El drama humano se mantiene visible en las calles. Este viernes, familiares del preso político Jackson Vera, detenido arbitrariamente desde agosto de 2022, volvieron a exigir su libertad junto a la de todos los presos políticos. La escena se repite en cárceles y centros de detención de todo el país: madres, esposas y hermanos sosteniendo vigilias permanentes ante la ausencia de respuestas oficiales.
Tres condiciones mínimas para una amnistía legítima
Las organizaciones coincidieron en que cualquier ley de amnistía debe cumplir, como mínimo, con tres principios fundamentales:
- No reconocimiento de culpa: solicitar amnistía no puede implicar admitir delitos inexistentes.
- Verificación independiente: el cumplimiento de la ley no puede quedar solo en manos del Ejecutivo; deben participar ONG y organismos internacionales.
- Garantía de no repetición: la amnistía debe ir acompañada del desmantelamiento del andamiaje legal represivo y la derogación de normas usadas para perseguir.
Mientras la Asamblea Nacional avanza en el debate, las ONG fueron contundentes: sin transparencia, sin liberación plena y sin justicia para las víctimas, no habrá convivencia democrática real.
Fuente: Foro Penal
Por la Memoria, en Red Global tenemos un listado de Represores identificados y también perfiles del delito.