Detenciones arbitrarias, excarcelaciones opacas y cifras que no cierran siguen marcando la prisión política en Venezuela. En ese escenario, las mujeres —privadas de libertad o sosteniendo la lucha desde afuera— cargan con uno de los costos más altos de la represión.
A pocos días de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores por fuerzas militares de Estados Unidos, el régimen venezolano anunció un proceso de excarcelaciones que fue presentado como un gesto político bajo presión internacional. Sin embargo, organizaciones independientes de derechos humanos han advertido que las cifras oficiales no son verificables y que la realidad dista mucho del relato gubernamental.
Mientras las autoridades, ahora encabezadas por Delcy Rodríguez, aseguran haber liberado a más de 400 personas, la ONG Foro Penal —referencia obligada en el monitoreo de presos políticos en Venezuela— confirmó hasta el momento 143 excarcelaciones desde el anuncio oficial del 8 de enero de 2026. La falta de listas públicas, criterios claros y comunicaciones oficiales mantiene a cientos de familias en una espera angustiante.
Mujeres: presas y sostenes de la resistencia
Según Foro Penal, de los más de 770 presos políticos que aún permanecen detenidos, al menos 99 son mujeres. Aunque recluidas en centros distintos a los de los hombres, no están exentas de torturas, malos tratos, negligencia médica ni violaciones de derechos fundamentales.
Pero el impacto de la prisión política no se limita a quienes están tras las rejas. Madres, esposas, hijas y hermanas de presos políticos se han convertido en el rostro más visible de la resistencia civil: son quienes hacen filas interminables frente a las cárceles, soportan requisas humillantes, llevan alimentos y medicinas, cuidan a los hijos y sostienen económicamente hogares quebrados por la persecución.
“Hoy, a las puertas de las principales cárceles del país, la mayoría de quienes esperan noticias son mujeres”, explicó Alfredo Romero, presidente de Foro Penal. “No solo acompañan, también denuncian, reclaman y exponen el costo humano de la represión”.
Detenciones arbitrarias y desaparición forzada
Los testimonios se repiten con patrones similares: detenciones sin orden judicial, traslados irregulares, semanas o meses sin información oficial y procesos judiciales plagados de irregularidades. En muchos casos, las familias denuncian desapariciones forzadas prolongadas antes de conocer el paradero de sus seres queridos.
Uno de esos casos es el de Vicmarys Oropeza, una joven militar detenida desde septiembre de 2022 y acusada de terrorismo sin pruebas públicas conocidas. Su madre, Marine Carolina González, relató cómo pasó semanas en Caracas durmiendo en la calle, sin información ni asistencia, hasta recibir una llamada nocturna que confirmaba el traslado de su hija a una cárcel femenina.
“Nos hemos quitado el pan para poder ayudarla”, relató. “En la cárcel todo es más difícil, y la familia queda presa también”.
La prisión que se extiende a toda la familia
La periodista e investigadora Kaoru Yonekura, autora del libro No te olvides de mí, ha documentado durante años cómo la prisión política en Venezuela se expande más allá de los muros carcelarios. “Toda la familia queda presa de alguna manera”, explica. Las mujeres asumen múltiples roles forzados por la ausencia, el miedo y la precariedad.
Yonekura advierte además que el actual proceso de excarcelaciones es “lento, ambiguo y profundamente opaco”. A semanas de los anuncios oficiales, no existe claridad sobre cuántas personas han sido realmente liberadas ni cuántas de ellas son presos políticos reconocidos como tales.
Excarcelaciones selectivas y cuentas que no cierran
Las cifras cambian a diario y generan confusión deliberada. Organizaciones independientes han advertido que el régimen mezcla excarcelaciones anteriores, traslados o beneficios procesales con liberaciones reales, inflando números sin respaldo verificable.
Aunque las mujeres representan una proporción menor del total de presos políticos, las excarcelaciones femeninas han sido aún más escasas. “Muchas mujeres están detenidas por su vínculo familiar o afectivo con dirigentes opositores”, señaló Yonekura. “Eso parece tener menos peso en las negociaciones, porque implica menor costo político para el poder”.
Entre el encierro y la espera
Mientras tanto, madres, esposas e hijas continúan en vigilia permanente frente a cárceles como El Rodeo, INOF, Yare o Zona 7. Vidas suspendidas entre el encierro, la incertidumbre y la exigencia de una libertad que no puede ser parcial ni condicionada.
Para las organizaciones de derechos humanos, la prioridad sigue siendo clara: transparencia, listas públicas, liberación total e incondicional de todos los presos políticos y garantías reales de no repetición. Sin eso, las excarcelaciones selectivas no representan justicia, sino una nueva forma de control y desgaste.
Fuente: Foro Penal y DW