La ONG venezolana Foro Penal denunció que el régimen chavista ha recurrido a la detención de familiares de dirigentes políticos como una forma de presión política, una práctica que su presidente fundador, Alfredo Romero, describió como “cobarde y terrible” durante una entrevista en el programa Por la Mañana con Carlos Acosta.
Romero analizó específicamente el caso de Rafael Tudares Bracho, yerno del presidente electo Edmundo González Urrutia, quien estuvo 380 días detenido arbitrariamente y más de un año en desaparición forzada hasta su excarcelación reciente, verificada por la organización como la número 153 desde el 8 de enero de 2026.
Detención de familiares como táctica de presión política
Romero explicó que el caso de Tudares es particularmente significativo porque representa una detención vinculada directamente al entorno electoral y político, en contraste con liberaciones previas que se habían concentrado en ciudadanos extranjeros o apolíticos. En el análisis del Foro Penal, esta categoría de preso —la de detener a un familiar para presionar a un tercero— configura una modalidad de represión que busca tácitamente influir en decisiones políticas o forzar renuncias de figuras opositoras.
Romero calificó esta práctica de inaceptable en cualquier contexto democrático o legal, y alertó sobre el uso político del sistema penal para generar miedo y coerción entre líderes de la oposición y sus entornos familiares.
La excarcelación no siempre es libertad
El fundador de Foro Penal advirtió que ser excarcelado no equivale necesariamente a quedar libre. Señaló que en ocasiones personas que habían salido de prisión han sido detenidas nuevamente debido a órdenes contradictorias dentro del aparato represivo estatal, en lo que se conoce como “efecto puerta giratoria” —una dinámica en la que, pese a excarcelaciones parciales, el número total de presos políticos no disminuye significativamente.
Por ello, Romero insistió en la necesidad de prudencia informativa: “No se puede decir que alguien está libre hasta que esté resguardado”, indicó, advirtiendo sobre la revictimización de quienes han sufrido detención arbitraria y de sus familias.
Falta de transparencia y control del Estado
Durante la entrevista, Romero cuestionó la falta de transparencia oficial con respecto a las excarcelaciones. Señaló que, pese a las declaraciones públicas sobre liberaciones, las autoridades no han puesto a disposición listas completas con nombres, fechas y lugares, lo que impide verificar de manera independiente quiénes han sido liberados y bajo qué condiciones.
“Las autoridades tienen la llave de las cárceles”, afirmó, subrayando que el Estado venezolano es el único que posee información detallada sobre la situación de los detenidos y que el ocultamiento de esos datos solo genera angustia y desconfianza.
Foro Penal, por su parte, ha desarrollado un sistema documentado que permite verificar en minutos el estatus de cada preso político, con registros detallados de nombres, fechas de detención, lugares de reclusión y condiciones de detención.
Cifras actuales y contexto político
Según Romero, Venezuela sigue siendo uno de los países con mayor cantidad de presos políticos en América, con 767 personas privadas de libertad por motivos políticos al 22 de enero de 2026, incluso después de varias rondas de excarcelaciones parciales y disputadas.
La denuncia de Foro Penal se suma a otras señales de alerta sobre el deterioro del Estado de Derecho en Venezuela y la utilización del sistema judicial para perseguir, castigar y presionar no solo a líderes opositores, sino también a sus familiares y allegados.
En este contexto de opacidad y presiones políticas, la organización insistió en que no se puede improvisar una transición democrática mientras persistan prácticas represivas de este tipo y la falta de transparencia estatal respecto a la situación de los presos políticos.
Fuente: Foro Penal