Mariana González de Tudares, hija del presidente electo Edmundo González Urrutia y esposa del preso político Rafael Tudares Bracho, emitió un comunicado este lunes en el que denunció públicamente presuntos intentos de extorsión vinculados al proceso judicial contra su marido, condenado a 30 años de prisión por un tribunal controlado por el régimen chavista.
En su pronunciamiento, González calificó el proceso judicial que sentenció a Tudares como “arbitrario y amoral”, afirmando que el expediente carece de sustento probatorio y que fue utilizado como un instrumento de represión política y coacción contra su familia.
Denuncia de extorsión en embajadas, Iglesia y ONG
Mariana González señaló que fue víctima de al menos tres episodios de extorsión, según su relato, ocurridos en sedes diplomáticas (embajadas), espacios donde opera el Arzobispado y oficinas de organizaciones que públicamente defienden derechos humanos.
En cada uno de esos encuentros —afirma la denunciante— hubo testigos presenciales que escucharon instrucciones claras: para que Rafael pudiera recuperar su libertad, ella debía obligar a su padre a renunciar a su causa política, vinculada a la lucha por una Venezuela democrática.
“El expediente judicial contra mi esposo carece totalmente de sustentos probatorios, no existen testigos ni evidencias que lo vinculen con los delitos que le atribuyen”, dijo Mariana González, cuestionando tanto el juicio como la condena de 30 años impuesta a Tudares.
Un proceso judicial sin garantías
Rafael Tudares Bracho, abogado de profesión, fue detenido el 7 de enero de 2025 en Caracas mientras llevaba a sus hijos al colegio. Su arresto fue parte de una ola de detenciones arbitrarias contra opositores y civiles sin militancia política conocida, denunciada por organizaciones de derechos humanos y la propia oposición venezolana.
Pese a su formación legal, Tudares no tuvo acceso real al expediente hasta su única audiencia de juicio, y ni él ni su defensa pudieron ejercer plenamente el derecho a la defensa privada, denunció su esposa. González afirmó que, tras revisar el expediente, queda claro que no hay pruebas ni hechos demostrables que lo vinculen con los delitos imputados, lo que agrava su indignación y la de su familia.
“Ser yerno de Edmundo González no es ningún delito”
Mariana rechazó de manera tajante la utilización de la detención de su esposo como mecanismo de presión política, algo que vincula directamente a la persecución contra su padre por su rol como líder opositor. “Ser yerno de Edmundo González Urrutia no es ningún delito”, afirmó, subrayando que los ataques contra su esposo forman parte de un patrón de represión que busca debilitar a la oposición venezolana.
El líder opositor, exiliado en España tras las elecciones de 2024, respaldó públicamente las denuncias de su hija y exigió respuestas inmediatas ante lo que calificó como un grave vicio jurídico y una extorsión para forzar decisiones políticas.
Condena en medio de excarcelaciones parciales de presos políticos
La denuncia de Mariana se produce en medio de un proceso de excarcelaciones parciales de presos políticos en Venezuela, verificado por organizaciones independientes como Foro Penal, que al 18 de enero de 2026 había confirmado 143 excarcelaciones de presos políticos desde el 8 enero. Aun así, cientos siguen detenidos, especialmente en juicios considerados irregulares por defensores de derechos humanos.
Mariana González pudo ver a su esposo por primera vez en más de un año a mediados de enero de 2026, durante una breve visita en la cárcel El Rodeo I, en el estado Miranda. Sin embargo, no ha habido avances en su liberación, lo que mantiene en vilo a su familia y amplia el reclamo de justicia en un caso que simboliza las violaciones de derechos humanos y el uso de la justicia como arma política en Venezuela.
Fuente: El País