La publicación del decreto de Estado de Conmoción Exterior en la Gaceta Oficial abrió una nueva y grave fase de la crisis política e institucional en Venezuela. La medida, adoptada tras la captura del dictador Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos y su traslado a Nueva York, amplía de manera extraordinaria las facultades del régimen chavista, militariza sectores estratégicos y habilita la suspensión de derechos fundamentales.
El decreto, fechado el sábado y difundido oficialmente este lunes, fue firmado por Maduro y refrendado por la dirigente chavista Delcy Rodríguez, quien ejerce el control del Ejecutivo tras la detención del dictador. La norma tiene rango de ley, una vigencia inicial de 90 días y prevé una prórroga automática por un período idéntico, lo que podría extender el estado de excepción hasta seis meses.
Orden de capturas y persecución política
Uno de los ejes más alarmantes del decreto es la orden directa a los cuerpos de seguridad para detener a ciudadanos acusados de respaldar la acción militar estadounidense. El texto instruye a las policías nacionales, estadales y municipales a “la búsqueda y captura inmediata en todo el territorio nacional” de cualquier persona señalada por el régimen como promotora o colaboradora del operativo contra Maduro.
Esta disposición institucionaliza la persecución política, habilitando arrestos arbitrarios bajo criterios amplios y discrecionales, en un país con un largo historial de detenciones sin debido proceso, torturas y desapariciones temporales documentadas por organismos internacionales de derechos humanos.
Militarización de la economía y los servicios públicos
El decreto ordena además la militarización de infraestructuras estratégicas, incluyendo servicios públicos, la industria petrolera y otras áreas clave de la economía. El personal que trabaja en estos sectores quedará “temporalmente sometido al régimen militar”, ampliando el control de las Fuerzas Armadas sobre la vida económica y social del país.
Asimismo, el Ejecutivo queda facultado para requisar bienes, intervenir instalaciones privadas y adoptar “cualquier otra medida” que considere necesaria para la defensa nacional, una cláusula abierta que refuerza el carácter discrecional y autoritario del régimen de excepción.
Suspensión de derechos y garantías constitucionales
Aunque el decreto afirma que se respetarán derechos como la vida y la libertad personal, reconoce explícitamente la posibilidad de restringir garantías constitucionales, entre ellas la libertad de reunión, manifestación y circulación. La Constitución venezolana establece que incluso en estados de excepción deben preservarse derechos intangibles como el debido proceso y la prohibición de la tortura, principios que el régimen ha violado sistemáticamente en el pasado.
Se trata de la primera vez desde la aprobación de la Constitución de 1999 que se activa formalmente el estado de conmoción exterior, lo que subraya la excepcionalidad del momento y el nivel de concentración de poder en manos del chavismo.
Narrativa de guerra y cohesión forzada
El decreto incluye un llamado a la población a asumir la defensa del país con “fervor patriótico”, reforzando la narrativa oficial de amenaza externa y apelando a una cohesión nacional forzada, utilizada históricamente por el régimen para justificar la represión interna y silenciar la disidencia.
Este endurecimiento se apoya en un entramado legal previo. En 2024, el chavismo aprobó una ley que castiga el apoyo a sanciones internacionales o a acciones consideradas de “daño extranjero”, con penas que incluyen inhabilitación política de por vida y confiscación de bienes. Bajo el régimen de excepción, estas normas adquieren un alcance aún mayor.
Sin contrapesos institucionales efectivos
Desde el punto de vista formal, el decreto podría ser revisado o revocado por la Asamblea Nacional o el Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, ambos poderes están controlados por el chavismo, lo que elimina en la práctica cualquier contrapeso efectivo frente a la ampliación de las atribuciones del Ejecutivo.
En este contexto, voces internacionales han advertido sobre el riesgo de una escalada represiva. El ex embajador estadounidense James Story señaló que figuras clave del régimen, como Diosdado Cabello, juegan un rol central en el sabotaje de cualquier intento de transición política.
Un escenario de mayor represión e incertidumbre
La entrada en vigor del estado de conmoción exterior redefine el equilibrio de poder en Venezuela y anticipa un período de fuerte restricción política y social, marcado por detenciones, militarización y suspensión de derechos. En un país ya golpeado por el colapso institucional y la represión sistemática, el decreto consolida un modelo de control basado en la fuerza y el miedo, cuyo impacto dependerá tanto de su duración como de su aplicación concreta en el territorio.
Fuente: Infobae