La mujer falleció sin poder ver a su hijo, detenido por pedir medicamentos para ella.
Yenny Lucía Barrios tenía cáncer: un linfoma no Hodgkin que avanzaba sin control. Sus riñones habían colapsado y necesitaba quimioterapia urgente. Pero aun en esa condición, tuvo que viajar desde Lara hasta Caracas cada mes —seis horas en carretera— para cumplir con una medida de presentación ante el tribunal. Nunca volvió a ver a su único hijo.
Entre los casi dos mil presos políticos tras las protestas postelectorales del 28 de julio de 2024, estaba Yenny. Fue detenida apenas tres semanas después de una cirugía mayor, en septiembre de 2024. El Fiscal Octavo Penal del estado Lara, Anderson Carmona, la acusó de terrorismo y de instigación al odio, basándose en la denuncia del dirigente del PSUV, José Alexander Gil Álvarez, director del Ipasme en Carora y teniente de la Milicia Bolivariana.
Barrios murió ayer, sin justicia y sin haber podido despedirse de su hijo.
Le suspendieron las quimioterapias
Tras ser detenida el 9 de septiembre de 2024, sus tratamientos fueron interrumpidos. Pasó 93 días en prisión, debilitándose rápidamente. Fue excarcelada el 11 de diciembre con medida de presentación que le exigía trasladarse cada mes a Caracas a firmar ante el tribunal.
Su defensa pidió que pudiera firmar en Carora o en Barquisimeto debido a su estado clínico. La solicitud fue negada.
El hijo que intentó salvarla, también preso
Diego Sierralta Barrios, su único hijo, era quien conseguía los medicamentos y la acompañaba en el proceso. El 22 de enero de 2025, desesperado por la falta de insumos médicos, publicó en redes que cambiaba un medicamento por otro que Yenny necesitaba. Fue detenido y acusado de “instigación al odio”.
Lo mantienen preso en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Pata e’ Palo, Barquisimeto. Desde ese día, madre e hijo nunca más se vieron.
Numerosas ONG solicitaron su liberación humanitaria para acompañar a su madre en la etapa terminal. El Estado ignoró todos los pedidos.
El fiscal del caso ahora pide asilo en Alemania
El fiscal que imputó a Yenny Barrios y al grupo de opositores, Anderson Carmona, salió de Venezuela con su familia y actualmente solicita asilo en Alemania.
La denuncia que originó todo
La acusación fue realizada por José Alexander Gil Álvarez, dirigente del PSUV y conductor de un programa radial en Venceremos, emisora ubicada dentro de la sede del partido en Carora.
Gil aseguró que, tras las protestas por el desconocimiento de la victoria de Edmundo González Urrutia en las presidenciales del 28J, un grupo de opositores rayó paredes, arrancó afiches de Nicolás Maduro y posteriormente incendió parte de la sede del PSUV.
Entre los señalados mencionó a un entonces alcalde, trabajadores judiciales y a Yenny Barrios, aportando incluso dirección y número telefónico. Pese a que no presentó pruebas directas, ni videos ni testigos que la ubicaran en los hechos, la fiscalía procedió a imputarla por terrorismo.
La última batalla
Barrios nunca dejó de luchar, pero la enfermedad avanzó más rápido que la justicia. La obligaron a presentarse en Caracas mientras sus órganos fallaban.
Murió sin haber sido condenada, sin sentencia firme y sin poder abrazar a su hijo.
Fuente: Infobae