ONGs denuncian un patrón de desapariciones forzadas de corta duración y arrestos arbitrarios sin acceso a abogados ni notificación a familiares. El régimen opera en la opacidad y silencia a quienes intentan informar.
La opacidad y el miedo se consolidan como parte del sistema de represión en Venezuela.
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) alertó este lunes sobre un aumento de detenciones ejecutadas por cuerpos de seguridad del régimen de Nicolás Maduro sin información oficial sobre los arrestos ni acceso a la defensa jurídica de los detenidos.
“Familiares y defensores desconocen el paradero y la situación jurídica de los arrestados. No hay notificaciones, ni comunicación, ni posibilidad de ejercer la defensa”, denunció la organización en la red social X.
Según JEP, en la última semana se han multiplicado los casos de desapariciones forzadas de corta duración y detenciones arbitrarias, ejecutadas por agentes que actúan sin orden judicial ni registro público, dejando a los afectados en total indefensión.
⚖️ Un patrón de represión estructural
El comunicado de la ONG subraya que estas prácticas representan “violaciones directas a los derechos fundamentales”, al vulnerar la libertad personal, el debido proceso, la integridad física y el derecho a la información de los familiares.
“Se ha negado el acceso a abogados y representantes de confianza, profundizando la inseguridad jurídica y la angustia prolongada por la opacidad estatal”, indicó la organización.
JEP recordó que la Constitución venezolana y los tratados internacionales de derechos humanos firmados por el país obligan al Estado a garantizar la notificación inmediata y veraz sobre toda persona detenida, así como su acceso a una defensa legal efectiva.
🕯️ Jóvenes detenidos por grabar cerca de una cárcel
Como ejemplo del deterioro judicial, la ONG documentó la detención de cuatro jóvenes trabajadores audiovisuales el pasado viernes en las inmediaciones del penal de Tocorón, en el estado Aragua.
Noel Cisneros, Katiuska Castillo Vásquez, Ingrid Briceño Venegas y Marcela Hernández Guerra fueron arrestados mientras grababan imágenes para un proyecto universitario de la Universidad Central de Venezuela.
Desde entonces, permanecen incomunicados y sus familias desconocen dónde están recluidos.
“Sus familiares recorren estaciones policiales y tribunales sin obtener respuestas. Este tipo de detenciones arbitrarias se repite cada vez con más frecuencia”, denunció también la ONG SurGentes, que acompaña el caso.
📰 Desaparición del periodista Joan Camargo
El clima de represión afecta igualmente a la prensa.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) denunciaron la desaparición del periodista Joan Camargo, quien fue interceptado por desconocidos en Caracas el jueves pasado y permanece desaparecido desde hace más de 80 horas.
La familia presentó un recurso de habeas corpus ante los tribunales, exigiendo conocer su paradero.
“Joan no aparece en ningún registro policial ni centro de detención. Cada hora que pasa sin respuesta agrava la violación de sus derechos”, advirtió el SNTP.
De confirmarse su detención, sería el periodista número 23 encarcelado en Venezuela, según los datos actualizados del gremio.
🚨 Cifras que revelan la magnitud del hostigamiento
El último boletín de Foro Penal contabiliza 875 presos políticos en el país, entre ellos opositores, activistas, sindicalistas y ciudadanos comunes acusados bajo cargos fabricados de conspiración o terrorismo.
Las organizaciones coinciden en que el régimen de Maduro mantiene un sistema de represión legalizada, donde la detención y la incomunicación se utilizan como herramientas de control político.
“Venezuela vive bajo un modelo de persecución institucionalizada, donde la ley sirve para silenciar y el miedo sustituye a la justicia”, concluyó Justicia, Encuentro y Perdón.
