¿Qué es el CONAS? Funciones y estructura
El Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) es una unidad élite de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) creada para combatir los delitos de secuestro y extorsión en Venezuela. Fue establecido oficialmente mediante la Gaceta Oficial Nº 40.140 del 4 de abril de 2013, adscrito al Segundo Comando y Jefatura de Estado Mayor de la GNB. Su misión declarada es prevenir, investigar y desarticular grupos delictivos organizados dedicados a la extorsión y el secuestro, brindando protección a las víctimas y sus familias.
En cuanto a su estructura organizativa, el CONAS está conformado por un Comando central (Estado Mayor) y 24 Grupos Antiextorsión y Secuestro (GAES) desplegados en cada uno de los 23 estados del país más el Distrito Capital. Cada GAES es una unidad operativa regional de la GNB especializada en este tipo de delitos. Además, la resolución de creación detalló divisiones internas encargadas de investigaciones penales, inteligencia, negociación, intervención táctica, análisis de información, doctrina y apoyo logístico, entre otras. Esta estructura multidisciplinaria busca dotar al CONAS de las capacidades técnicas y humanas para afrontar la delincuencia organizada de manera integral.
Funciones principales: El CONAS tiene la responsabilidad de llevar a cabo operativos de rescate de secuestrados, desmantelar bandas de secuestradores o extorsionadores, reunir evidencia criminalística y colaborar con el Ministerio Público en la judicialización de estos casos. También ejecuta programas de prevención, orientando a la ciudadanía sobre medidas antiextorsión, e implementa tecnología de punta para el rastreo de comunicaciones ilícitas. Formalmente, sus efectivos deberían ceñirse a combatir el secuestro y la extorsión en el marco de la seguridad ciudadana.
Sin embargo, con el paso del tiempo han surgido numerosas denuncias de que el CONAS ha excedido estas funciones y se ha visto involucrado en violaciones de derechos humanos y otros hechos ilícitos. A continuación, se documentan hechos relevantes y bien sustentados sobre esos señalamientos, con fechas, lugares, víctimas y posibles responsables.
Violaciones de Derechos Humanos atribuidas al CONAS
Uso excesivo de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales
Una de las denuncias más graves contra el CONAS es su presunta participación en ejecuciones extrajudiciales bajo la fachada de enfrentamientos. Un caso emblemático es la llamada Masacre de Cariaco (El Porvenir, Estado Sucre). El 11 de noviembre de 2016, nueve personas (seis integrantes de la familia Rodríguez y tres allegados) fueron asesinadas en la población pesquera de Cariaco. Posteriormente, el propio Ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, reconoció que en el hecho actuaron cinco efectivos del CONAS, quienes fueron detenidos y presentados ante la justicia. Los funcionarios –un teniente y cuatro sargentos de la GNB– fueron imputados por homicidio intencional, uso indebido de arma orgánica, robo agravado y asociación para delinquir. Entre las víctimas de Cariaco se contaban incluso menores de edad y todas se encontraban desarmadas, celebrando frente a su casa, según testimonios locales. La detención de estos cinco funcionarios del CONAS en 2016 evidenció la participación directa de miembros de la unidad en una masacre, lo que constituye una gravísima violación al derecho a la vida. Organizaciones de derechos humanos han señalado que el caso de Cariaco ilustra un patrón donde operativos oficiales son presentados como “enfrentamientos” que en realidad ocultan ejecuciones extrajudiciales de civiles.
Otro hecho documentado ocurrió en el estado Lara en 2021. El 27 de octubre de 2021, David José Mosquera (34 años) fue detenido de manera irregular por hombres armados de civil que se identificaron como miembros del CONAS en la localidad de Carora (Municipio Torres, Lara). Según el testimonio de su pareja, Mosquera fue golpeado frente a su hijo de 3 años, secuestrado en un vehículo no identificable y horas más tarde apareció muerto en el Puente Mauricie de esa localidad. Los funcionarios alegaron que la muerte ocurrió en un “enfrentamiento”, pero la familia denunció que fue torturado y ejecutado: tenía signos de tortura (lo habrían obligado a caminar descalzo sobre espinas y lo golpearon severamente) y finalmente recibió un disparo mortal de arriba hacia abajo. Este caso –conocido por la prensa local y documentado por PROVEA– apunta a una ejecución extrajudicial presuntamente cometida por efectivos del CONAS, seguida del encubrimiento típico de presentar a la víctima como caído en combate. La pareja de Mosquera continúa exigiendo justicia y la identificación de los responsables.
Torturas, tratos crueles y abusos a detenidos
Las acusaciones de tortura y malos tratos también han salpicado la actuación del CONAS, especialmente durante los primeros años de operación. Un nombre clave es el del General de Brigada (GNB) Alexis Enrique Escalona Marrero, quien fungió como comandante nacional del CONAS (en calidad de primer comandante que tuvo la unidad, desde su creación en 2013 y durante varios años). Escalona Marrero ha sido señalado por diversas fuentes como responsable de ordenar o permitir torturas contra detenidos bajo custodia del CONAS. De hecho, en octubre de 2019 el gobierno de Suiza sancionó a Alexis Escalona junto a otros seis agentes de seguridad venezolanos por ser responsable de serias violaciones a los DD.HH., incluyendo tortura, uso excesivo de la fuerza y maltrato de detenidos. Según el comunicado de las autoridades suizas, Escalona fue sancionado “por violar los Derechos Humanos de los detenidos en el CONAS y por reprimir a la sociedad civil”. Estas sanciones internacionales se basan en denuncias acumuladas desde las protestas antigubernamentales de 2014, durante las cuales el CONAS habría participado en la represión y tortura de manifestantes y presos políticos.
Un ejemplo mencionado en informes de ONG involucra a manifestantes de 2014: por ejemplo, la ONU y organizaciones nacionales recibieron denuncias de que detenidos de esas protestas fueron torturados en centros de detención, y algunos de esos actos habrían involucrado a unidades de la GNB como el CONAS bajo el mando de Escalona. Cabe destacar que el propio Escalona Marrero terminó siendo detenido en septiembre de 2019 por la contrainteligencia militar (DGCIM), aunque en su caso fue por acusaciones de corrupción (manejo irregular de bienes incautados al crimen organizado). No obstante, su historial en el CONAS dejó un rastro de denuncias de torturas, tratos crueles y violaciones sistemáticas de derechos humanos, por lo cual fue posteriormente sancionado también por la Unión Europea en 2020.
Es importante mencionar que otras denuncias de tortura dentro de operativos del CONAS han surgido de forma dispersa. Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado patrones de tortura en Venezuela que incluyen a varios cuerpos de seguridad; en dichos informes se menciona a la GNB (y por extensión a unidades como CONAS) como partícipe en algunos casos de tortura física y psicológica a detenidos políticos, especialmente durante estados de excepción o en operativos de seguridad ciudadana. Si bien el CONAS es una unidad especializada en secuestros, múltiples víctimas de detenciones arbitrarias relatan haber sido trasladadas a sedes del CONAS y sometidas a golpizas, asfixias simuladas y otros tratos crueles para obtener confesiones o información. Estos testimonios refuerzan las acusaciones de que la cultura institucional durante la gestión de comandantes como Escalona Marrero toleró métodos violatorios de la integridad personal.
Represión de protestas y detenciones arbitrarias de civiles
Aunque el CONAS no está diseñado como fuerza de control de orden público, existen registros de su involucramiento en operativos contra manifestantes y opositores políticos, especialmente en los últimos años. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DD.HH. y ONG venezolanas han expresado alarma por la abierta actuación de cuerpos élite como el FAES y el CONAS en la gestión de manifestaciones, señalando que no cuentan con competencia ni entrenamiento para tareas de orden público. Durante las protestas masivas de enero de 2019, por ejemplo, al menos 35 manifestantes fueron asesinados en todo el país en enfrentamientos con fuerzas de seguridad. PROVEA identificó que, si bien la mayoría de esas muertes fueron atribuibles a la policía FAES y a paramilitares, en varios casos efectivos del CONAS de la GNB estuvieron involucrados directamente en la represión violenta. Organismos de derechos humanos advirtieron que la intervención del CONAS en protestas pacíficas constituyó un factor de riesgo, ya que sus funcionarios carecen de formación en control de multitudes y actuaron con métodos de combate letal, lo cual “supone graves riesgos para la vida e integridad de los manifestantes”. Estas actuaciones fuera de su rol legal han sido consideradas una política deliberada del gobierno para usar unidades de choque contra la disidencia, con saldo de muertes y heridos.
El CONAS también ha sido implicado en detenciones arbitrarias de civiles por motivos políticos. Durante el año 2020, en el contexto del estado de alarma por la pandemia de COVID-19, se documentaron casos como el de Tania Rodríguez, ex trabajadora de la industria estatal Ferrominera del Orinoco. El 3 de abril de 2020, una patrulla del CONAS se presentó en su residencia en Puerto Ordaz (Estado Bolívar) con una supuesta orden judicial en blanco y la detuvo por haber reenviado un mensaje de WhatsApp crítico hacia Cilia Flores (esposa de Nicolás Maduro). Tania Rodríguez fue trasladada y posteriormente puesta en prisión domiciliaria, sin claridad de los cargos formales, en un evidente caso de criminalización de la libre expresión. Este hecho fue condenado por sindicatos y ONG, subrayando que no era competencia del CONAS arrestar a una civil por un mensaje en redes, y que se violó su debido proceso desde el inicio.
De manera similar, el periodista Eduardo Galindo Peña (director del medio Senderos de Apure) fue detenido el 15 de mayo de 2020 por una comisión conjunta de CONAS y GNB tras publicar un artículo crítico. Los funcionarios allanaron su vivienda sin orden, confiscaron sus equipos y detuvieron también a su esposa y a un familiar. Galindo fue liberado semanas más tarde con medidas cautelares, acusado de “instigación al odio” por informar sobre asuntos sensibles. Este patrón de usar al CONAS para amedrentar a periodistas, trabajadores y opositores se repitió en diversos estados durante 2020, pese a que tales acciones extralimitan las atribuciones legales del comando. Según PROVEA, al menos 85 detenciones por motivos políticos se registraron en los primeros dos meses de la cuarentena de 2020, varias de ellas ejecutadas por comisiones mixtas de la GNB y CONAS contra periodistas, médicos que denunciaban la situación sanitaria, trabajadores de empresas básicas y dirigentes locales. Estas detenciones arbitrarias suelen ir acompañadas de denuncias de trato cruel, incomunicación y fabricación de delitos (como la Ley contra el Odio) para justificar la prisión preventiva. Son violatorias de la libertad personal, de expresión y del debido proceso, y han sido ampliamente condenadas en informes de la Comisión Interamericana de DD.HH. y la ONU.
En resumen, el CONAS ha sido utilizado como brazo represivo en contextos ajenos a su mandato, lo que ha resultado en violaciones de derechos humanos. La indebida participación de sus efectivos en la represión de protestas pacíficas y en la persecución de disidentes constituye una desviación de sus funciones originales y ha dejado víctimas que van desde manifestantes asesinados hasta periodistas y trabajadores detenidos arbitrariamente.
Corrupción y delitos cometidos por miembros del CONAS
Irónicamente, algunos funcionarios del CONAS han incurrido en los mismos delitos que deberían combatir, socavando gravemente su legitimidad. Un caso reciente y escandaloso ocurrió en mayo de 2025: Ocho miembros del CONAS (algunos activos y otros exfuncionarios) fueron detenidos por secuestrar a un empresario en el estado Lara y exigir un rescate de 1 millón de dólares por su liberación. La víctima estuvo 19 días en cautiverio hasta que su familia pagó parte del dinero y fue dejado en libertad. Investigaciones policiales permitieron capturar a estos efectivos implicados, a quienes se les incautaron explosivos y armas. En un giro aún más controversial, un alto vocero del gobierno (Diosdado Cabello) intentó presentar públicamente a estos detenidos como “mercenarios extranjeros” que planeaban sabotear las elecciones, pero la prensa verificó que eran los mismos nombres de los funcionarios del CONAS arrestados por secuestro. Entre los detenidos figuran un sargento supervisor del CONAS en Acarigua (Roger Sánchez Garrido) señalado de planificar el secuestro, y varios ex-CONAS implicados como cómplices. Este hecho demuestra un caso de corrupción interna gravísima: efectivos encargados de combatir secuestros terminaron convirtiéndose en secuestradores. Además de la flagrante violación a los derechos de la víctima (privación ilegítima de libertad, extorsión y posible tortura), el encubrimiento político inicial intentó desinformar sobre la naturaleza del caso, evidenciando la falta de transparencia. Finalmente, gracias a la presión pública, se confirmó la detención y procesamiento de los 8 funcionarios y 2 civiles involucrados. Este episodio ha generado profunda alarma, pues indica que sectores del CONAS pudieron desviarse hacia el delito organizado que debían reprimir, seguramente amparados en la impunidad.
No es un caso aislado. En años anteriores también se reportaron situaciones similares a menor escala: por ejemplo, en 2018 dos efectivos del GAES Bolívar fueron detenidos por extorsionar comerciantes locales, y en 2022 un oficial del CONAS en Zulia fue imputado por vender protección a bandas criminales. Estas conductas implican violaciones de derechos como la seguridad personal, la propiedad y la justicia de las víctimas, y reflejan la quiebra de la ética institucional. Los órganos de derechos humanos han enfatizado que la impunidad de violaciones previas (torturas, abusos) crea el caldo de cultivo para que algunos funcionarios desvíen las capacidades del CONAS hacia fines delictivos. Aunque la Fiscalía ha actuado en ciertos casos (como Cariaco 2016 o Lara 2025), persiste la preocupación de que muchos abusos no se investigan debidamente y los responsables no siempre reciben sanciones proporcionales.
Responsables y mandos clave del CONAS a lo largo del tiempo
A lo largo de su existencia, el CONAS ha estado liderado por varios oficiales de alto rango de la GNB. A continuación se identifican sus principales comandantes nacionales y otros funcionarios relevantes, junto con su período aproximado de gestión y señalamientos asociados:
- G/B Alexis Enrique Escalona Marrero: Primer comandante nacional del CONAS (2013 – c.2017). Bajo su jefatura se creó y organizó el comando. Escalona Marrero posteriormente ocupó la jefatura de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada (2018) y fue arrestado en 2019 por corrupción. Ha sido señalado como uno de los principales responsables de violaciones de DD.HH. del CONAS en sus inicios, incluyendo torturas a detenidos políticos en 2014. Fue sancionado por Suiza y la Unión Europea en 2019-2020, explícitamente por participación en torturas y represión cuando dirigía el CONAS.
- G/D Hernán Enrique Homez Machado: Comandante del CONAS aproximadamente entre 2017 y 2020. Figura de confianza dentro de la GNB, recibió condecoraciones durante su gestión al frente del CONAS. Bajo su mando ocurrieron eventos como la masacre de Cariaco (2016, cuyo procesamiento se dio en 2017) y la respuesta a las protestas de 2019. En octubre de 2020 dejó el cargo para asumir como Inspector General de la GNB. No enfrenta sanciones públicas conocidas, pero como máxima autoridad del CONAS durante operativos polémicos, se le considera institucionalmente responsable de lo ocurrido en ese periodo.
- M/G Juvenal José Fernández López: Comandante del CONAS desde el 20 de octubre de 2020 hasta julio de 2021. Asumió tras salir Homez Machado, y pocos meses después fue ascendido a Comandante General de la GNB (julio 2021 – julio 2023). Durante su breve gestión en el CONAS, continuó la línea dura contra la delincuencia organizada, pero también ocurrieron abusos en contexto de cuarentena (varios casos de detenciones arbitrarias en 2020-21). No ha sido implicado directamente en casos de tortura o corrupción personal. Su perfil público es el de un oficial “operativo”. Como Comandante General de la GNB, avaló públicamente la desmovilización de la Guardia del Pueblo en 2022, integrando esos efectivos a otras unidades.
- G/D (General de División) Denny (Dennis) Ramón Ferrer Sandrea: Actual Comandante Nacional del CONAS desde mediados de 2021 a la fecha (2023/2024). Bajo su mando recayó la investigación interna del reciente escándalo de secuestro en Lara 2025. Hasta ahora no ha trascendido públicamente su involucramiento en violaciones de derechos humanos, pero lleva la responsabilidad de corregir los patrones abusivos heredados. Ferrer Sandrea ha enfatizado en discursos la “lucha frontal contra las mafias” y la depuración interna. Sin embargo, organismos independientes advierten que los problemas estructurales de impunidad y obediencia a órdenes políticas podrían limitar cualquier reforma real bajo su liderazgo.
- Otros funcionarios clave: A nivel regional, cada Grupo Antiextorsión y Secuestro (GAES) es comandado por un oficial superior (general, coronel o mayor). Algunos de ellos han sido involucrados en casos locales. Por ejemplo, en la Masacre de Cariaco se investigó la posible complicidad del comandante del GAES Sucre (un mayor de la GNB), quien presuntamente tenía antecedentes por abuso de autoridad según denuncias de la prensa. Asimismo, nombres como el Mayor Alexander Granko (de la DGCIM pero cooperante en operativos CONAS) y el Teniente Coronel José Madrid (exjefe del GAES Anzoátegui) aparecen en reportes de ONG como responsables de violaciones en ámbitos conjuntos de seguridad. Si bien no todos estos nombres son de dominio público, los mandos zonales del CONAS tienen responsabilidad directa en los operativos de sus jurisdicciones y, por ende, en los abusos o buenas prácticas que de allí se deriven.
En conclusión, el CONAS nació como una unidad élite contra secuestros y extorsiones, pero su historial operativo evidencia un preocupante involucramiento en violaciones de derechos humanos. Casos de ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones arbitrarias y hasta delitos cometidos por sus propios efectivos han sido documentados por organizaciones de derechos humanos y prensa independiente. Estas violaciones rara vez han sido esclarecidas totalmente ni sancionados todos los responsables, lo cual ha generado señalamientos de impunidad. Los comandantes del CONAS a lo largo del tiempo –desde Alexis Escalona hasta Dennis Ferrer– cargan con la responsabilidad institucional de estos hechos. Diversos organismos nacionales e internacionales (Provea, Human Rights Watch, la Misión de la ONU, CIDH, entre otros) han instado al Estado venezolano a investigar y depurar al CONAS, garantizar justicia a las víctimas e impedir que esta unidad continúe operando por fuera de los marcos legales. Solo restaurando la disciplina, la subordinación a la ley y la transparencia podrá el CONAS cumplir su misión original sin ser fuente de nuevas violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
Fuentes: Este informe se basó en documentos oficiales, informes de derechos humanos y reportajes de investigación. Se han citado, entre otras, resoluciones de creación del CONAS, comunicados de PROVEA, noticias de prensa nacional (Efecto Cocuyo, NTN24) que revelan casos concretos, y reseñas de organizaciones internacionales como la ONU y la CIDH. Cada hecho descrito está respaldado por fuentes confiables, tal como se indica en las referencias adjuntas.