La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó nuevas evidencias sobre la crisis democrática en Venezuela.
Durante una reciente sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ratificó que el régimen de Nicolás Madurooculta los resultados de las elecciones del 28 de julio de 2024 —en las que habría resultado electo Edmundo González Urrutia— y mantiene un sistema de represión ilegal sostenido para perpetuarse en el poder.
La presentación estuvo a cargo de Gloria Monique de Mees, relatora para Venezuela de la CIDH, quien expuso un informe detallado de cinco páginas que documenta la persistente violación de derechos humanos, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, represión a la disidencia y ausencia total de transparencia electoral.
Fraude y ocultamiento electoral
Uno de los puntos más graves señalados por la CIDH es que, más de un año después de las elecciones, el Consejo Nacional Electoral (CNE) sigue sin publicar las actas necesarias para verificar los resultados.
“Esta negativa viola la legislación venezolana y estándares internacionales. Priva a los ciudadanos del derecho a conocer el destino real de su voto y socava la credibilidad de todo el proceso electoral”, señala el informe.
Represión como política de Estado
El informe denuncia que el régimen ha respondido a las protestas pacíficas con violencia y represión sistemática:
Más de 2.000 personas fueron detenidas tras las manifestaciones postelectorales, según declaró el propio Maduro.
Al menos 25 personas murieron durante la represión, 24 de ellas por heridas de bala en la cabeza y el torso.
Cientos de adolescentes fueron detenidos, muchos en barrios vulnerables, en operativos conocidos como “Operación Tun Tun”.
Numerosos periodistas y profesionales de medios también fueron arrestados arbitrariamente.
A la fecha, no hay justicia, ni investigaciones efectivas ni rendición de cuentas por estas muertes y detenciones.
Muchos de los arrestados siguen recluidos sin acceso a abogados ni contacto con sus familias, en condiciones que podrían constituir tortura.
“La Comisión ha advertido durante años sobre el colapso democrático en Venezuela. Hoy se constata un Estado que silencia a la oposición, reprime la disidencia y usa el sistema judicial para consolidar su poder”, concluyó Mees.
Denuncia de Argentina por desaparición de ciudadano
Durante el debate posterior a la presentación de la CIDH, Carlos Cherniak, embajador argentino ante la OEA, denunció la desaparición forzada del ciudadano argentino Nahuel Gallo, vista como parte de un patrón sistemático.
“Cuando la desaparición forzada es una política sistemática, el crimen no termina con la desaparición: comienza y se prolonga mientras no haya justicia”, afirmó Cherniak.
Y agregó:
“Queremos poner nombre y apellido a cada víctima. Nahuel Gallo no es una estadística. Es una persona, con familia y derechos”.
Condena internacional y silencios elocuentes
Tras la exposición, representantes de Costa Rica, Estados Unidos, Canadá, Paraguay, Perú, Guatemala y Ecuador expresaron su rechazo al accionar del régimen venezolano. En contraste, México, Colombia y Bolivia eligieron no pronunciarse. La delegación de Brasil, bajo el liderazgo de Lula da Silva, evitó condenar al régimen apelando al principio de no injerencia.
Este contraste diplomático refleja la división regional ante una situación que para la CIDH ya no es simplemente política: es una crisis profunda de derechos humanos y de legitimidad institucional.
