El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció un preocupante “desbordamiento represivo” por parte del Estado venezolano, tras la reciente detención de al menos cinco economistas en el país, en un contexto de creciente criminalización de voces críticas al manejo económico.
Durante una rueda de prensa ofrecida en la Universidad Central de Venezuela (UCV), Marino Alvarado, coordinador de Exigibilidad Legal de Provea, confirmó que tres de los economistas continúan privados de libertad, mientras que dos han sido liberados. “Estamos acompañando a las familias de algunos de los detenidos. Nos preocupa profundamente esta situación”, declaró Alvarado, quien optó por no identificar a los afectados por razones de seguridad.
Uno de los casos más emblemáticos es el del exministro de Finanzas Rodrigo Cabezas, detenido el pasado jueves en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia. Cabezas fue citado a la sede de la empresa estatal Corpoelec tras denunciar públicamente un corte de electricidad en su residencia, según informó el Comité por la Libertad de los Presos Políticos. Desde entonces, permanece detenido sin que se hayan precisado los cargos en su contra.
Alvarado advirtió que esta ola represiva busca silenciar cualquier crítica sobre la situación económica y social del país. “No quieren que se informe, no quieren que se analice, no quieren que se entienda lo que está ocurriendo en Venezuela. Así no puede funcionar un país”, sostuvo.
Por su parte, el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), entidad independiente conformada por economistas y académicos, emitió un comunicado en el que subraya que “no constituye un delito elaborar y difundir cifras de precios ni sus análisis”, en respuesta a la creciente criminalización de profesionales dedicados a producir información económica.
El OVF también denunció, días antes, el hostigamiento sistemático a quienes recolectan y difunden datos clave para comprender la realidad del país, aunque evitó referirse a casos específicos. En su último informe, publicado el 9 de junio, la organización reportó que Venezuela registró una inflación del 26 % en mayo, impulsada principalmente por un incremento del 25 % en el valor del dólar durante ese mes.
En contraste, el Banco Central de Venezuela (BCV) ha dejado de publicar cifras oficiales de inflación desde noviembre de 2024, lo que agrava la opacidad en torno a los indicadores económicos nacionales.
El régimen de Nicolás Maduro también rechazó recientemente las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que anticipan una contracción del PIB real venezolano del 4 % en 2025 y del 5,5 % en 2026. La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, desestimó estas estimaciones a través de su canal de Telegram, calificando al FMI como “un organismo errático que se presta para la agresión económica mundial”.