Hernán Alberro, Senior Fellow del Programa de Latinoamérica de Victims of Communism Memorial Foundation.
Es sabido que en los países europeos, y en buena parte del mundo político contemporáneo el doble rasero ha sido un estándar. Las reacciones de Europa ante las más recientes sanciones de Estados Unidos hacia el petróleo venezolano son una muestra más.
Estados Unidos acaba de implementar una serie de sanciones y aranceles dirigidos a empresas que comercializan petróleo venezolano. Estas medidas incluyen la revocación de permisos para exportar crudo desde Venezuela a compañías como la española Repsol, la italiana Eni y la estadounidense Global Oil Terminals, quienes deben cesar sus operaciones en el país sudamericano antes de finales de mayo de 2025. Además, el presidente Donald Trump ha anunciado la imposición de un arancel del 25% a los países que compren petróleo venezolano, medida que entró en vigor el 2 de abril de 2025.
La reacción de los líderes europeos, especialmente los más afectados como el gobierno español ha sido de criticar esta medida y amenazar con medidas retaliatorias además de cuestionar la legalidad de la decisión en el ámbito del comercio internacional. Bruselas está preparando una respuesta a los aranceles estadounidenses, considerando que estas medidas perjudican tanto a empresas como a consumidores europeos.
Por si la reacción no es lo suficientemente clara, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que “el Gobierno de España va a defender los intereses de Repsol y de cualquier empresa española”.
Es cierto, para Repsol esta medida estadounidense podría implicar la pérdida de 500 millones de euros, mucho dinero. Casi un tercio de su propio beneficio anual en 2024 y la podría dejar con un beneficio neto apenas por encima de los mil millones de euros. Esto podría impactar sobre el empleo y obviamente sobre los accionistas de esta y las otras empresas afectadas. Pero…
¿Y la democracia? ¿Y los derechos humanos de los venezolanos? A Europa y al gobierno español les encanta hablar de derechos humanos, claro, siempre que no afecte sus intereses económicos. O quizás piensen que la mejor manera de ayudar los pueblos oprimidos de Venezuela y también de Cuba, sea explotarlos. El caso de Cuba resulta paradigmático. Al tiempo que primero el gobierno de Fidel Castro, luego Raúl Castro y ahora Miguel Diaz Canel aumentan sus niveles de represión y llenan las cárceles de personas inocentes, empresas españolas han ido invirtiendo en hoteles a través de acuerdos obligatorios con la dictadura que gestiona los salarios de los cubanos, quienes reciben una mínima parte de lo que les corresponde. Según palabras de un informe publicado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, la situación de los trabajadores cubanos es ‘humillante’ y ‘no sería aceptable’ ni en España ni en la Unión Europea. Sin embargo, a nadie en Europa o España se le mueve un pelo. Negocios son negocios.
La actual situación en Venezuela es comparable. El régimen encabezado por Nicolás Maduro acaba de violar flagrantemente la decisión electoral de su pueblo, el cual votó masivamente por un cambio de gobierno. El fraude burdo, junto a las detenciones arbitrarias, las torturas denunciadas por todos los organismos de DDHH, la persecución política y la represión a las protestas son una clara muestra de lo que es capaz un régimen dictatorial.
Las recientes medidas de Donald Trump están orientadas a restringir el ingreso de dinero a las arcas venezolanas para así intentar reducir la capacidad de maniobra de Maduro. Puede que estas medidas no lleven inmediatamente a un cambio de régimen en Caracas pero al menos son un intento por lograrlo. Cabría preguntarse qué hace la Unión Europea, del gobierno español no se puede esperar mucho, para lograr el mismo objetivo ¿negocios?