La presidenta de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Venezuela*, Marta Valiñas, asegura que el Estado venezolano se ha cerrado paulatinamente al diálogo con los países del entorno, incluyendo a naciones como Brasil y Colombia, así como con la Unión Europea. En entrevista con Noticias ONU desde Portugal, la experta explicó cómo ha evolucionado la situación de derechos humanos en el país a raíz de la toma de posesión de Nicolás Maduro para su tercer mandato presidencial.
“Compromisos que no se cumplen”
Valiñas recordó que Venezuela tiene obligaciones internacionales por ser parte del Sistema de Naciones Unidas y del sistema regional de protección de los derechos humanos, pero lamentó que tales compromisos no se estén respetando.
“Lo que observamos es que el Gobierno venezolano cada vez se aparta más de estos espacios multilaterales de protección de derechos humanos y se cierra al diálogo con países que antes mantenían cercanía geográfica e ideológica, como Brasil y Colombia, así como con la Unión Europea”.
Falta de diálogo y descalificaciones
La presidenta de la Misión señaló que los ataques verbales desde el Gobierno venezolano hacia altos representantes de la ONU, incluido el Secretario General y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, reflejan esta tendencia de “falta de diálogo”.
“Nos preocupa que la actitud de las autoridades venezolanas agrave la vulnerabilidad de la población en el país y dificulte nuestra labor de denuncia, investigación y documentación de lo que allí sucede”.
Restricciones y contacto con la población
Aunque el Gobierno no ha autorizado la entrada de la Misión a territorio venezolano, Valiñas subrayó que mantienen comunicación regular con personas y organizaciones de derechos humanos que permanecen dentro o fuera de Venezuela.
“Seguimos trabajando con quienes están en el país, y también con quienes se vieron obligados a marcharse por la represión. Las detenciones arbitrarias y los señalamientos a defensores de derechos humanos alcanzan niveles muy preocupantes”.
Entre los casos que la Misión monitorea se encuentran los de activistas como Carlos Correia, Rocío San Miguel y Javier Tarazona, quienes han sido encarcelados simplemente por continuar con su labor.
Rendición de cuentas y cooperación internacional
En octubre de 2024, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU decidió prorrogar el mandato de la Misión por dos años, lo que le permitirá continuar investigando los sucesos ocurridos antes, durante y después de la reelección de Nicolás Maduro. El objetivo es identificar la posible responsabilidad de los cuerpos de seguridad y de las autoridades venezolanas en crímenes y violaciones de los derechos humanos.
Valiñas recordó que la Corte Penal Internacional también examina el caso venezolano, y expresó su esperanza de que dicho proceso conduzca a la rendición de cuentas de “actores clave” implicados en violaciones.
“Este tipo de situaciones requiere una respuesta coordinada de diferentes actores internacionales y un respaldo firme a la sociedad civil venezolana, que continúa trabajando con gran coraje en medio de riesgos y amenazas”.
* En septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas estableció la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela por un año, con la finalidad de evaluar presuntas violaciones de derechos humanos cometidas desde 2014. La Misión presentó su último informe anual en septiembre de 2024 y, mediante la resolución 57/36, se amplió su mandato por dos años más, hasta octubre de 2026.