Está disponible para descargar el informe “REPORTE SOBRE LA REPRESIÓN EN VENEZUELA. JULIO , AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024. SITUACION PRE Y POSTELECTORAL“, publicado por el Foro Penal.
Resumen
La situación de los derechos humanos en Venezuela ha alcanzado un punto crítico tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que Nicolás Maduro fue declarado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Este resultado fue cuestionado tanto por la oposición como por amplios sectores de la ciudadanía, quienes denunciaron fraude electoral y exigieron transparencia en el proceso. La respuesta gubernamental fue una intensificación sin precedentes del aparato represivo del Estado.
Un clima de protesta y represión
Las protestas comenzaron el mismo 29 de julio, tras el anuncio de los resultados, y se intensificaron durante las semanas posteriores. La oposición, liderada por María Corina Machado, publicó las actas que demostraban la victoria del candidato opositor Edmundo González Urrutia. Frente a este panorama, el gobierno de Maduro implementó medidas de seguridad calificadas por organismos internacionales como represivas.
El 30 de julio, Maduro anunció en cadena nacional el despliegue de un “plan especial” de seguridad, en coordinación con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y fuerzas policiales. Este plan incluyó el uso de la aplicación “VenApp” para denunciar supuestos grupos criminales, y lo que él mismo llamó “Operación Tun Tun”, dirigida contra manifestantes. El Ministerio Público confirmó la detención de 749 personas en los primeros días tras las elecciones, acusadas de delitos como instigación pública y, en los casos más graves, terrorismo.
Cifras alarmantes de detenidos y víctimas
Entre julio y septiembre de 2024, se verificó la detención de 1.848 personas por motivos políticos, según el Foro Penal. Este número incluye 18 personas con discapacidad, de las cuales 16 permanecen privadas de libertad, y 18 miembros de comunidades indígenas. Además, al menos 24 manifestantes habrían sido asesinados, según datos de Human Rights Watch.
Las condiciones de los detenidos han generado preocupación entre organismos internacionales. Las denuncias incluyen incomunicación, imposición de defensores públicos, y traslados arbitrarios a cárceles de máxima seguridad como Tocorón y Tocuyito, sin informar a las familias sobre el paradero de los detenidos.
Advertencias de la comunidad internacional
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, emitió un comunicado el 13 de agosto, advirtiendo que las detenciones arbitrarias y el uso desproporcionado de la fuerza en Venezuela alimentan un clima de miedo y limitan gravemente los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica.
Por su parte, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela denunció en su informe del 17 de septiembre un deterioro acelerado del estado de derecho tras las elecciones. El informe señala que el gobierno de Maduro ha intensificado el uso del aparato represivo para silenciar críticas, oposición y disidencia.
Un panorama incierto
Mientras se redacta este reporte, el Foro Penal continúa recibiendo denuncias y actualizando su base de datos. Sin embargo, muchos familiares temen represalias, lo que dificulta la documentación completa de los casos.
La escalada represiva en Venezuela deja al descubierto la creciente vulnerabilidad de la población frente a un sistema que utiliza el poder judicial y las fuerzas de seguridad como herramientas para sofocar el descontento social. Ante este panorama, la comunidad internacional enfrenta el reto de aumentar la presión sobre el régimen venezolano para garantizar el respeto a los derechos humanos y el restablecimiento del estado de derecho.