El 2024 quedó registrado como un año de represión sin precedentes en Venezuela. Desde la última semana de julio, coincidiendo con las elecciones presidenciales celebradas el día 28, los cuerpos de seguridad del Estado intensificaron su accionar en contra de la disidencia, aplicando medidas arbitrarias que restringieron derechos fundamentales y, en algunos casos, atentaron contra la vida de los ciudadanos, según registró el reporte anual del Foro Penal.
Detenciones masivas y desapariciones forzadas
Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024, se registraron dos fases diferenciadas en cuanto a detenciones por motivos políticos. Antes de las elecciones, entre el 1 de enero y el 27 de julio, se documentaron 181 detenciones. Sin embargo, tras los comicios, el número de arrestos escaló dramáticamente, alcanzando la cifra de 2.062 personas detenidas en solo cinco meses.
Las protestas masivas que estallaron en rechazo a los resultados electorales, que otorgaron la victoria a Nicolás Maduro según el Consejo Nacional Electoral (CNE), fueron respondidas con represión por parte de las fuerzas de seguridad. Las detenciones incluyeron a mujeres, adolescentes, personas con discapacidad y ciudadanos con problemas graves de salud.
Uno de los patrones más alarmantes documentados en este periodo fue el uso de la desaparición forzada como un mecanismo de intimidación y castigo. Al menos 43 personas permanecían en desaparición forzada al cierre del año, de las cuales 19 eran ciudadanos extranjeros. Esta práctica, además de violar el derecho internacional, impide el acceso a la defensa legal y vulnera la presunción de inocencia de los detenidos.
Ejecuciones y muertes bajo custodia
Según datos aportados por Human Rights Watch, al menos 24 personas fueron asesinadas durante el periodo poselectoral en el contexto de las manifestaciones y la represión estatal.
También se verificaron tres muertes bajo custodia en distintos centros penitenciarios del país, incluyendo el Internado Judicial de Carabobo (Tocuyito), el Centro Penitenciario de Aragua (Tocorón) y el Centro Penitenciario Yare III en el estado Miranda. Todas las víctimas eran hombres que habían sido arrestados tras las elecciones.
Excarcelaciones y procesos judiciales abiertos
A pesar del aumento de detenciones, a finales de 2024 se registraron algunas excarcelaciones. Al menos 432 adultos y 173 menores de edad fueron liberados en diciembre, aunque todos continúan con procesos penales abiertos y bajo medidas cautelares.
La cifra total de presos políticos al cierre del año asciende a 1.794 personas, entre ellas tres menores de edad.
Represión sistemática y persecución selectiva
El Estado venezolano mantuvo durante 2024 una política de represión selectiva contra ciudadanos, activistas y opositores. En marzo, la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional rechazó una apelación del gobierno de Maduro para frenar las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad en el país, permitiendo que la Fiscalía de la CPI continuara su proceso.
A mediados del año, al menos 32 presos políticos fueron trasladados arbitrariamente a centros penitenciarios de máxima seguridad, alejados de sus familias y abogados.
Entre febrero y julio, el gobierno intensificó la persecución contra estructuras vinculadas con la oposición. Se reportaron sanciones y allanamientos a seis hoteles, seis restaurantes y dos viviendas privadas, vinculadas a las actividades políticas de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.
Restricción de libertades y nuevas leyes represivas
El 15 de noviembre de 2024, entró en vigor la “Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines”, que restringe la actividad de las ONG en el país. Esta medida fue criticada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien instó al gobierno venezolano a no adoptar leyes que socaven el espacio cívico y demócratico.
Asimismo, se aprobó la “Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela”. Esta normativa criminaliza cualquier solicitud de acción internacional contra el Estado venezolano, sus funcionarios o aliados, limitando aún más la posibilidad de denunciar violaciones de derechos humanos.
El 2024 fue un año de intensificación de la represión política en Venezuela. La respuesta del Estado ante la oposición y la disidencia ha incluido detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y nuevas legislaciones restrictivas.
La comunidad internacional sigue observando con atención la situación del país, mientras organismos de derechos humanos continúan documentando y denunciando las violaciones ocurridas. La lucha por la democracia en Venezuela enfrenta una escalada de represión que, lejos de menguar, parece consolidarse como una estrategia política de control por parte del gobierno de Nicolás Maduro.